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Federico Muller
Federico Muller
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22 Mayo 2020 04:00:00
La riqueza, a escudriño del Estado
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Con las recientes declaraciones del dirigente del partido en el poder (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, que con cierto desparpajo decía que es menester investigar la riqueza de las personas en el país, su intervención dejó un mal sabor de boca entre la clase empresarial, inclusive también en el contexto político, por lo que hasta el mismo Primer Mandatario las desestimó. Inmediatamente vino a la memoria de muchos la trayectoria no muy profesional y poco ética del también exdirigente del movimiento barzonista.

El presidente interino de Morena justificaba su propuesta al decir que si existía una dependencia en México (Coneval), que mide los indicadores de pobreza y a la vez evalúa el impacto que tienen los programas sociales dirigidos a las capas económicas menos favorecidas, en congruencia con ello debería hacerse algo similar con la población ubicada en los estratos más altos en percepción de ingresos. El citado personaje, además, señalaba que el Inegi debe ser el responsable de llevar adelante esta tarea, a través del acceso a las cuentas del SAT, y así obtener información, que es confidencial, y con ella turnarla a la Secretaría de Hacienda, para que elabore políticas públicas; además de que se podría construir un nuevo padrón de ricos, que entre otras cosas permita gravar impuestos progresivos, es decir, tener un cobro equitativo de las tributaciones o que el que perciba más ingresos, que pague más impuestos.

Aclaraba que al indagar el patrimonio de los mexicanos, de ninguna manera se atentaba contra la secrecía de la información, ni se vulneraba la identidad de las personas favorecidas con mayores recursos económicos, y mucho menos el Estado se convertiría en un gendarme de las posesiones de los ciudadanos. Las opiniones vertidas reflejan sin duda alguna el sentir de un grupo de diputados y senadores de ese partido (Morena), que pretenden una mayor intervención del Gobierno en las actividades económicas que llevan a cabo los ciudadanos, como sucedía hace varias décadas en este país.

Y las últimas frases, en esa entrevista, de Alfonso Ramírez, afirman lo anterior. Después de la debacle económica a causa del Covid-19, se pretende que no suceda lo de antaño, sino que pase lo que vivieron Estados Unidos y Europa después de la Gran Depresión, con la creación del estado de bienestar, administrado por los gobiernos en turno. Se sigue pensando en experiencias del pasado, en cómo revivirlas y ponerlas a funcionar en este sexenio, que se nutre de recuerdos, pero que no vislumbra políticas estratégicas contemporáneas. La multicitada propuesta no está fuera del microcosmos del Presidente y algunos miembros de su gabinete, que en palabras menos técnicas, se puede expresar coloquialmente así: quitar al que tiene riqueza, no importa si lo obtuvo por trabajo, herencia o ilegalmente, y repartirla entre los pobres. Estandarizar la pobreza.

La vía pacífica, casi la única, para llevar a cabo una redistribución del ingreso y la riqueza, es a través de la formulación de políticas fiscales con impuestos que lleven como objetivo la equidad y la eficiencia. De ninguna manera se genera riqueza con medidas draconianas de austeridad, despojando a los burócratas con puestos de alta jerarquía, de sus aguinaldos o congelándoles sueldos, o con frenos al gasto público, disfrazándolos de subejercicios. Esas medidas desde luego tienen un impacto sicológico en la población poco informada, y son rentables políticamente, electoreras, pero no es suficiente la honradez de los gobernantes, sino que deben tener otras habilidades que les permitan crear las condiciones para el crecimiento económico.

Una reforma fiscal es urgente, y adquiere mucho más relevancia ante la debacle económica que se avecina, que parece no importar a los que manejan las finanzas nacionales, que no tienen la capacidad para analizar la magnitud de la recesión o son serviles, al someterse incondicionalmente a la voluntad de su jefe, el Primer Mandatario de la nación. Usted dirá.
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