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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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17 Agosto 2019 04:00:00
Rosario y Ahumada, la telenovela continúa
La detención anoche en Buenos Aires de Carlos Ahumada Kurtz, por un presunto fraude fiscal a la Hacienda mexicana por 1 millón 400 mil pesos, revive viejos lodos de la política nacional, ahora en tiempos de la 4T.

Aunque la cifra de un supuesto incumplimiento de ISR por parte del empresario argentino, que no informó de una venta de un terreno al fisco, parece un tema menor, en realidad lo importante es el trasfondo político de esta captura y las repercusiones y los efectos que un posible regreso a México de Ahumada, en calidad de detenido, pudiera tener en estos momentos en otros casos judiciales en marcha por temas de corrupción, como el de su expareja sentimental Rosario Robles Berlanga.

De entrada, en medio de la lucha anticorrupción de López Obrador, con la acción directa y contundente de la Fiscalía General de la República (FGR), la detención y posible extradición a México de Carlos Ahumada, con la colaboración del Gobierno de Mauricio Macri, es un nuevo golpe mediático y político espectacular para la Cuarta Transformación, que además se produce a solo dos semanas del primer informe de Gobierno del Presidente, que no tendrá muchas cifras ni datos duros para presumir, con obras públicas detenidas, una economía en caída y una inseguridad creciente, pero sin duda llegará a su primer ejercicio de rendición de cuentas ante la sociedad y el Congreso, con una popularidad que vuelve a repuntar, producto de las detenciones, juicios y órdenes de aprehensión en contra de personajes de primer nivel de los sexenios anteriores.

Ahumada no vendrá a México, si es que lo traen, para responder por un impago de 1.4 millones en impuestos; si es extraditado y por segunda ocasión encerrado en una prisión mexicana –algo que debe ser toda una pesadilla para cualquiera y por supuesto para el argentino– llegará para otros objetivos que seguro forman parte de la inocultable estrategia política que se opera detrás de la fulminante actuación de la FGR y de su titular Alejandro Gertz Manero.

Un pez como Carlos Ahumada tal vez no tenga en este momento valor por sí mismo, ni siquiera por la tormentosa e intrincada relación que tuvo con Rosario Robles, pero sí por sus nexos políticos y económicos con otros personajes de primer nivel en los que tiene puesta la mira la 4T: el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su abogado, financiero y amigo, Juan Collado. Es ahí donde el argentino puede volverse una pieza clave para otras investigaciones en curso, como la del preso Collado, o para futuras acusaciones y expedientes contra Salinas.

EL SEDUCTOR Y LA JEFA DE GOBIERNO
Para entender cómo un personaje como Ahumada Kurtz, protagonista de los videoescándalos de 2004, encaja ahora en el rompecabezas de la lucha anticorrupción o los cobros de viejas facturas del lopezobradorismo, vale la pena remontarse al origen de la historia de romance, política y traiciones que volvió famoso al empresario galán de Córdoba, Argentina, que hoy podría volver al país donde se incrementó su fortuna, sus negocios y sus vinculaciones políticas.

Era el año 1999 cuando Carlos Ahumada conoció, por intermediación de Ramón Sosamontes, hoy solicitante de amparos, a Rosario Robles Berlanga, entonces dirigente nacional del PRD. Ahumada tenía ya varios años de hacer negocios en México, a donde llegó procedente de Argentina en los años 80 en busca de aumentar la fortuna que ya poseía. En los años 90 incursionó en el sector de las obras públicas a gobiernos como pavimentación, bacheo y edificaciones.

Fue así como se conectó con los gobiernos del PRD en la Ciudad de México, durante la Administración de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando empezó a trabajar con varias delegaciones, y cuando Rosario asumió la jefatura de Gobierno en sustitución de Cárdenas, la relación entre ambos se volvió más estrecha.

Por esas fechas, siendo Robles aún jefa de Gobierno, viajó a Berlín, a una gira de trabajo, durante la cual una noche, al llegar a la habitación del hotel donde se hospedaba, la encontró llena de rosas rojas. Carlos Ahumada había mandado inundar el cuarto de las aromáticas flores y había dejado una tarjeta en donde la invitaba a cenar esa misma noche. Ahí la empezó a seducir y Rosario, una mujer que venía de la izquierda y que estaba en la cúspide del poder, cayó rendida ante los encantos del carismático empresario argentino.

Llegó la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de Gobierno, junto con la tercera campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario se volvió una pieza clave para ambos políticos desde la Jefatura de Gobierno.

Como líder partidista, Robles no sólo acrecentó su estrella política, que había despegado al ser la primera mujer en gobernar el entonces Distrito Federal. En esa etapa, cuando su figura brillaba más que nunca, Rosario, junto con Sosamontes y Ahumada, comenzaron a formar un grupo político que miraba hacia el futuro no muy lejano del 2006: la Presidencia de la República con la primera mujer como candidata. Si ya había sido la primera gobernadora de la capital ¿qué le impedía ser la primera presidenta?

EL OTRO SEDUCTOR DE ROSARIO Y LA CONFRONTACIÓN CON AMLO
Pero la idea y el proyecto de “Rosario, presidenta”, no había nacido por generación espontánea ni por una ocurrencia. En el 2003, siendo dirigente perredista, Rosario Robles conoció a Juan Collado, el abogado personal de los políticos más encumbrados de México, comenzando por

Carlos Salinas de Gortari.
Collado era amigo de Carlos Ahumada y este los conectó a ambos, que a su vez llevaron a Robles con el expresidente Salinas. Por esas fechas hubo una cena en la casa de Salinas en el Bosque de Tlalpan en la que el exmandatario elogia a Rosario y le dice que ella puede hacer grandes cosas si se decide.

Se traza así todo un plan estratégico para posicionar a Rosario Robles como candidata presidencial, al mismo tiempo que se busca debilitar al único obstáculo que podía impedir el ambicioso proyecto: López Obrador.

Se armaron así los videos que Carlos Ahumada comenzó a sacar de su videoteca personal, junto con otro producto del seguimiento del Cisen a figuras como Gustavo Ponce, el ludópata secretario de Finanzas del Gobierno del DF, a quien grabaron jugando en Las Vegas.

En marzo de 2004, en el programa televisivo de Brozo, estallaron los ya célebres videoescándalos con René Bejarano, estelarizando el papel del “Señor de las Ligas” y Ahumada entregándole fajos de billetes que no le cabían en la maleta.

Rosario y Ahumada terminarían salpicados y su proyecto político exhibido y destrozado, luego de que, desde el Gobierno del DF, López Obrador iniciara una investigación para destapar lo que llamaría el “compló” en su contra, con los videos con los que intentaron frenar su carrera política ascendente. El argentino terminaría huyendo de México a refugiarse en Cuba.

Todavía después de que a Ahumada lo detuvieron y extraditaron desde La Habana y lo metieron al reclusorio en la Ciudad de México, Rosario llegó a visitarlo en varias ocasiones. Pero ante el embate judicial y político, la relación entre ambos terminaría y ella se diría “seducida y engañada” por el argentino preso y reconocería como un error la relación que sostuvo con él.

Defenestrada, Robles renunció al PRD y se tomó un tiempo fuera, hasta que después del 2005, su amigo el expresidente Salinas la recomendó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Ahumada, después de dos años en prisión, se regresó a Argentina y él y Rosario no volvieron a cruzar palabra hasta que en 2014, él reapareció en México para cobrarle una deuda de 520 millones de pesos. La osadía del argentino provocó la ira de Robles que no sólo negó la deuda sino que comenzó a defenderse de la “extorsión” de su antigua pareja. Pero Ahumada tenía un as bajo la manga: un pagaré en blanco que Rosario le había firmado en garantía, y con ese documento inició una demanda penal en Argentina.

Pero Rosario Robles ya tenía poder y en 2015, aprovechando un viaje que Ahumada hizo con su familia a Las Vegas, la secretaria pidió el apoyo de sus amigos en Gobernación y, en una escala que el avión del empresario hizo en México, Migración detuvo al argentino, junto con su familia, para informarle que había una denuncia penal en su contra en el país por presunta extorsión, de la que lo acusaba Rosario Robles Berlanga. Al final se le dejó marchar a Ahumada a Argentina.

Desde entonces nunca más se vieron ni cruzaron palabra la mexicana y el argentino. Hoy, que podrían volver a coincidir, ya no personalmente sino en su situación jurídica, toda esa historia de romance, intrigas, traiciones, venganzas y política, queda sólo como antecedente.

¿A que traería la FGR y el Gobierno de AMLO a Carlos Ahumada de regreso a México? ¿Lo van a extraditar realmente por 1.4 millones de pesos en impuestos? Todo indica que el empresario argentino, tal como lo fue en 2004, volverá a ser un peón y un alfil en una jugada de ajedrez que lleva ya casi 30 años y en donde los dos jugadores que mueven el tablero se llaman Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. La diferencia esta vez es que el tabasqueño parece tener preparado un jaque mate.
15 Agosto 2019 03:59:00
Meade, el miedo de la FGR y el juez Padierna
En el mismo fallo en el que decidió vincular a proceso a Rosario Robles, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna también le requirió a la Fiscalía General de la República que sea ella la que determine si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Desarrollo Social y excandidato presidencial del PRI, por las mismas condiciones imputadas a Robles, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público” en forma de omisión al no haber actuado ni sancionado los desvíos millonarios cometidos en la Sedesol, a pesar de que fue enterado de ellos.

De acuerdo con el fallo del Juez de Control del Reclusorio Sur, la decisión de proceder o no a acusar a Meade Kuribreña quedaría en manos del fiscal Alejandro Gertz Manero, aunque también podría ser la Auditoría Superior de la Federación, la que en su condición de víctima exija que se inicie una investigación contra el también exsecretario de Hacienda, que según el dicho de su antecesora Robles, conoció de los citados desvíos documentados por la ASF, durante el acto de entrega recepción de la Sedesol, y no interpuso la denuncia correspondiente. Por lo que no sólo Gertz Manero, sino también el auditor federal David Colmenares, tendría en sus manos la decisión de ordenar una investigación contra el consejero de HSBC.

En lo que respecta a Robles y la orden para que fuera encarcelada y se le dictara la prisión preventiva oficiosa, la tomó el juez por la petición de la Fiscalía, que dijo tener “temores fundados” de que la exsecretaria peñista se diera a la fuga, por las inconsistencias en sus comprobantes de domicilio, el que no tuviera un empleo fijo y otras formalidades que argumentaron los fiscales. La realidad es que la orden de que no se dejara a Rosario en libertad llegó de muy arriba y, fue concedida por el juez, ante el miedo que existía en la FGR y el Gobierno de AMLO, de que, igual que lo hizo en su momento Emilio Lozoya Austin, Robles intentara fugarse, a pesar de que ella misma le juró y perjuró al juez que no era su intención y que seguiría “dando la cara”.

Rosario pagó por el escape de Lozoya que tomó desprevenida a la Fiscalía porque cuando le dictaron las primeras órdenes de aprehensión por el caso de Agronitrogenados, el 29 de mayo pasado, el exdirector de Pemex tenía ya casi un mes de haber salido del país, según una versión difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su semanario Eje Central, en el que asegura que desde el 30 de abril pasado, Emilio Lozoya Austin abandonó el territorio mexicano, para refugiarse en Alemania, alertado por los malos tratos y las torpezas cometidas por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, en la investigación administrativa en su contra, que lo pusieron sobre aviso de que no tendría garantías si se quedaba a enfrentar las acusaciones.

Pero la obsequiosidad con la que se comportó el juez Delgadillo Padierna ante las peticiones de la FGR, ha hecho que también se resalte el parentesco familiar que este joven juzgador tiene con la morenista Dolores Padierna Luna, de quien es sobrino. Coincidentemente, el mismo juez, también lleva otros casos estratégicos para la Fiscalía y para la estrategia anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el caso contra el mismo Emilio Lozoya Austin y el de Carlos Ahumada, el empresario argentino que estuvo relacionado precisamente con Rosario Robles. Es decir, sin presuponer que eso afecte su calidad de juzgador, no deja de llamar la atención que un juez que es sobrino político de René Bejarano, sea quien haya ahora ordenado la prisión preventiva y la vinculación a proceso de Robles, confrontada política y judicialmente con el matrimonio Padierna-Bejarano, desde el caso de los videoescándalos y los financiamientos ilícitos de Carlos Ahumada a personajes del PRD durante la dirigencia de Rosario Robles.

El único guiño que ayer miércoles recibió Rosario, al despertar en el penal femenil de Santa Martha, fue la declaración del presidente López Obrador que desmintió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la existencia de una nueva investigación en contra de la exsecretaria por 800 convenios firmados con universidades públicas dentro de la misma Estafa Maestra. Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
14 Agosto 2019 03:52:00
Peñistas vs. peñistas, sálvese quien pueda
El jurista, filósofo y profesor, Hans Kelsen, decía en su Teoría del Derecho Puro, que “la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en la mano”, y así es como el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Fiscalía General de la República, está ejecutando las investigaciones y acusaciones de corrupción contra el sexenio pasado. El encarcelamiento ayer de Rosario Robles representa el primer golpe real en la estrategia de combate a la corrupción y el primer “logro contra la impunidad”, según lo definió el Presidente.

Con cuatro investigaciones emblemáticas: el caso Odebrecht, la Estafa Maestra, la compra de la Planta de Agronitrogenados y el lavado de dinero en la Caja Libertad la cuarta transformación ha comenzado a jalar los hilos de la enorme madeja de corrupción del gobierno anterior y tiene contra las cuerdas, sea en la cárcel o en calidad de prófugos de la justicia a personajes clave de la administración de Peña Nieto, desde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira, el abogado Juan Collado y la primera exsecretaria de Estado peñista en pisar la cárcel, Rosario Robles.

Y un primer efecto del embate judicial, resultado de la presión y la persecución que están ejerciendo contra los personajes investigados, es que en el que fuera hasta hace unos meses el grupo gobernante, los peñistas empiezan, en un intento por salvarse de la acción de la justicia, a acusarse unos a otros y a acusar varios de ellos al jefe político del grupo: el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya ocurrió ayer con Rosario Robles, que buscó un salvavidas y afirmó: Sí informé a mi sucesor en Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, y al mismo presidente Peña Nieto, a través de mensajes y comunicaciones por la llamada “línea roja”.

Pero Rosario no es la primera que apunta para arriba. Ya lo había hecho Lozoya, quien ha lanzado acusaciones a través de su abogado, Javier Coello, contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Muy distinto es el caso de Alonso Ancira, el dueño de AHMSA. Hay un dato muy bien documentado: que la mayor parte de los fondos que financiaron las “campañas negras” y los ataques contra el candidato presidencial de Morena en las elecciones de 2018, salieron de las cuentas personales de Ancira.

Y finalmente, el caso de Juan Collado, el abogado defensor de Carlos Salinas y de Peña Nieto. Su caso tiene un doble efecto: acusarlo de lavado de dinero por las transferencias que realizaba desde Caja Libertad, pero al mismo tiempo cortar una de las fuentes de financiamiento de los dos expresidentes, y por el otro romper por completo la estrategia de defensa que pudieron haber tenido los peñistas.

Y así, como lo dijo Kelsen, llámese justicia o llámense venganza, la cacería de los peñistas ha comenzado “con la ley en la mano”. Y todos los caminos llevan a Peña Nieto.

NOTAS INDISCRETAS... Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se entregará, en una ceremonia a las 12 del día, un reconocimiento al Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años al frente de El Universal. Aprobado por todas las fracciones legislativas en un Punto de Acuerdo, la ceremonia reconoce la labor periodística y la contribución a la libertad de prensa y la pluralidad democrática que durante medio siglo ha realizado El Gran Diario de México bajo la conducción del Lic. Ealy Ortiz como presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de esta gran casa editorial. La libertad de crítica y la existencia de un periodismo a favor de la pluralidad y la investigación no se entendería sin la presencia en estos 50 años de El Universal como testigo y actor fundamental en las causas democráticas y del derecho a la información de los mexicanos. Enhorabuena por este reconocimiento a nuestro presidente por estos 50 años de conducir y consolidar a uno de los medios más objetivos y plurales de la prensa mexicana y latinoamericana... Los dados mandan Serpiente Doble. Repetimos el tiro.
13 Agosto 2019 03:59:00
Ana Gabriela o el oportunismo
Que la polémica directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, aproveche el logro histórico de la delegación mexicana y sus 136 medallas en los Panamericanos de Lima para apersonarse en Palacio Nacional y tratar de quedar bien al entregarle una medalla simbólica al presidente López Obrador se entiende; que trate de sacar raja política de esta hazaña de los deportistas nacionales para sus aspiraciones por la Gubernatura de Sonora, molesta, pero pasa.

Lo que resulta inaceptable es que la funcionaria y exdeportista intente apropiarse ella sola de un logro que pertenece a muchas personas e instituciones: desde los deportistas hasta sus familias y desde los institutos estatales, las federaciones deportivas y la organización olímpica mexicana.

Una cosa es que a Ana Gabriela le haya tocado cosechar el nuevo récord de medallas del deporte mexicano en Lima, donde se logra superar a Cuba después de 24 años y también ganarle a Canadá, y otra muy distinta que eso se haya construido en los ocho meses que ella lleva en el cargo; el éxito en los Panamericanos es resultado de varios años de trabajo, inversión y esfuerzo de esta nueva generación de deportistas mexicanos.

Y esa mezquindad –que parece tan propia de la 4T– de no reconocer nada de lo hecho en el pasado y creer que todo en la Administración Pública se inventó y creó a partir del 1 de diciembre de 2018, es la que hace ver muy mal a la directora de la Conade y a su jefe el Presidente, al tratar de capitalizar políticamente un logro que no es solo suyo y no darle crédito a todos los demás involucrados.

“Fue una labor titánica en estos ocho meses mover al elefante reumático, a pesar de la grilla previa y del ‘huachicoleo’ deportivo que hubo dentro de la Conade”, dijo ayer lunes Guevara en su aparición en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

¿Es decir que la sonorense se arroga todo el mérito de la hazaña que, en principio y antes que a nadie, le corresponde a los deportistas y a su pasión, entrega y esfuerzo personal, y después a todos aquellos familiares, directivos, dirigentes y funcionarios locales y federales que los apoyaron? ¡Cuánto protagonismo!

Nadie mejor que Ana Gabriela Guevara, que compitió y representó a México en varias justas deportivas nacionales e internacionales y que logró también sus medallas como corredora, sabe lo mal que se ve que un político o funcionario –sobre todo con aspiraciones y motivaciones políticas como es su caso– se apropie del logro de otros y busque obtener un beneficio del trabajo de muchas otras personas.

Lo único que se le debe reconocer al presidente López Obrador, y ni siquiera fue idea de la señora Guevara, es el apoyo mensual que otorgará a todos los deportistas que ganaron medalla con 20 y 40 mil pesos mensuales y a sus entrenadores.


Eso sí es algo que decidió e hizo este Gobierno; pero el trabajo conjunto y compartido de muchas personas e instituciones, el proceso de tiempo que se llevó formar y preparar a todos estos deportistas, es lo que verdaderamente está detrás del éxito de las 136 medallas obtenidas por México en la competencia continental.

Ni los 37 oros, ni las 36 platas, tampoco los 63 bronces y menos los 14 lugares que se ganaron para Tokio 2020 se le deben a la actual directora de la Conade y a sus ocho polémicos meses en el cargo. Aunque ella diga lo contrario en un lamentable acto de oportunismo y mezquindad.

NOTAS INDISCRETAS…
En el sonado y extraño robo a la Casa de Moneda, una hipótesis que las autoridades no deben desdeñar es la de un “autorrobo” o una abierta colusión interna desde la institución con los ladrones que se llevaron mil 600 centenarios y diversas monedas y relojes de colección con un valor que supera los 60 millones de pesos.

Lo primero que deberían hacer es citar a declarar al director Jorge Raygoza, el actual director de la Casa de Moneda, que fue designado por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y es que hay demasiadas cosas extrañas en este robo.

Por ejemplo, alguien tendría que explicar, primero, cómo es que había mil 600 centenarios en la bóveda cuando el protocolo dice que nunca debe haber más de 500 monedas en ese lugar por seguridad. Luego, la bóveda estaba abierta cuando los manuales de seguridad dicen claramente que siempre debe permanecer cerrada y que después de cada operación en que se abre debe cerrarse inmediatamente.

Los dados mandan Serpiente doble. Mal tiro.
27 Julio 2019 04:01:00
El peligroso israelí que mataron en Artz
Detrás del violento ataque armado en la exclusiva Plaza Artz y de la infantil primera versión de “crimen pasional” que manejaron las autoridades de la CDMX, hay una truculenta historia que involucra a uno de los criminales más peligrosos del estado de Israel. Benjamín Yeshurum Hutchi, el principal objetivo de este ataque en el que murió junto a su socio Alon Azulay, ingresó ilegalmente a México en marzo de este año, con un pasaporte europeo falso y luego de haber sido liberado de la cárcel por las autoridades hebreas, tras purgar una condena de más de 14 años por varios delitos.

Según las autoridades vinculado a mafias internacionales de tráfico de armas, drogas y de los casinos en México, no era la primera vez que Hutchi estaba en nuestro país, en donde ya había radicado desde el 2003 cuando vino por primera vez al país traído por miembros de la poderosa comunidad judía en la Ciudad de México, que lo contrataron para que los ayudara en la prevención e investigación de secuestros que por esas fechas se dispararon entre los empresarios judíos en la zona de Tecamachalco y Polanco. Benjamín Yeshurum, que había pertenecido al Mosad, en donde tuvo entrenamiento especial, llegó a nuestro país procedente de Venezuela, a donde se había escondido después de que en 2001 escapó de una cárcel de Israel, con ayuda de un policía corrupto, tras haber sido sentenciado en los años 90 a 17 años de prisión por haber estado involucrado en el asesinato de Many Aslan, hijo del delincuente israelí Ezequiel Aslan.

Así llegó a nuestro país, donde trabajó apoyando y cuidando a miembros de la comunidad judía, pero en el camino comenzó a desarrollar actividades delictivas y extralegales, como el cobro de deudas para ellos mismos, con métodos de intimidación y violencia. Para el 2005 ya se había convertido en un “empresario independiente” y, aprovechando sus habilidades bélicas y de seguridad, montó su propio negocio de “extorsión, tráfico de drogas y venta de protección” a negocios, bares y restaurantes de Polanco donde se movía habitualmente. Para entonces, hasta los mismos miembros de la comunidad israelita que lo habían traído, comenzaron a ser víctimas de sus extorsiones y amenazas. Por esas fechas la Interpol ya había girado una ficha roja a su nombre a petición del Gobierno de Israel.

Cuando fue ubicado en México, la Interpol y el Cisen pidieron apoyo a la Policía del entonces Gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de que Hutchi había comprado protección de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, por lo que no podían solicitar su detención a los agentes federales del entonces Gobierno de Vicente Fox. La Secretaría de Seguridad Pública del DF montó un operativo de seguimiento y vigilancia en la zona de Polanco, a cargo del entonces subsecretario de Seguridad, Gabriel Regino. El 28 de junio de 2005, fue detenido con 43 dosis de cocaína. Lo llevaron al edificio de la SSP en la calle de Liverpool. Ahí recibieron una llamada de la Embajada de Israel que pedía que lo tuvieran “muy bien vigilado” y en una zona segura. Al día siguiente, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Benjamín Yeshurum Hutchi fue trasladado al aeropuerto Benito Juárez, donde fue entregado a dos soldados del Mosad.

En Israel permaneció en prisión hasta febrero de 2019, cuando fue liberado, para luego arribar a nuestro país con un pasaporte falso. Fuentes de la FGR aseguran que Benjamín Yeshurum reactivó en estos meses las relaciones que desde 2005 trabó con integrantes del cártel de Los Beltrán Leyva, en específico con Édgar Valdés Villarreal “La Barbie”.

Su asesinato en Plaza Artz se produjo justo unos días después de que fuera detenido en nuestro país Erez Akrishevsky, otro delincuente que fue quien escapó con él de la cárcel israelí en 2001. ¿Qué cuentas pendientes tenía Benjamín Sutchi con los cárteles de droga y crimen organizado mexicano que mandaron a sus sicarios a matarlo justo en un restaurante concurrido y a plena luz del día en la plaza comercial más exclusiva de la Ciudad de México? Eso es lo que nos tendrán que decir ahora las autoridades capitalinas.



LO QUE NO EXPLICA NI DICE LA MAGISTRADA OTÁLORA

En relación a las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación a los contratos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial otorgó en los tiempos de la presidencia de la magistrada Janine Otálora, fuentes internas de dicho tribunal aseguran que el denominado “diagnóstico integral para el desarrollo del plan estratégico institucional”, que Otálora le asignó de manera directa su elaboración al Cide, fue un proyecto que el magistrado Reyes Rodríguez le vendió a Janine justo cuando empezó su alianza hace casi dos años.

Otálora sometió la elaboración de ese diagnóstico a una decisión colegiada, en una sesión de la Sala Superior del Tribunal, y los magistrados Mónica Soto y José Vargas manifestaron su desacuerdo por el monto que se pretendía pagar (9 millones de pesos en sus dos etapas) y por el procedimiento de adjudicación directa por el que pretendía encargarse al Cide. Inconformes decían tener información de que su compañero Reyes utilizó al Cide por haber trabajado ahí y por conocer a personas con influencia (entre ellos su mentor, Benito Nacif).

En ese estudio se puso como “experta” a Andrea Foncerrada, una chica sin experiencia en ese tipo de estudios de planeación institucional. Es esposa de Alejandro Trelles, amigo íntimo de Reyes Mondragón y excompañero de trabajo suyo en el IFE, a quien el mismo magistrado había llevado al tribunal como “asesor externo” que trabajaría a distancia, con el argumento de que “podía ayudar en múltiples temas y que estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Pittsburgh y necesitaba recursos para concluir”. Como los demás magistrados rechazaron la contratación de Trelles, por considerarlo un politólogo sin experiencia jurisdiccional, “se inventaron esas dos asesorías de casi 11 millones de pesos, que consistían en hacer entrevistas a través de cuestionarios básicos”, comenta uno de los magistrados.

“Posteriormente tuvimos información que en realidad Andrea fungió como fachada entre Alejandro Trelles y Reyes, quienes se repartieron el monto cobrado al Tribunal, y que gran parte del trabajo se maquiló desde la ponencia de Reyes. Lo peor del caso es que, debido a nuestra oposición a ese proyecto, el diagnóstico es un fracaso porque varios magistrados no lo contestamos, con lo cual no se pudo terminar con la visión de todo el Pleno ni la totalidad de las áreas a nuestro cargo. El documento está archivado y nunca se volvió a citar ni a aplicar”, añade el magistrado.

El facilitador de la adjudicación directa fue Jorge Mata, anterior secretario de Administración y gente de Otálora. Hoy Mata sigue ahí protegido por la magistrada, a pesar de que está siendo investigado porque tenía diversos negocios con el Tribunal, entre ellos la cafetería, la venta de alimentos a los comedores institucionales y los servicios de banquetes para eventos de la institución.

Por cierto que otra cosa en la que la magistrada Otálora mintió en su carta enviada a este diario, es que el acta de asignación directa del primer contrato que le dio al Cide, por la primera parte del citado “diagnóstico integral”, no está firmada por la Contraloría Interna. Según una copia de ese primer contrato por 5.3 millones de pesos, en poder de esta columna, en el documento aparecen cerca de seis firmas, pero ninguna corresponde al titular de la Contraloría Interna. Sí aparece, por cierto, la firma de Gustavo Meouchi, quien fue el coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública durante la presidencia de Otálora, y quién además es exyerno del ministro Luis María Aguilar, quien fuera presidente de la Corte. Meouchi fue separado de su cargo cuando cambió la presidencia del TEPJF.

Además, el entregable del diagnóstico contratado por 5.3 millones de pesos que corresponde al acta mencionada, fue un documento de 17 cuartillas en el que ni siquiera entrevistaron a todos los ministros (como estaba contemplado), sino solo a los afines de Otálora: Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y la propia Otálora.

En el documento se establece que “no pudieron realizarse” las entrevistas con el resto de los magistrados: Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿O sea que se pagaron casi 10 millones de pesos por un documento incompleto y por un diagnóstico que ni siquiera tenía las opiniones y visión de todos los magistrados del TEPJF? Con razón lo está investigando la Auditoría Superior…
25 Julio 2019 04:01:00
Sucesión en la UNAM:  la mano de Narro
En la Universidad Nacional hay en estos momentos un poder formal y un poder real. En la ruta por definir la próxima sucesión en la rectoría universitaria, el poder formal, en manos del rector Enrique Graue, está supeditado en los hechos al poder real, que detenta el exrector José Narro, quien opera para tener un control de las distintas opciones de personajes y grupos que empiezan a moverse con miras a la elección de un nuevo rector en noviembre próximo.

Tras su efímero intento de buscar la dirigencia nacional del PRI, el exrector se refugió en la UNAM con miras a apoyar la reelección de su sucesor Enrique Graue, y enfrentar un posible embate de Morena y de la Cuarta Transformación para hacerse del control de la rectoría universitaria. Graue le ha permitido seguir moviendo los hilos y el exrector priista sigue controlando los destinos de la institución: desde la burocracia de alto nivel hasta la grilla de alcantarilla, por lo que si el rector se reelige con su apoyo, el margen y la influencia de Narro Robles crecerá aún más.

Pero la posibilidad de la reelección se empieza a complicar por la falta de resultados del médico Graue que, entre otras cosas, prometió al llegar a Rectoría la recuperación del Auditorio Justo Sierra de Filosofía y Letras. Hoy el espacio sigue en manos de una pandilla de delincuentes que comercian ilegalmente todo lo que pueden y cobran derecho de piso a los ambulantes. Durante su gestión ha habido un sinnúmero de crisis de seguridad, asesinatos no aclarados, disparos, venta de droga, inseguridad y violencia en las instalaciones universitarias, mientras los conflictos estudiantiles no han dejado de ocurrir.

Todo esto aumenta el rechazo de la comunidad universitaria a que Graue se reelija porque lo acusan de mantener intacta a la burocracia universitaria que heredó de su antecesor. Por ejemplo, de acuerdo al organigrama de la UNAM, su secretario general se llama Leonardo Lomelí, pero en la práctica quien ejerce las funciones es Enrique del Val, operador de Narro. La secretaria particular de la Rectoría y la mitad de directores y secretarios administrativos de la Universidad se cuadran con Del Val.

A su vez en los caminos de la universidad de pie, el operador de Narro Robles se llama Jaime Vázquez. Formalmente Vázquez es coordinador en la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, pero en los hechos maneja, con cargo al erario de la casa de estudios, una amplia red de personas y jóvenes que le pasan información “confidencial” de la institución, que él maneja discrecionalmente. También controla a grupos estudiantiles de presión con los que Vázquez crea y apaga conflictos. Eso le ha permitido subsistir por más de una década. Pero su trabajo ya deja muchas dudas porque con su gran aparato no ha podido advertir a sus superiores de ninguna problemática previa a que ésta suceda. Y así, con Del Val en las alturas y Vázquez en los subsuelos, Narro ejerce un control casi total sobre la rectoría de Graue.

Pero si el rector actual se le desinfla y no gana la reelección, el exrector Narro prepara otros candidatos como el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, quien aunque es bien visto en la UNAM, no lo quieren en la Presidencia de la República y costaría trabajo convencer a la Junta de Gobierno de que es el candidato idóneo.

Y aún en el escenario más adverso, el exrector también tiene un “Plan B”. Si en la Junta de Gobierno se impusiera la candidata de Morena a la rectoría, Angélica Cuéllar, directora de Ciencias Políticas y Sociales; Arturo Chávez, el secretario general de la Facultad y quién es la mano derecha de Cuéllar, tiene una estrecha relación con Jaime Vázquez, el operador de tierra de Narro, con lo cual, en caso de que el grupo de Morena llegara a controlar la rectoría, Narro tendría sus conexiones de protección.

Sin embargo, ese es el último escenario que el exrector considera y para evitarlo fue que dejó su fallida candidatura en el PRI y abandonó el partido en donde militó para pelear desde la trinchera universitaria e intentar regresarle la “cortesía” al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza de su descarrilamiento en el proceso priista. De ser así, la UNAM podría convertirse en el campo ideológico para iniciar la guerra contra la Cuarta Transformación. Ese es el plan de Narro y para ello maneja sus cartas desde tres meses antes de que se reúna la Junta de Gobierno para deliberar sobre la elección del nuevo rector; pero como dicen los viejos universitarios, la Junta es tan impredecible que puede elegir a cualquiera… Capicúa de los dados. Se repone el tiro.
24 Julio 2019 04:03:00
Baja California en rebeldía; desprecian a la Federación
En una sesión extraordinaria, convocada casi en secreto, con fuertes dispositivos de seguridad y en una sede alterna, 16 diputados del Congreso de Baja California, de un total de 26, validaron anoche la reforma al Artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplió de 2 a 5 años la próxima gubernatura del morenista Jaime Bonilla, en una acción en la que los diputados locales rechazaron e ignoraron el “exhorto” que la semana pasada les hizo el Congreso de la Unión para que retiraran su reforma, a fin de evitar un enfrentamiento entre la Federación y el Estado.

“Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente (del Congreso federal) en asuntos que únicamente competen a la soberanía de los bajacalifornianos”, dijeron los diputados locales.

En la misma línea de defender la ampliación de mandato como un tema “de autonomía y soberanía de Baja California”, que ha esgrimido el gobernador electo, quien incluso ha exigido “que lo entiendan en el centro, que aquí manda el Congreso del Estado”, los 16 diputados que hicieron mayoría, incluidos seis panistas que ayer renunciaron públicamente a Acción Nacional, además de legisladores de Morena, PRI y PT, se encerraron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, habilitado como sede alterna del Congreso local, ante las protestas ciudadanas que les impidieron ocupar su sede de Mexicali, en una sesión a puerta cerrada en la que incluso, con seguridad y escoltas de la alcaldesa panista Mirna Rincón, se impidió el paso no sólo a los ciudadanos inconformes, sino también a la prensa.

Y mientras el estado se divide entre los que apoyan la ampliación de mandato y los grupos políticos y empresariales que ya promueven las primeras controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría del Congreso local desafía los llamados de todos los partidos, incluido Morena, hechos desde el Congreso federal:

“Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se inicie el trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, dice el dictamen aprobado este martes por los diputados locales y leído por el priista Alejandro Arregui, en el que se defiende el decreto 112 aprobado por 21 legisladores de todos los partidos.

Está claro que el tema tendrá que resolverse en la Suprema Corte donde, la lógica dice que el decreto 112 que amplió el mandato de una gubernatura después de las votaciones estatales será rechazada, por los precedentes que los mismos ministros han aprobado en esa materia. Sin embargo, por la falta de operación política desde el Gobierno federal y las posiciones ambiguas y divididas que han asumido las cabezas del Ejecutivo, ya no queda muy claro si los diputados locales y el electo Jaime Bonilla están actuando totalmente “por la libre” en su abierta rebeldía a la Constitución y a los poderes federales.

Sobre todo porque ayer, ante una nueva pregunta sobre el tema, el Presidente dice que para él “la no reelección es un tema de ideales, no de leyes”, con lo cual López Obrador siembra más dudas que certezas sobre algo que desde su llegada al poder le han cuestionado sus críticos y que una y otra vez ha negado tener afanes o intenciones reeleccionistas.

Porque se entiende que para él el tema sea de convicciones e ideales políticos, pero no se puede ignorar que la “No reelección”, que fue la bandera de Francisco I. Madero que dio pie a la Revolución de 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, es mucho más que un tema de ideales, y es un principio constitucional vigente, con motivaciones y razones históricas.

¿Es decir que si López Obrador no estuviera convencido o en algún punto modificara sus ideales, se modificaría también la Constitución para eliminar la prohibición de reelección presidencial? El tema es delicado y no es por desconfianza del Presidente, pero ayer, ante una solicitud de Transparencia, la Presidencia de la República negó que exista en sus archivos el documento que públicamente firmó López Obrador el 19 de marzo en Palacio Nacional, en el que se comprometió a no reelegirse ni a buscar modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.

“El documento no existe”, respondió la Presidencia. ¿Y entonces, el compromiso es real? No vaya a ser que, ante la falta de condena tajante y de operación desde la Presidencia para frenar la reforma reeleccionista en Baja California, los ideales y las convicciones vayan a cambiar “porque el pueblo me lo pide”, tal como dice Jaime Bonilla que se lo pidieron los bajacalifornianos.
23 Julio 2019 04:00:00
Monreal, el Gabinete y la crisis política en la 4T
Ricardo Monreal volvió a poner ayer el dedo en la llaga de la 4T, al hablar de la ausencia de operadores políticos en el Gabinete que no acompañan al presidente ni le resuelvan los problemas, reclamos y crisis que le están estallando, todas, al Jefe del Ejecutivo.

El diagnóstico del senador, que por segunda vez habla de “ausencias” en el equipo presidencial, parece confirmarse en los últimos días, cuando a López Obrador le estalla una crisis constitucional desde Baja California, por un gobernador que no entra en funciones y ya se está brincando las trancas, además de manifestantes en San Luis que casi se le meten a la habitación de hotel y lo hacen ver intolerante, o campesinos que le toman carreteras y se le plantan en el Zócalo porque nadie escucha sus reclamos presupuestales.

No hay operación política en las áreas responsables, como la Secretaría de Gobernación y otras dependencias y secretarios que no atienden ni resuelven las problemáticas de sus sectores. Los filtros históricos que solían proteger al presidente no funcionan y todos los problemas le llegan a Palacio Nacional.

Nadie habla, por ejemplo, con los gobernadores, que no hacen nada o casi nada en seguridad pública y solo esperando que les envíen a la Guardia Nacional para resolverles un problema que también es suyo; tampoco nadie opera con la oposición sobre temas críticos o importantes para este gobierno o ya no digamos con los líderes empresariales y los inversionistas, que siguen hablando de “incertidumbre” y cuestionan la política económica, mientras prometen inversiones millonarias solo de saliva y que no fluyen por la desconfianza en el manejo de la economía y las decisiones radicales de un ala del Gabinete.

Estas crisis recurrentes en las que siempre tiene que dar la cara López Obrador, lo mismo para calmar a ciudadanos enardecidos que lo sorprenden en su hotel, que para atender a campesinos que exigen “diálogo directo con el presidente porque el secretario no resuelve”, han hecho que ya se analice un cambio necesario en Gobernación, ante la realidad inocultable de que la secretaria Olga Sánchez Cordero y su equipo, han sido rebasados y desplazados incluso de varias de sus funciones constitucionales por decisión del propio Presidente.

Aunque el tema no está aún decidido y el propio López Obrador ha estado analizando “opciones” y fecha para hacer un cambio en la Segob, la semana pasada la filtración de este tema, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que habló del relevo de Olga Sánchez, pareció un intento del experimentado político por entorpecer o retrasar cualquier decisión que se pudiera tomar en ese sentido. “¿Que ya renunció Olga Sánchez?”, preguntó fingiendo ignorancia Muñoz Ledo, que en realidad estaba vacunando a su amiga, la secretaria, de un cambio que ocurrirá tarde o temprano.

El Presidente, dicen en Palacio Nacional, tiene previsto nombrar a un nuevo titular de Gobernación entre septiembre y diciembre, tal vez en ocasión de su primer informe de Gobierno, bajo la lógica de que la posición de la exministra se ha desgastado y que se necesita una “figura fuerte”, un operador que retome la parte política y de búsqueda de negociación y consensos con los distintos actores políticos y públicos que se ha dejado de hacer en Bucareli.

Como jefe de Gobierno del antiguo DF, Andrés Manuel siempre gustó de hacer cambios previos a sus informes de Gobierno, por lo que se piensa que estaría esperando para esas fechas para madurar bien su decisión.

Se habla en los corrillos del Palacio de tres pesos pesados que estaría considerando López Obrador para el tema de la gobernabilidad y la operación política: Marcelo Ebrard, que está demasiado ocupado en estos momentos con la política exterior y la relación con EU; el mismo Ricardo Monreal, que es un operador clave en el Congreso y que tiene la confianza del Presidente, y Julio Scherer Ibarra, que aunque se encarga más de los asuntos jurídicos, también opera temas políticos para el Presidente y tiene la cercanía y la confianza del Mandatario.

Sería cuestión de ver por quién se decide el Presidente y de qué tanto, Monreal, Ebrard o Scherer, quisieran ocupar el despacho de Bucareli, que aunque sigue siendo la posición más importante del Gabinete en materia de operación política, también es una dependencia a la que le quitaron demasiadas funciones y, en los hechos, la achicaron en este Gobierno.

Pero lo que es cierto es que, en cuanto el Presidente se decida y le pida a alguno de ellos que se vaya a pararle problemas y manejarle crisis en su Gobierno, López Obrador no tendrá que estar, un día sí y el otro también, dando la cara a cuanto problema e inconformidad surge, porque tendría, ahora sí, a un “hombre fuerte” en Bucareli. ¿Cuándo? Eso sólo él lo decide.
22 Julio 2019 04:00:00
El asesor ‘externo’ del canciller
Viaja siempre junto al canciller Marcelo Ebrard CasaubÓn, lo mismo a misiones diplomáticas oficiales en otros países, que a eventos oficiales dentro de la República, como una especie de “asesor externo”. Se encarga igual de contratar servicios para eventos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagados con recursos públicos, como catering y transportación local, que de la logística de reuniones importantes, tal como lo hizo en el reciente US México CEO Dialogue en Mérida, el 12 de abril pasado, o en el encuentro de los alcaldes de Norteamérica que tuvo lugar en Los Cabos del pasado 6 al 8 de junio, ambos encuentros a los que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se llama Javier López Casarín y aunque oficialmente no tiene un cargo ni aparece en el directorio o en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni tampoco en el del Gobierno federal, le fue expedido un Pasaporte Diplomático a su nombre “López Casarín Javier Joaquín”, en el que se ostenta como “director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, un cargo que no existe en la estructura ni el organigrama de esa dependencia federal. El número de dicho Pasaporte Diplomático es D00058887, y fue expedido el 17 de enero de 2019, con vigencia de un año, por lo que caduca hasta el 17 de enero de 2020, y está firmado por el director general de Delegaciones, Carlos Alfonso Candelaria López.

Públicamente Javier López Casarín se ostenta en entrevistas con medios y en sus perfiles de redes sociales como “Innovador, Empresario y Emprendedor Social” y también como Presidente de la Fundación Reinventando a México y nunca menciona ser funcionario de Relaciones Exteriores. Se define él mismo como “Luchador social incansable, de pensamiento claro y firme” y se dice a favor de promover la “innovación en México”, materia sobre la que incluso ha publicado un libro titulado Innovación, una actitud, publicado por Editorial Miguel Ángel Porrúa, en el que propone “atreverse a hacer las cosas de manera distinta… abandonar la inseguridad y dar un paso a la curiosidad, al riesgo; y dejar de lado el conformismo en el que nuestra sociedad se ha estancado”.

El Reglamento de Pasaportes vigente, señala que el Pasaporte Diplomático sólo lo otorga y refrenda la SRE al Presidente de la República y a los expresidentes; presidentes de las Cámaras de Diputados y senadores; gobernadores de los estados, ministros de la Corte y secretarios de Estado, entre otros.

A pesar de que no ocupa ninguno de los puestos mencionados, López Casarín viaja con su Pasaporte Diplomático y ha acompañado al titular de la SRE en viajes oficiales. Se le vio junto a Marcelo Ebrard en Nueva York, el 21 de enero pasado, cuando el canciller viajó como parte de la comitiva enviada por el presidente López Obrador para comprar las 571 pipas que el Gobierno de México adquirió para transportar gasolinas a todo el país, durante la crisis de los gasoductos. Según testimonios de funcionarios que estuvieron en Nueva York, Javier López acompañó a Ebrard en reuniones con las secretarias de Economía, Graciela Márquez, de Función Pública, Irma Sandoval y la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Incluso, como Buenrostro no dejó decidir al canciller sobre la compra, éste se regresó a México pero dejó a Casarín para que le informara de la compra.

Sería muy bueno que, en aras de la transparencia y la legalidad, en la Cancillería mexicana explicaran exactamente qué función desempeña el empresario Javier López Casarín, por qué organiza eventos oficiales de la SRE y contrata servicios y, lo más delicado, por qué le fue expedido un Pasaporte Diplomático Oficial si no tiene un cargo público que lo amerite. Puede ser que Marcelo Ebrard tenga mucha confianza en él y que, según afirman funcionarios que pidieron el anonimato, tenga “algunos negocios” con López Casarín y con su madre Gisela Casarín, que tiene una empresa de Relaciones Públicas, pero nada de eso justifica que viaje con él en comisiones oficiales o que tome decisiones y hasta contrataciones en Relaciones Exteriores ¿o sí?
20 Julio 2019 04:05:00
Elba y su bioserie: la traición de Videgaray
Ahora que a Javier Duarte se le ha soltado la lengua y ha empezado a declarar y a revelar detalles de cómo negoció su captura con el Gobierno de Peña Nieto y cómo fue engañado y extorsionado, la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo no quita el dedo del renglón sobre producir y promover una “bioserie” en la que narre su historia, desde sus orígenes en Chiapas, hasta su caída y persecución, su lucha legal y su posterior liberación y exoneración.

Hay un pasaje inédito de toda esa historia que a Elba Esther Gordillo le interesa particularmente contar y que comenta en confianza a sus cercanos. Aquella tarde del 26 de febrero de 2013, cuando los agentes federales de la PGR se subieron al avión privado que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Toluca, la maestra se habría esperado todo, menos que fueran a detenerla a ella, que venía “invitada a dialogar” con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Gordillo Morales ya sabía que en cualquier momento le iban a asestar un “manotazo” desde la Presidencia pues había desafiado a su antiguo amigo, Enrique Peña Nieto, al oponerse a una Reforma Educativa. Tan lo sabía que dio aquel discurso en Tlalnepantla el 6 de febrero de 2013, donde dijo que “ni amenazas, ni nada me van a intimidar; para morir nací, quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace unaguerrera, como guerrera murió’”, pues pensaba que la querían asesinar.

Tras ese discurso se fue a San Diego y no pensaba regresar a México hasta que recibió una llamada de su amigo, Luis Videgaray. El poderoso secretario de Hacienda la citó a una reunión personal con él en la Ciudad de México “para dialogar y llegar a un entendimiento”.

Confiaba en Videgaray y decidió jugar su última carta para ver si podía convencer al presidente Peña Nieto de modificar su reforma educativa. Por eso tomó el jet privado para acudir a la cita el miércoles 27 por la mañana. Cuando el Lear Jet aterrizó en Toluca, apenas al abrir la puerta entraron por ella agentes encapuchados que la detuvieron todavía medio dormida y le leyeron sus derechos.

Nunca vio venir “la traición de Videgaray” que al invitarla “a dialogar” ya tenía lista toda una investigación de lavado de dinero, las cuentas del SNTE, de su familia y de ella, que en ese momento ya tenía una orden de aprehensión. ¿Será que el proyecto trunco de su serie, que en su momento le pararon con una “sugerencia” desde Palacio Nacional, volverá a retomarlo “la guerrera” a la que nomataron pero sí la tuvieron un sexenio en la cárcel?



Un crimen, dos inocentes y un exilio político

La historia comienza en Tamaulipas e involucra a dos políticos del PAN que, por cuestiones personales y familiares, siempre rivalizaron y compitieron: Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Cantú Rosas.

Los dos de la frontera, el primero en despuntar fue Cabeza de Vaca que en 2004 fue electo alcalde de su natal Reynosa y para 2012 sería senador; mientras Cantú Rosas logró en 2013 ser alcalde de Nuevo Laredo.

Mientras eso pasaba en Tamaulipas, en enero de 2015, en Tlaxcala un policía estatal, Juan Carlos Yáñez Osornio, fue detenido y acusado de cuatro secuestros cometidos en Apizaco. El agente corrupto Yáñez nombra como sus abogados a Natanael Castelán Iturria y Jorge Alberto Lara Rivera, exfuncionarios de la PGR que colaboraron con Irving Barrios Mójica contra lavado de dinero.

En ese mismo 2015, en Tamaulipas el PAN buscaba candidato a la Gubernatura y los precandidatos eran García Cabeza de Vaca, Cantú Rosas y Maki Moreno. Mientras que en Tlaxcala, en abril, detenían a José Aguilar por robo y en Cereso conoce al policía Yáñez. En Tamaulipas, en tanto, se designa candidato a gobernador a Francisco García Cabeza de Vaca y en marzo de 2016 inicia su campaña.

Carlos Domínguez, reportero tamaulipeco, se une a la campaña de Cabeza de Vaca, quien busca en mayo de 2016 a Carlos Cantú Rosas y lo invita a sumarse a su campaña, a cambio de nombrarlo secretario de Desarrollo Social, lo que Cantú acepta.

Francisco García gana la elección y a Cantú Rosas le informan de la oficina del gobernador electo que será el próximo secretario del Trabajo, ya no de Desarrollo Social; pero cuando el gobernador toma posesión del cargo, otro está en la Secretaría del Trabajo.

Cabeza de Vaca designa a Irving Barrios Mojica como procurador general de Justicia del Estado, quien a su vez designa a Natanael Castelán, abogado del policía corrupto de Tlaxcala, como director de Procesos Penales. En el Cereso de Tlaxcala, David Mejía Bravo visita a su amigo de nombre José Aguilar y por él conoce al policía secuestrador Yáñez.

Por esas fechas, agosto de 2017, Morena busca al panista Cantú Rosas. Eso no gusta en Ciudad Victoria y la situación se vuelve tensa, mientras en Tlaxcala liberan al policía secuestrador Juan Carlos Yáñez. Y aquí viene el hecho que vincula las dos historias: el 13 de enero de 2018 es asesinado el reportero Carlos Domínguez.

En Zacatecas, los jóvenes David Mejía y Adrián Montes se encontraban laborando. La Fiscalía no tiene pistas y ofrece 2 millones de pesos de recompensa por información. Dos reporteros, Luis Valtierra y Jesús González, declaran haber visto a Carlos Domínguez a bordo de su auto, al salir del restaurante Arturo.

La presión social y política crece y el director de Averiguaciones, Natanael Castelán, ordena traer la carpeta a Ciudad Victoria. Para febrero de 2018, el secretario de Gobierno estatal busca nuevamente a Cantú Rosas y le ofrece integrarse al Gabinete.

Por esas mismas fechas, Natanael, presionado por el fiscal y el gobernador ante la falta de resultados en el caso de Domínguez, se comunica con su excliente, el policía Yañez, a quien le pide “buscar a dos personas que se presenten a ser detenidas como responsables del homicidio del periodista y así cobrar la recompensa”. Yañez contacta a David Mejía en Zacatecas y le explica en qué consistiría el trabajo: dejarse detener por el crimen del periodista, ser presentado ante los medios, durar 6 días detenido y salir libre y cobrar 500 mil pesos de la recompensa. David acepta y le proporciona sus datos y los de Adrián Montes, a quien nunca le informan del plan.

En marzo de 2018, Cantú Rosas se reúne con el coordinador del Gabinete. Le ofrecen de nuevo ser secretario del Trabajo y el propio Cabeza de Vaca le pide que no se vaya con Morena; pero el partido le pide a Cantú ser su candidato a la Alcaldía de Nuevo Laredo y él acepta. Cuando Cantú dice que no irá al Gabinete, la respuesta es una advertencia: que “no olvide que ellos tienen a la Procuraduría así como a la Contraloría y no le permitirían contender por ningún otro partido”.

Una semana después, el policía tlaxcalteca y secuestrador Yáñez se presenta a la Fiscalía del Estado a declarar “que el día 17 de enero de 2018, estando en Pachuca, conoció a David Mejía y a Adrián Montes, quienes confesaron haber asesinado al periodista por órdenes del tío de Carlos Cantú Rosas, el señor Rodolfo Cantú García”.

Con ese solo testimonio, sin mayor investigación, se libran órdenes de aprehensión el 20 de marzo contra Rodolfo Cantú, los tres reporteros y los dos hombres de Zacatecas. Los cuatro primeros sondetenidos el 24 de marzo en Nuevo Laredo, mientras que a David y Adrián los capturan el 27 de marzo en Zacatecas y se inicia el proceso penal contra los 6 detenidos. Casi al mismo tiempo se da carpetazo a la investigación NUC 151/2018, donde se indaga la muerte de los dos sicarios a quienes les hallaron los pasamontañas y el arma homicida.

Para complicar la defensa, a los dos zacatecanos los trasladan al Cereso de Altamira, al sur del estado, en mayo de 2018, mientras que a Rodolfo Cantú, en represalia por una entrevista a los medios que concede su sobrino Carlos, lo mandan al Cefereso de Tepic, Nayarit, en febrero de 2019.

El pasado 14 de abril, el periodista Gabriel Garza, injustamente acusado, fallece al interior del Cereso de Nuevo Laredo por un mal cardiaco; mientras que el 14 de mayo en la Ciudad de México, la esposa de Adrián Montes presenta demanda de juicio político contra el gobernador Cabeza de Vaca y su fiscal, Irving Barrios Mójica.

El otro acusado, David Mejía Bravo, presenta denuncia penal contra Natanael Castelán por “fabricación de culpables”, aunque no se ha investigado su denuncia. A ninguno de los dos jóvenes de Zacatecas les dieron nunca los 500 mil pesos prometidos por inculparse y menos los libraron de la cárcel donde todavía hoy están recluidos por un crimen que no cometieron.

El juicio oral de este caso, en el que se muestra burdamente la fabricación de acusados y chivos expiatorios en el asesinato del periodista Carlos Domínguez, será el próximo 31 de julio. ¿Qué dirán los jueces ante esta historia que parece de ficción pero es totalmente real y comprobable en documentos y denuncias en poder de esta columna?

¿Cárcel para los jodidos e inocentes e impunidad para los poderosos y corruptos funcionarios? Los dados mandan serpiente.
18 Julio 2019 04:06:00
El fin del ‘Chapo’ Guzmán y su leyenda
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera terminará sus días como en su peor pesadilla y como nunca hubiera querido hacerlo: preso y lejos de su país, en la frialdad de una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, donde purgará una cadena perpetua y 30 años más, por lo que nunca podrá regresar en vida a territorio mexicano. Se extingue así la leyenda del narcotraficante más famoso del mundo, el campesino sinaloense que empezó sembrando mariguana y llegó a ser, por su astucia y complicidad con políticos y jefes policiacos de México, uno de los capos más poderosos y sanguinarios del crimen internacional.

Hoy “El Chapo” Guzmán, traicionado por su socio y compadre Ismael “El Mayo” Zambada y por su hijo y su hermano que testificaron en su contra, desconocido por los políticos mexicanos que lo cobijaron y protegieron por casi 30 años, convertido en “monstruo” y en “trofeo” para la justicia y la adicta sociedad estadunidense, es un hombre bajito y vulnerable que, olvidando el dolor y la violencia que él mismo infligió, se queja de “crueldad y tratos inhumanos” en el sistema carcelario norteamericano.

Sólo su familia, sus hijos y su madre a los que ya no podrá ver y que permanecen en Sinaloa, aislados y resentidos por las traiciones, desde donde se proponen recuperar el emporio criminal que llegó a construir su padre, y su inseparable esposa Emma Coronel, que lo acompañó por los más de tres meses que duró su juicio sin perder nunca el porte y el estilo, parecen hoy ser lo único que le queda a un reducido y condenado Guzmán Loera.

La cárcel que espera ahora al capo que conquistó no solo México sino a buena parte del mundo con el tráfico de mariguana, cocaína, heroína y anfetaminas, es una “súper prisión” al pie de las montañas del condado de Fremont en Colorado. Ahí purgan sus condenas más de 300 hombres considerados “las peores amenazas para la seguridad de los EU”. En este complejo súpervigilado, con francotiradores que apuntan día y noche desde 12 torres y en donde pasará 23 horas del día aislado e incomunicado en una celda de 3.5 por 2 metros cuadrados, con solo un excusado, una cama, un escritorio y un banco, “El Chapo” tendrá como compañeros a peligrosos terroristas y pandilleros.

En Fremont están recluidos Ramsey Josseff, condenado por el ataque a las Torres Gemelas en 1993 que dejó 6 muertos; Zacarías Mousaui, que tuvo un rol principal en el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas; Tehodore Kaczinsky el “Unabomber”, señalado por 16 ataques con bombas enviadas en paquetería y correo; Dzhocar Tsarnaev, señalado junto a su hermano como autor material del atentado en el maratón de Bostón en 2013, y José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, líder de la pandilla de “La Línea”, el brazo armado del cártel de Juárez.

Ya durante el juicio, Joaquín Archivaldo, con sus 62 años, se quejó de “trastornos sicológicos, maltratos y padecimientos” provocados por el total aislamiento al que fue sometido, como medida de seguridad, en el que incluso se le restringieron las reuniones con sus abogados y se le prohibió ver a su esposa, a pesar de varias solicitudes que hizo a la justicia estadunidense. Ahora, en la prisión de Fremont, donde la altura de 2 mil 074 metros sobre el nivel del mar lo convierte en el estado con más altitud de la Unión Americana, y las temperaturas suelen ser cambiantes y extremosas, con calor intenso de hasta 40 grados centígrados en el verano y fríos y tormentas de nieve en el invierno, veremos cómo pasa sus días el narco mexicano que escapó dos veces de prisiones mexicanas “de máxima seguridad”, que corrompió a todo un sistema político y de justicia, y que después de ser considerado por las autoridades como “un criminal muy astuto” y como uno de los millonarios con más dinero en el mundo, por la revista Forbes, hoy se consumirá, junto con su leyenda, en una pequeña celda al pie de las montañas Rocallosas.

NOTAS INDISCRETAS… Fuentes de la Auditoría Superior de la Federación aseguran que se investiga una serie de contratos firmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la presidencia de la magistrada Janine Otálora. Concretamente se adjudicaron entre 2017 y 2018 y en forma directa al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para la ejecución de 2 proyectos por 9 millones 674 mil 310 pesos, de los cuales se pagaron 4 millones 295 mil pesos por un Diagnóstico Integral para el Desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020, y 5 millones 379 mil 310 pesos por un Diagnóstico a Profundidad y Propuesta para el Fortalecimiento del Centro de Capacitación Electoral, ahora Escuela Judicial. En ambos casos, se argumentó que el CIDE era “la única institución que podría realizar los servicios a satisfacción del Tribunal, a pesar de que se trata de productos sobre los que se pudo realizar una licitación para buscar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. El supuesto de excepción, por el que investiga la ASF, es el de “servicios que se pueden contratar con instituciones públicas” es exactamente el mismo mecanismo que se utilizó como justificante en la llamada “Estafa Maestra”, donde también se argumentó eso para contratar a universidades públicas. Lo más grave del asunto, y lo que tendrá que explicar Janine Otálora a la ASF, es por qué no hay resultados concretos y relevantes de ambos estudios pagados al CIDE, y la Auditoría revisa también los fondos que otras instituciones le pagaron al organismo académico por conceptos similares… Los dados mandan Serpiente doble. Descendemos.
17 Julio 2019 04:06:00
Cuando los vecinos se encuentran
En el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por donde han desfilado infinidad de criminales y procesados por la justicia, conviven toda clase de personajes: desde peligrosos delincuentes confesos y sentenciados, narcotraficantes famosos, inocentes y pobres acusados sin dinero para defenderse, hasta políticos investigados por corrupción que llegan a purgar parte de su proceso judicial o su condena en la cárcel más sobrepoblada, hacinada y conflictiva de la capital del país.

Ahí ha coincidido en tiempo y espacio lo mismo Rafael Caro Quintero y “Don Neto”, acusados por el caso de “Kiki Camarena”, que Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex acusado de corrupción y desfalco a la petrolera nacional por su amigo José López Portillo o más recientemente, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, que acudió por su propio pie a entregarse a esta cárcel, confiando en el consejo de sus abogados de que le fijarían una fianza y seguiría su proceso en libertad, pero una vez que entró por la puerta del famoso “Reno”, fue declarado consignado penalmente, sin derecho a fianza por delitos de corrupción y posteriormente trasladado al Reclusorio Oriente.

Hoy, en esta tristemente célebre cárcel del Norte de la Ciudad de México, han vuelto a coincidir dos personajes de la política nacional, uno que lleva ya dos años preso por delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa, y otro que apenas ingresó al penal el 9 de julio, acusado por dos de esos mismos delitos, el abogado Juan Collado Mocelo.

Conocidos de la política y con varios “amigos” comunes, uno de ellos el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, el exgobernador de Veracruz y el ínclito abogado de los poderosos no solo se han encontrado en sus ratos libres en el Reclusorio Norte, donde están ubicados en la misma zona, un área reservada y apartada de las secciones del penal donde se ubican los delincuentes comunes y más peligrosos, sino que además son vecinos de celda, por lo que han tenido tiempo de platicar en estos pocos días en los que han coincidido.

Curiosamente, el mismo día que detuvieron a Collado, la tarde del jueves 9 de julio, también fue el mismo día que a Javier Duarte le dio un ataque de memoria y se le soltó la lengua y el puño, cuando comenzó a mandar cartas y a conceder entrevistas a los medios de comunicación para denunciar “los abusos, las extorsiones y traiciones”, de que fue objeto durante el Gobierno de Peña Nieto, en el que lo mismo fingieron haberlo capturado en Guatemala –cuando él realmente fue quien se entregó a cambio de un “pacto para no molestar a mi familia”– que recibió “dinero de Peña” que después le cobró Alberto Elías Beltrán, el encargado de la PGR, al extorsionarlo.

Dicen que del mismo lado donde dieron la orden de capturar aquella tarde a Collado, justo el día que había renunciado Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, también salió un “mensaje de autorización” para que Duarte hablara y dijera todo lo que tenga que decir sobre lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. Y desde ese día el veracruzano no ha parado de hablar, en una diarrea de denuncias que lo ha llevado no solo a dar “exclusivas” y filtraciones a medios y periodistas, sino también a ofrecer a la Fiscalía General de la República “toda la información que tengo sobre varios integrantes del Gabinete de Peña Nieto”.

Y ahí viene lo más interesante: que en estos días de convivir y compartir sus penas y sus cuitas en el Reclusorio Norte, Javier Duarte y Juan Collado han hablado de cómo “en la cárcel se conoce (o ¿se desconoce?) a los amigos” y como “cuando llega la desgracia afloran las traiciones”. Y, según comentan políticos que los conocen bien a ambos, han hecho en poco tiempo tan buena relación, que ya hasta el exgobernador le ha propuesto al famoso abogado que considere “colaborar” con la Fiscalía General de la República con información que les pueda interesar, a cambio de obtener beneficios legales para su proceso.

¿Será que Juan Collado cantará en el Reno? Ya lo vimos hacerlo a dueto con Julio Iglesias, en la lujosa boda de su hija, y la verdad no cantaba mal. Lo malo es que si Collado canta, a muchos afuera no solo les van a doler los oídos, también les temblarán las piernas.
16 Julio 2019 04:06:00
El mapache detrás del ‘Bonillazo’
En el entuerto reeleccionista y fraudulento de Baja California, además de la mano ejecutora de Jaime Bonilla, el gobernador electo morenista y sus pactos inconfesables para darle impunidad al Mandatario saliente del PAN, Francisco “Kiko” Vega, también está la autoría intelectual y jurídica del abogado priista Amador Rodríguez Lozano, exsenador de la República y afamado “mapache”, un operador electoral, que además de ser cercano a priistas bajacalifornianos como Jorge Hank Rohn y Fernando Castro Trenti, también colaboró como “socio-asesor” de los tres últimos gobernadores de Chiapas: Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines y Manuel “El Güero” Velasco.

Amador Rodríguez Lozano, hoy operador cercano de Bonilla y a quien se menciona como su próximo secretario de Gobierno del estado, fue quien ideó, diseñó y redactó la reforma constitucional que, a la medianoche del 8 de julio, y en una sesión extraordinaria del Congreso local, hizo modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar la duración de la Gubernatura que inicia este 1 de noviembre, de dos años, como se votó en las urnas, a cinco años de duración.

Rodríguez Lozano dice ser originario de Tijuana. Fue senador y diputado por el PRI, cercano a Jorge Carpizo, con quien colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Baja California buscó ser candidato a gobernador por el PRI en 2001, pero alegando falta de equidad, renunció al priismo y fue candidato del PT; en 2006 fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos al Senado y también perdió. A partir de su fracaso en BC se fue a Chiapas invitado por el gobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía.

Asumió como coordinador general de gabinete y representante del Gobierno del estado de Chiapas en el DF. Se encargaba de redactar proyectos legislativos y lo presentaban como “estratega electoral”. Fue autor del polémico proyecto que desapareció la Gran Comisión de Congreso del Estado para crear la Comisión de Régimen Interno, con la cual el gobernador Salazar le quitó el control a la mayoría del PRI. El proyecto fue desechado por una controversia constitucional.

Al finalizar el sexenio de Salazar, fue enviado a coordinar la campaña de Juan Sabines, pero este se opuso y prefirió nombrar coordinador a su amigo, Ángel Córdova Toledo. El resultado fue un desastre: en varios distritos aparecieron “casillas zapatos” adjudicadas al PRD-CIOAC, y ante el caos, la mano de Rodríguez Lozano y sus oficios políticos en el centro, impidieron el recuento de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Sabines por diferencia de 0.5 por ciento.

En premio, Sabines lo ratificó como coordinador del Gabinete y Representante en el entonces Distrito Federal. A sugerencia de Amador, Sabines reformó la Constitución estatal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia por Ministerio de Justicia y él mismo fue nombrado “Ministro de Justicia”.

En esa época protagonizó un hecho bochornoso: apareció en los medios de comunicación hablando del decomiso de “varias toneladas de cocaína”. Una semana después tuvo que salir a aclarar que “era lactosa en polvo”. Después de eso renunció y le regresaron su nombre a la Procuraduría.

Pero continuó como gurú electoral y en 2009 impulsó una reforma para suspender los comicios de 2010 para elegir ayuntamientos y en su lugar proponían que los legisladores asumieran como presidentes municipales y estos de diputados. Una controversia constitucional revirtió el burdo y absurdo proyecto.

Después de esos ridículos desapareció un tiempo y volvió en 2012 como asesor del Gobernador del PVEM, Manuel Velasco Coello, que lo nombró presidente del Instituto de Administración Pública del Estado.

En la campaña del morenista Rutilio Escandón volvió a hacer de “gurú electoral” y operador tras bambalinas, lo que le valió ser ratificado en el IAP, aunque tras la llegada de su amigo Castro Trenti a la campaña de Bonilla, renunció para regresar como “mapache” a su tierra natal. Y ahora, cuando se enfila a la Secretaría de Gobierno, volvió a hacer de las suyas al diseñar y operar el “Bonillazo”. ¿Volverán a tumbarle su adefesio jurídico en la Suprema Corte?
15 Julio 2019 04:03:00
El ‘bonillazo’ en Baja y la vergüenza de AMLO
Después de una semana de que guardó silencio y esquivó el bulto, el presidente López Obrador finalmente se deslindó, el pasado viernes, de la burda maniobra legaloide aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años la gubernatura que iniciará el próximo 1 de noviembre. “A mí no me consultaron nada y no tengo injerencia en esos asuntos… Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, se me caería la cara de vergüenza”, dijo el presidente.

Y para despejar dudas de que lo de Baja no fue un “ensayo reeleccionista” –como el que algunos ya comparaban con el de 1992, cuando Gonzalo Martínez Corbalá intentó reelegirse en la gubernatura, lo que se interpretó como una “prueba” ordenada por Carlos Salinas– López Obrador recurrió a la máxima priista de que “no hay línea y la línea es que no hay línea” en esta reforma a la Constitución bajacaliforniana que terminará impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posiblemente declarada inconstitucional.

Habrá quienes le crean y quienes tomen con reservas el deslinde del Presidente, pero lo que empieza a quedar claro son dos cosas: primero, que la mano que sí movió el asunto fue la del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, quien maniobró para alargar su gubernatura y compró los votos de los 11 diputados de la mayoría del PAN y 5 del PRI, a cambio de un “pacto de impunidad” para el Gobernador saliente, el cuestionado y enriquecido Francisco Kiko Vega. Y segundo, que dentro de Morena el tema provoca diferencias y hay dos visiones: una, que condena tajante el albazo “que rompe el pacto constitucional” y pide sanciones mayores, como la “desaparición de poderes”, como expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y otra que la defiende, con argumentos pueriles y falaces, que “no se puede hacer elecciones cada dos años y la gente no quiere estar votando a cada rato”, como señala la dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky.

En medio de esas dos visiones extremas, está otro bloque de Morena, más mesurado, que pide que el tema sea resuelto en el Poder Judicial para determinar su constitucionalidad y si hubo o no violación del Congreso de Baja California. En esa posición parece estar el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien sin negar la gravedad de lo que hizo el Congreso de Baja California, rechaza que la “desaparición de poderes esté sobre la mesa del Senado”, que es finalmente el órgano al que corresponde discutir las condiciones para declarar el desconocimiento de los poderes locales, algo que hoy no ve cercano Monreal.

Y mientras las reacciones se multiplican y el rechazo al “bonillazo” crece en sectores políticos y académicos, en Baja California el propio Jaime Bonilla, tratando de salvar la “vergüenza” que no tuvo, intenta dos posibles salidas a esta crisis provocada por su ambición de poder: una, la vía jurisdiccional, que la SCJN defina si la aprobación del Congreso local fue o no constitucional; y la otra, que impulsan también diputados locales de BC del PAN y de Morena, que es una “consulta popular” a nivel estatal en la que se le pregunte a los bajacalifornianos “si están o no de acuerdo en que se amplíe la gubernatura de dos a cinco años”. Y si la gente se pronuncia a favor, estarían no sólo legitimando su decisión sino también le darían elementos al Poder Judicial para su análisis, aunque si resulta que la mayoría rechaza la ampliación del mandato, no habría manera de sostener el “bonillazo”.

En cualquier caso no es un buen mensaje el que manda la nueva clase gobernante y la llamada cuarta transformación, al permitir que un Gobierno que aún no inicia formalmente ya tome acciones y decisiones que generan dudas sobre su legalidad y ponen de relieve una ambición desmedida de poder. Es el costo de revivir, como candidatos de Morena y de la 4T, a personajes como Bonilla, expriista que no dudó en llevarse con él a todo el PRI de Baja California, incluido su pacto político con Jorge Hank Rhon y el apoyo del compadre del Mayo Zambada, Jesús Vizcarra, con tal de asegurar la gubernatura, y que aún sin tomar el poder, ya demuestra, con estos sucios manotazos, su verdadera esencia y que en Baja California no habrá ningún cambio.
13 Julio 2019 04:04:00
Las redadas de Trump, el error de Marcelo y la primera ‘prueba’
Este fin de semana Donald Trump y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzarán a ejecutar redadas masivas antinmigrantes en al menos 10 ciudades de Estados Unidos, algunas de ellas autoproclamadas como “santuarios para los migrantes”, con lo que miles de mexicanos que viven ilegalmente en territorio estadunidense podrían ser detenidos y deportados, además del peligro que enfrentan de ser violentados en sus derechos humanos y agredidos o separados de sus familias por la nueva ofensiva de Trump contra la migración ilegal.

El Gobierno de México, que hasta ahora solo ha ofrecido “información a los migrantes sobre sus derechos” a través de la red consular, promete defender a los connacionales que sean objeto de detenciones arbitrarias o violatorias de su dignidad y derechos ante la nueva ofensiva de Trump, y para ello, el canciller Marcelo Ebrard dice estar dispuesto a trasladarse a operar desde la Unión Americana, algo que volvería a poner a Ebrard en los reflectores y en el papel de “supercanciller”, en el que el titular de Relaciones Exteriores se ha instalado con la complacencia del Presidente y aprovechando la apatía, desinterés y desconocimiento de López Obrador sobre la política exterior.

El mismo Marcelo que hoy se multiplica y abarca áreas del gabinete que superan sus facultades constitucionales e invaden funciones de otros secretarios, como la de la migración, que le quitó a Olga Sánchez Cordero y Gobernación; la del cabildeo para la ratificación del T-MEC en Estados Unidos, donde junto con Jesús Seade, desplazaron a la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y ahora hasta la de la promoción turística del país, donde ya instaló su Consejo de Diplomacia Turística, con el que busca recursos para sustituir al desaparecido ProMéxico y quitarle la promoción del país a Miguel Torruco, de Turismo.

En todas esas pistas se mueve el secretario de Relaciones Exteriores, quien, además, tendrá que presentar en 10 días, el próximo 25 de julio, un “examen” ante el Gobierno de Donald Trump para que desde la Casa Blanca evalúen y aprueben o modifiquen la endurecida política migratoria de México, a partir de los acuerdos que el mismo Ebrard aceptó y firmó el pasado 7 de junio en Washington, en donde prácticamente cedió la soberanía de la política migratoria de México, a cambio de que Trump no impusiera los aranceles de 10% a las importaciones mexicanas.

El día que Marcelo aceptó ser ‘tercer país seguro’

Y aunque parece que con tanta actividad e injerencia cada vez mayor en el gabinete y su papel como interlocutor directo con Estados Unidos y la administración Trump, Marcelo le hace un gran favor al país y al Presidente, en realidad Ebrard solo trata de enmendar y salir lo mejor librado posible de un grave error que él mismo cometió cuando, durante la transición de gobierno, sin tener aún el nombramiento oficial de secretario de Relaciones Exteriores ni haber sido ratificado por el Senado, le dijo “sí” a la pretensión de Estados Unidos de convertir a México en su “tercer país seguro” y destino para sus migrantes indocumentados o peticionarios de asilo.

Fue el 15 de noviembre de 2018, siendo apenas canciller designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando Marcelo Ebrard Casaubón aceptó reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la entonces secretaria del Homeland Security, Kirsjten Nielsen, en un hotel de Houston, Texas. Ahí, a puerta cerrada y con su inseparable amigo y operador, el empresario Javier López Casarín, Marcelo escuchó por primera vez la intención del gobierno de Trump de que México aceptara ser “tercer país seguro” y recibiera en su frontera a todos los migrantes ilegales que pretendieran llegar a Estados Unidos, mediante la instalación de 11 puntos de recepción de migrantes en igual número de ciudades de la frontera norte mexicana.

En ese encuentro, según confirman fuentes tanto de México como de EU, el futuro titular de Relaciones Exteriores aceptó implementar, gradualmente, la exigencia de la Casa Blanca para convertirnos en el país-depósito de la migración indeseada de los estadunidenses. Todavía no tomaba posesión el presidente López Obrador ni él era formalmente canciller, cuando ya Ebrard había cedido a los caprichos y exigencias de Trump, parte por su protagonismo y ambición y parte por su necesidad de legitimarse y ser aceptado por Washington como un interlocutor válido, luego de sus andanzas con los demócratas en la política estadunidense y su fervoroso y apasionado activismo en contra del candidato Trump en las campañas de 2016.

Cuentan que fue “tan fácil” para Pompeo y Nielsen que Ebrard aceptara el inicio de un acuerdo para hacer de México “tercer país seguro”, que cuando salió del hotel de Houston, el secretario de Estado de la Casa Blanca no podía creer que un “gobierno de izquierda” como el que estaba a punto de tomar el poder en México, hubiera cedido y entregado mucho más ante EU de lo que nunca les entregó ni la derecha del PAN ni el gobierno priista de Peña Nieto.

Aún incrédulo, Mike Pompeo llamó al todavía canciller en funciones, Luis Videgaray, para comunicarle lo que acababan de obtener del nuevo gobierno lopezobradorista, sin mayor esfuerzo y ante la condescendencia del futuro canciller: “Too good to be true”, le dijo el secretario de Estado a Videgaray.

Por eso fue que después, en febrero de 2016, cuando Olga Sánchez Cordero y Tonatiuh Guillén fueron a reunirse en Miami con Kirsjten Nielsen, se encontraron con la exigencia de que “el Gobierno de México tiene que cumplir el acuerdo que ustedes hicieron en noviembre” para aceptar instalar 11 puntos receptores de migrantes en la frontera con EU. Cuando la secretaria de Gobernación, que nunca fue enterada de los “compromisos de Marcelo”, negó tajantemente que el gobierno de López Obrador haya aceptado ese acuerdo, la señora Nielsen tuvo que darles detalles del encuentro de Houston, el 15 de noviembre de 2018, para que finalmente la delegación mexicana tuviera que ceder y aceptar abrir tres depósitos para recibir a los migrantes ilegales de Estados Unidos en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Y por eso, cuando México dejó de cumplir esos acuerdos, no hizo nada para sellar la frontera sur y evitar el paso de los migrantes centroamericanos y se negó a recibir más y a abrir nuevos puestos fronterizos, Donald Trump enfureció, corrió a Nielsen y amenazó a México con imponer aranceles a sus exportaciones. Y fue entonces que Marcelo tuvo que ir nuevamente a Washington, donde ya lo habían desairado varias veces por incumplir su palabra, y en una “supuesta negociación complicadísima”, simplemente tuvo que aceptar las órdenes y dictados de Washington para abrir dos nuevos puntos receptores de migrantes en San Luis Río Colorado y Nuevo Laredo (disfrazando la cesión con la aplicación de la Ley 245 de Estados Unidos, conocida como “Remain in México”), mandar la Guardia Nacional a la frontera sur y aplicar mano dura con el Ejército y las policías a los migrantes centroamericanos, a fin de retenerlos o deportarlos para evitar que siguieran cruzando la frontera estadunidense.

Luego, el canciller volvería y le mentiría al presidente López Obrador y a todo el país diciendo que “logramos el único acuerdo posible para evitar los aranceles y el caos en la economía”, cuando realmente solo fue a ratificar lo que él mismo había aceptado y cedido desde aquel 15 de noviembre de 2018. Y sería recibido como “héroe” por un ingenuo Presidente y una masa incondicional aquel 8 de junio en Tijuana, donde el primer gobierno de izquierda en la historia del país celebraba, con un mitin, que le había entregado a Estados Unidos la soberanía y la política migratoria y que convertirían a México en la policía migratoria y el anhelado “muro” de Trump en la frontera sur.

Y ahora en 10 días, el “supercanciller”, que al mismo tiempo que detiene a migrantes indocumentados en México, irá a defender a migrantes indocumentados en Estados Unidos, volverá a Washington a que lo evalúen a él y al país en sus “compromisos” para frenar la migración. ¿Qué más cederá esta vez, en nombre del país, Marcelo Ebrard en la ambición de avanzar en su proyecto político de futuro y de obtener el reconocimiento y la indulgencia de Washington?... Los dados mandan Doble Escalera. Semana de altibajos.
11 Julio 2019 04:05:00
Collado, de distractor a golpe estratégico
El que haya sido una investigación que inició apenas el pasado 7 de junio la Fiscalía General de la República, atraída desde Querétaro, que se armó y documentó en menos de un mes entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y los investigadores de la FGR, que se presentó ante un juez apenas los primeros días de julio la petición de la orden de aprehensión y que se decidió ejecutarla justo la tarde del día en que el secretario de Hacienda cimbró al Gobierno federal con su estridente renuncia, no significa que el caso contra Juan Collado no sea un expediente armado con toda la solidez para convertirse en un golpe letal y estratégico no sólo al abogado, sino contra sus principales amigos y clientes.

Porque nadie duda que la decisión de detener a Collado Mocedo la tarde del martes obedeció a una orden directa “desde arriba” y a una maniobra para restarle presión a la incertidumbre y el nerviosismo que provocó en la sociedad y en los mercados financieros la dura renuncia de Carlos Urzúa a la Hacienda pública. Pero eso no quita que detrás de la acción judicial contundente de la FGR se haya calculado quirúrgicamente el impacto político y mediático que esa detención y el proceso penal al que ayer miércoles fue vinculado tendrá en el grupo político del que forma el acusado.

Los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri aparecen mencionados en al menos dos ocasiones como “los verdaderos propietarios” de Libertad Servicios Financieros y como socios con “participación accionaria” (propiedad disfrazada) en la denuncia que presentó Sergio Hugo Bustamante Figueroa y también en la orden de aprehensión que otorgó el juez de Distrito Jesús Eduardo Vázquez Rea apenas el 6 de julio pasado a las 18:00 horas con base en la causa penal 269/2019, por los delitos de delincuencia organizada y pperaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es decir, que este caso no se agotará con la detención del abogado Juan Collado, sino que podría escalar a un citatorio o incluso una posible investigación a los dos expresidentes de la República y al gobernador de Querétaro y el líder del PAN en el Senado, por los manejos y transferencias financieras irregulares, algunas que se sospecha son con “recursos de procedencia ilícita” y la creación de “empresas fachada o fantasma”, de la Sociedad Financiera Popular, que es la figura por la que está registrada Libertad Servicios Financieros, de la que era presidente del Consejo de Administración el abogado Juan Collado.

De hecho, en la citada orden de aprehensión se refiere, por afirmación del denunciante, que Libertad Servicios Financieros realizaba con frecuencia transferencias de dinero a España y Andorra, en Europa, y se pide corroborar, en el pasaporte del abogado Collado, los constantes viajes que realizaba a esos dos países europeos. Al expresidente Enrique Peña Nieto se le ubica actualmente en España, nación a donde ha viajado con frecuencia en los últimos meses en compañía de su novia, y en donde, en diciembre pasado, sostuvo una reunión y un supuesto “viaje de vacaciones” con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su sobrina, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

La pregunta que surge es cómo fue que Juan Collado se hizo del control de Libertad Servicios Financieros y cómo, supuestamente, entraron como accionistas de esa sociedad popular federal, los expresidentes Salinas y Peña, si esa antigua Caja Popular fue hasta 2014 propiedad de Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Priego. ¿Será que después del proceso penal a Yáñez por el caso Oceanografía, Libertad cambió de dueños?

Así que con la detención de Juan Collado, quien era el abogado no sólo de exmandatarios como Peña y Salinas, sino de personajes como Carlos Romero Deschamps, además de amigo personal de varios ministros de la Corte como Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, varios de esos personajes de poder se quedarán sin su estratega y defensor legal, algo que ellos tenían considerado ante posibles acusaciones. Pero también, si se llega a demostrar la participación de los expresidentes como accionistas o presuntos propietarios de Libertad Servicios Financieros, el golpe de la FGR sería también financiero, pues se les cortaría una de sus fuentes de recursos económicos.

Entonces, queda claro que, si bien fue usado para aplicar la ya célebre “caja china”, ahora en los tiempos de la 4T, el caso Collado también tiene un trasfondo mucho mayor: el fin del supuesto “pacto de impunidad” que se decía sellaron Peña Nieto y López Obrador para no tocar al exmandatario. Si ese pacto existió, con la constante aparición de su nombre en casos, denuncias e investigaciones, parece que se diluyó. Y hoy todos los caminos (de la corrupción) parecen llevar a Peña Nieto... Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro.
10 Julio 2019 04:03:00
Golpe de Urzúa, enojo de AMLO y mensajes a Salinas y Peña
Entre la sorpresiva renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la enorme molestia que provocó ese “golpe bajo” al presidente Andrés Manuel López Obrador y la detención del abogado Juan Collado no hay, formalmente, relación alguna; pero tampoco fue casualidad que una cosa siguiera a la otra.

Cuando el Presidente se enteró, minutos antes de las 11:30 de la mañana de la dura carta de renuncia de uno de sus colaboradores de mayor confianza, que acusaba “políticas públicas sin sustento” de la 4T y “conflictos de interés” en su Gobierno, montó en cólera y, en un intento de aminorar el duro golpe político, económico y anímico, decidió dos cosas: nombrar a un sorprendido y desencajado Arturo Herrera, y que se activara un expediente que ya tenía listo y armado la FGR contra el abogado salinista y peñista.

Aun cuando el caso de Collado fue utilizado como un claro “distractor” del martes negro para la 4T, detrás de la detención del conocido abogado hay un mensaje político fuerte para dos expresidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Salinas es compadre de Juan Collado y mantiene con él una relación de casi 30 años, desde que Collado aceptó asumir la defensa de su hermano Raúl Salinas de Gortari, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, luego de que el abogado Juan Velázquez desistiera de su defensa. Y en el caso de Peña Nieto, la cercanía, aunque más reciente, también es mucha y Collado se convirtió en una especie de “consejero legal” del expresidente desde que este fuera gobernador del Estado de México.

De hecho, detrás de las investigaciones que hoy tienen detenido a Juan Collado, acusado de probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita está, primero su participación en el caso de la llamada Caja Libertad, donde estuvo metido Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía que estuvo preso en el sexenio pasado, y Martín Díaz, el sobrino del exsecretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz. Cuando estalló este caso, del presunto fraude de Caja Libertad, Martín Díaz se va del país junto con los hermanos Rodríguez Borgio y Juan Collado era justamente su abogado.

Pero además del origen del caso judicial, también la persecución contra Collado se desató hace varias semanas, justo después de la ostentosa boda de su hija en mayo pasado y los videos que circularon en donde el abogado departía lo mismo con Peña Nieto que con el líder de Pemex, Carlos Romero Deschamps, y tres ministros de la Corte, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Jorge Mario Pardo Rebolledo, entre otros encumbrados políticos.

Ese video, afirman, molestó mucho en Palacio Nacional y justo después de eso se iniciaron varias investigaciones como la de Juan Collado, a quien hace algunas semanas le congelaron sus cuentas, en un claro aviso de que lo estaban investigando.

Collado había salido del país después de que le congelaron sus cuentas, se fue por algunas semanas, pero decidió regresar, al parecer confiado de que ya no procederían en su contra. Y ayer por la tarde, mientras estaba comiendo en un restaurante de avenida Palmas, con Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, llegaron los agentes de la Fiscalía General de la República a cumplir la orden de aprehensión solo contra él y nunca contra Romero Deschamps, como se rumoró en un principio.

Con esa detención y la conferencia de prensa que ayer por la tarde daba en Palacio Nacional el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Gobierno federal intentó frenar la incertidumbre que en un primer momento provocó la sorpresiva y dura renuncia de Carlos Urzúa.

Fue tal la molestia y la sorpresa del presidente López Obrador al enterarse de la decisión de Urzúa y de sus acusaciones, que en el mensaje que difundió en las redes sociales, aceptando la renuncia y presentando a Herrera, el Mandatario dejó ver su enojo contra un funcionario que fue de todas sus confianzas y que, a decir verdad, nunca hubiera llegado a ser secretario de Hacienda de no ser porque él lo nombró.

Una renuncia que, por la forma, en Palacio Nacional se sintió como traición. “No se le puede poner vino joven a botella vieja”, fue el mensaje con el que López Obrador despidió a su antiguo colaborador y con el que intentaba exorcizar y minimizar el golpe más fuerte que hasta ahora ha recibido su Gobierno.

Los dados mandan otra Serpiente. Caída libre.

09 Julio 2019 04:05:00
Peña cruzó el charco y se fue a España
Una versión cercana dice que el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra ya en España y que se fue para quedarse un tiempo a radicar por allá, aprovechando el ofrecimiento de una casa que le hicieron, desde antes de dejar la Presidencia, empresarios españoles amigos suyos, que le prestaron una cómoda casa de campo en el sur de la nación ibérica.

Otra versión confirma que sí, que Peña está en territorio español pero que solo fue a pasar unas “vacaciones largas” en compañía de su novia, la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Pero en lo que coinciden las dos versiones, ambas de excolaboradores cercanos, es que el exmandatario decidió cruzar el charco para poner tierra de por medio y esperar a que se enfríen y se aclaren un poco las cosas en asuntos como las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que en su afán de librar un juicio por la compra de la planta de Agronitrogenados, ha comenzado a involucrar a Peña Nieto y a varios integrantes de su Gabinete que formaban parte del Consejo de Administración de Pemex, como Luis Videgaray, bajo la versión, que esparce su abogado, Javier Coello Trejo, de que “Lozoya no decidió solo la compra de esa planta y que los pagos millonarios con recursos de Pemex fueron autorizados, tanto por el entonces Presidente y por el Consejo” de la petrolera.

No es el único caso judicial o de investigación en el que el expresidente ha sido mencionado. También en Estados Unidos se dio a conocer que lo indagan autoridades de ese país, como la SEC y el Departamento de Justicia.

La Comisión estadunidense mencionó la existencia de una investigación en la que tendrían información de un presunto soborno pagado a Peña Nieto por la compra de la empresa Fertinal por parte de Pemex en 2015, a un sobreprecio de 635 millones de dólares, cuando la empresa estaba en quiebra y endeudada.

Según información entregada a las autoridades estadunidenses por un informante, bajo perjurio, el expresidente se habría beneficiado al autorizar esa operación a sobreprecio, también ejecutada por Emilio Lozoya Austin.

En ambos casos al expresidente se le vincula por la cercana relación que mantuvo con Lozoya Austin desde su campaña, cuando fue su coordinador de Asuntos Internacionales, y en los poco más de tres años que lo mantuvo como director de Pemex, a pesar de las constantes denuncias de corrupción que hubo durante su gestión de 2012 a febrero de 2016.

Y por si todo eso fuera poco, ahora que también a Emilio Lozoya lo busca la Fiscalía General de la República, con órdenes de aprehensión en contra de él, su madre Gilda “L”, y su hermana, Gilda “N”, además de una corredora de bienes raíces llamada Nelly “A”, vuelven a cobrar sentido las amenazas directas del exdirector de Pemex, que en alguna ocasión, cuando Peña Nieto se negó a recibirlo en sus últimos meses como presidente, le dijo a su secretario particular, Erwin Lino: “Dile que no se le olvide que yo, personalmente y en su mano, le entregué 5 millones de dólares”. Si a eso se añaden las constantes amenazas veladas del abogado Javier Coello, de que “Emilio Lozoya no actuó solo”, entonces se puede entender el porqué del viaje de Peña a España.

Ayer mismo, luego de que un juez le negara a la defensa de Lozoya Austin, su petición de que el expresidente y su exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, fueran citados a declarar en el caso de la planta de Agronitrogenados en calidad de “testigos”, los abogados del exfuncionario anunciaron que van a impugnar esa resolución e insistirán en que “Peña y Videgaray deben comparecer a declarar porque saben mucho de este caso”.

Veremos entonces si el expresidente ya cambió su residencia de Ixtapan de la Sal a España y si se quedará allá por un tiempo, “mientras bajan las aguas y se siente seguro”, como nos dijo un colaborador suyo, o si sólo se fue de vacaciones, aunque podrían ser “unas vacaciones largas”, como apuntó otro cercano al exmandatario. Por lo pronto la duda es si en tierras españolas, junto a su guapa y joven novia, ¿seguirá bailando Peña?
08 Julio 2019 04:02:00
Guardia bajo fuego y Gobierno sin operadores
Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el territorio, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y harán muy difícil que cumpla con resultados en la disminución de los índices delictivos y de violencia que el Presidente ofreció para finales de año.

Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos a la Guardia, que ya suma cinco días sin que lo puedan resolver, que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se asoma en la forma es un torpedeo político y jurídico contra la ambiciosa apuesta de López Obrador en seguridad, pero en el fondo también se observa una total ausencia de operadores políticos en este Gobierno que, lejos de resolver los conflictos y allanarle el camino a su Guardia Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque.

¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PF para lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país debido a que nadie les informó cuáles eran sus opciones y cómo se garantizarían sus derechos?

Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría de Seguridad. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba organizado y no pudo, o más bien no supo evitarlo? Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente.

En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo que representa otro obstáculo para el nuevo cuerpo de seguridad. Es inevitable apuntar que dichas controversias se presentan en el contexto del enfrentamiento entre el Gobierno de López Obrador y la CNDH, que comenzó con el desaire inédito del Presidente al Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el desmantelamiento de las estancias infantiles.

En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, o a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el Presidente puso mucho cuando, de su ronco pecho -que ya sabemos, “no es bodega”- y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el Presidente no tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.
06 Julio 2019 04:04:00
¿Quiénes enterraron a la PFP?
La suerte de la Policía Federal Preventiva y la total animadversión de Andrés Manuel López Obrador hacia ese cuerpo policiaco se definió el 25 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente electo anunció -en un viraje de 180 grados en su posición histórica y de la campaña sobre ese tema- que las Fuerzas Armadas no regresarían a sus cuarteles, como lo había prometido, y continuarían apoyando las labores de seguridad pública.

“La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas por lo que estas se mantendrán a mediano plazo en las calles. No se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó. No se podría atender el problema de la violencia e inseguridad sin utilizar al Ejército y la Marina”, declaró López Obrador. Ese fue el diagnóstico que dos días antes, el 23 y el 24 de agosto, le habían dado al presidente electo los secretarios de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón. Los dos mandos militares convencieron a López Obrador de que la Policía Federal, con la que tanto el Ejército como la Armada habían chocado y tenido fuertes diferencias durante todo el sexenio de Peña Nieto, “no servía, que no estaba consolidada y que la mayoría de sus miembros estaban metidos en la corrupción”.

No fue casualidad que justo después de reunirse con Cienfuegos y con Soberón por separado, en las instalaciones de la Sedena y de la Marina, AMLO haya cambiado radicalmente no solo su visión sobre la PFP, sino también lo que pensaba y decía públicamente sobre la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad civil, algo que siempre cuestionó y criticó en campaña, cuando prometía que “los militares volverán a sus cuarteles, porque no deben estar haciendo labores de policías para las que no están capacitados”.

A partir de ahí la Policía Federal, el órgano civil más grande de seguridad en México, fue sentenciada a desaparecer y se comenzó a operar la creación de un cuerpo militarizado para encargarse de la seguridad pública, lo que después derivaría en la reforma constitucional para legalizar la participación de los militares en esas tareas civiles y daría pie a la Guardia Nacional, que aunque se aprobó por unanimidad en el Congreso como una institución con un mando civil, en los hechos, sobre todo ahora que ha empezado a operar formalmente, se ve como una organización militarizada formada hasta ahora por soldados del Ejército y miembros de la Marina, mientras que la tercera parte que debe integrarlos, precisamente los agentes de la PFP, llevan tres días en rebelión y en paro de actividades, porque no se respetaron sus prestaciones sociales y antigüedad al integrarlos a la Guardia.

La Venganza de Cienfuegos

Detrás de la sentencia de muerte que López Obrador dictó desde agosto de 2018 a la PFP, estaba el coraje que, principalmente el general Cienfuegos, pero también el almirante Soberón, tenían en contra de la Policía Federal por los constantes choques y diferencias que tuvieron los militares con el secretario de Gobernación peñista, Miguel Ángel Osorio Chong. Los mandos civiles, comandados por Osorio y por los comisionados nacionales de Seguridad y directores de la Policía Federal, como Enrique Galindo, Renato Sales o Manelich Castilla, nunca aceptaron subordinarse a la autoridad de los militares y eran frecuentes los roces y la falta de coordinación en los operativos y estrategias de combate al crimen organizado.

Alguna vez en una comida con periodistas en el sexenio pasado, el general Cienfuegos explotó contra “los ineptos civiles que tienen el control de la seguridad federal”, en clara alusión a Osorio Chong y a su equipo.

El entonces secretario se quejaba duramente de que no se le reconociera al Ejército la autoridad y jerarquía sobre los cuerpos civiles y cuestionaba la descoordinación y las decisiones que se tomaban en el gabinete de seguridad, que coordinaba el titular de Gobernación.

Tal vez por eso, cuando tuvo la oportunidad, y López Obrador los buscó a él y a Soberón para pedirles un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en el país, el general y el almirante no dudaron en echarle toda la tierra posible a la PFP y a las instituciones civiles, para convencerlo de que “no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y a la Marina”, y que “sería irresponsable acuartelar a los militares y dejar a la población en la indefensión”, tal como lo afirmaría el presidente electo en la conferencia de prensa que dio aquel 25 de agosto de 2018, en donde, en una total incongruencia con su discurso político hasta ese momento, aceptaba recargarse completamente en las fuerzas castrenses como la “única opción” y la “salvación” para la seguridad de la Patria.

Ahí nació el “pacto de lealtad” que desde entonces Andrés Manuel López Obrador tiene con el Ejército y la Marina, a los que no solo les dio un marco constitucional y legal y les entregó la responsabilidad de la seguridad civil en el país -algo que ni siquiera Felipe Calderón, que los sacó a las calles a combatir al narco, y mucho menos Peña Nieto, pudieron o quisieron darles-, sino que además el actual Presidente ha convertido a las fuerzas castrenses en sus mayores aliados, en constructores de aeropuertos, contratistas del Gobierno, vigilantes de ductos y hasta en sus consejeros políticos, pues todos los días, el primero en ver y hablar con el presidente en el Palacio Nacional, no solo de seguridad sino de muchos otros temas, es el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval.

Ayer mismo en Chiapas, donde inició una gira para revisar hospitales públicos de todo el país, el presidente López Obrador habló de la grave inseguridad en el país y afirmó que él trabaja “todos los días en reuniones de 6 a 7 de la mañana en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad. Todos los días recibo el parte de la situación en el país y los delitos que se cometen en todo México”, y aseguró que está enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia porque “problema que se soslaya, estalla, pero si el problema se enfrenta todos los días, es claro que vamos a vencerlo”. Lo único que le faltó mencionar es que, para enfrentar ese problema, el optó por la vía militar y decidió desdeñar y enterrar, en su Gobierno, a las policías civiles... Los dados mandan Serpiente doble. Semana difícil.
04 Julio 2019 04:01:00
AMLO ante la rebelión en la PF, ¿la mano de Osorio Chong?
Ante la rebelión inédita en la Policía Federal que ayer miércoles puso en jaque a la Ciudad de México y hoy amenaza con extenderse a toda la República, por la denuncia de violaciones a sus derechos laborales al integrarlos a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como buen beisbolista, primero bateó las demandas y exigencias de los agentes federales descalificando su movimiento al considerar que “no hay razón y no es una causa justa”, y luego, desde el montículo del poder, lanzó una bola caliente, con una delicada acusación: que “hay mano negra” detrás de este conflicto y que esa mano podría ser de “quien manejaba antes (a la PF) desde los sótanos de Bucareli”.

No hace falta inferir mucho para leer en el señalamiento del Presidente el nombre de quien, como secretario de Gobernación en el sexenio pasado y actual líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el responsable de la seguridad y del manejo de la Policía Federal en los últimos seis años. ¿Sugiere el Presidente que Osorio Chong está detrás de este movimiento, hasta ahora pacífico de los policías federales, pero que amenaza con radicalizarse que puede descarrilar el arranque de su Guardia Nacional? De ser así sería una acusación grave y delicada que, no sólo tendría que probarse, sino también ser respondida por quien es aludido y, entre líneas, señalado de algo que puede parecer un amotinamiento o una rebelión de una fuerza federal. Veremos si Osorio Chong acusa recibo y responde a tan grave inferencia del Presidente.

No deja de ser una paradoja que el Presidente, quien construyó su carrera política y su liderazgo social precisamente con bloqueos, paros y plantones (desde su origen en los pozos petroleros de Tabasco, hasta la toma del Paseo de la Reforma en 2006, pasando por los “éxodos por la democracia” al antiguo DF) hoy deslegitime el movimiento de los policías federales que no se niegan a integrarse a la Guardia Nacional, sino que rechazan la forma en la que se les ha maltratado no sólo en este proceso, donde se desconoce su antigüedad, se modifica su estatus laboral y sus prestaciones, sino a lo largo de los últimos meses cuando, una y otra vez, desde la misma Presidencia, han sido señalados de “corruptos, echados a perder”.

En contraparte, hay que reconocerle a López Obrador su disposición al diálogo y su ofrecimiento de que respetará el derecho de manifestación que tienen los federales, sin reprimir su movimiento y buscando llegar a un acuerdo que atienda sus demandas y no afecte sus derechos laborales. Porque según el Presidente, el proceso de integración de los miembros de la PF a la Guardia Nacional no es obligatorio y solo se invitará a participar a los que acepten y pasen los procesos de selección militares, algo a lo que también se oponen los policías en paro.

Por lo pronto, y en espera de que López Obrador le ponga nombre y apellidos a la “mano negra”, y que en Palacio Nacional confirman que se refiere a “personajes de poder del sexenio pasado” a los que incluso ubican detrás de las primeras quejas de los federales enviados a los operativos del Instituto Nacional de Migración, a los que el comisionado Francisco Garduño llamara “fifís”, lo que hoy queda claro es que Alfonso Durazo, que hasta ayer no quiso darles la cara a los policías amotinados y mandó sólo a sus subsecretarios, tiene enfrente un reto mayúsculo que, si no lo resuelve bien y supera la crisis que ya tiene en su dependencia, corre el riesgo de descarrilar no solo a la Guardia Nacional y a la incipiente estrategia federal de seguridad, sino también sus aspiraciones para irse como candidato al Gobierno de Sonora en el 2021.
03 Julio 2019 04:01:00
Bartlett y los radicales del Gabinete
En el reciente análisis que hiciera Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, sobre el papel que está jugando el Gabinete en estos primeros siete meses de Gobierno y que incluyó críticas a la “ausencia” y la “lentitud en el aprendizaje” de varios miembros del equipo presidencial que no caminan al mismo ritmo que López Obrador, al senador le faltó analizar la existencia de dos grandes bloques que hasta ahora se observan en el gabinete lopezobradorista: el de los “radicales” y el de los “moderados”, y cuyas diferencias, tensiones y jaloneos, también son causa de que a veces se observe a un equipo que, lejos de ayudar, le complica al Presidente las decisiones y acciones de Gobierno y la aplicación de las políticas públicas.

Un buen ejemplo de la existencia de estos grupos en el Gabinete presidencial y del efecto que tienen en los asuntos públicos, ocurre en este momento en el sector energético versus la política económica y la certidumbre a las inversiones. Las áreas energéticas, dominadas por el triunvirato radical de Manuel Bartlett, en la CFE; Rocío Nahle, en la Sener, y Octavio Romero, en Pemex, han entrado en abierto conflicto con las áreas económicas bajo el dominio de los moderados Carlos Uzúa, en Hacienda, y Alfonso Romo, en la Oficina de la Presidencia, y la relación con los empresarios, provocando choques y conflictos que hoy ya se reflejan incluso en amenazas de litigios internacionales por el desconocimiento de contratos e inversiones nacionales y extranjeras en el sector energético.

El más reciente caso, que refleja esa pugna interna en el Gabinete presidencial y que amenaza con desatar ya no sólo un conflicto legal internacional sino también una tensión diplomática con un socio estratégico como Canadá, es la decisión del director de la CFE, Manuel Bartlett, de solicitar la revisión de los contratos de varias empresas constructoras de gasoductos a las que se les otorgaron contratos en el sexenio pasado, como Ienova, TC Energy y Transcanada, de origen canadiense, y las mexicanas Carso Energy, de Carlos Slim, y Fermaca.

Aunque es claro que Bartlett no actuó solo ni por la libre y que fue el mismo López Obrador quien desde la campaña e incluso la semana pasada desde su conferencia matutina defendió la decisión de revisar cláusulas de esos contratos que consideró “leoninos”, mediante un arbitraje internacional, la acción tomada por la CFE, que ahora culpa a las cuatro empresas de haber sido ellas las que primero pidieron el arbitraje internacional, desató un conflicto con el empresariado nacional y extranjero.

El conflicto que desató la decisión de Bartlett escaló tanto, que ayer “de emergencia”, el presidente López Obrador tuvo que recibir en Palacio Nacional a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar y Antonio del Valle Percochena, que acudieron con la representación del empresariado nacional y extranjero a exigir que el Jefe del Ejecutivo interviniera para instalar una “mesa de conciliación” que evite los altos costos que pagarían no sólo las empresas constructoras de gasoductos, sino el mismo Gobierno y el país con un mensaje tan negativo de incertidumbre y falta de seriedad de las autoridades mexicanas ante compromisos y contratos de inversión.

Y aunque López Obrador entró al quite y aceptó instalar la instancia de “conciliación”, está claro que decisiones como las de CFE, al igual que otras que ha tomado en su momento la Sener de Nahle en temas como la cuestionada construcción de la refinería de Dos Bocas, o la cancelación de los contratos de asociación privada en el Pemex que dirige Octavio Romero, sí son de la línea más radical del Gabinete, el ala dura que insiste en restaurar un modelo energético totalmente estatizado y con empresas tan fuertes como fueron Pemex y la CFE en décadas pasadas. Pero también, por el juego que juega el Presidente, que a veces les da cuerda a los radicales y a veces escucha, aunque menos a los moderados, no hay decisión que se tome sin su consentimiento. La pregunta es cuál de los dos AMLO terminará por definir el futuro de temas tan trascendentes como la política energética y la necesaria certidumbre en las inversiones en ese y otros sectores de la economía: ¿el Presidente moderado o el Presidente radical?

Al final parece cada vez más claro que todo ese juego de radicalismos y posiciones más moderadas en materia económica y energética, son parte de la estrategia de negociación de Andrés Manuel López Obrador, que un día manda a los radicales a anunciar medidas como la revisión de contratos y al otro acepta negociar para lograr doblegar a los ya asustados empresarios. ¿Hasta dónde dará ese modelo sin que termine por dinamitar completamente la confianza y la certidumbre de los empresarios e inversionistas para que se concreten las indispensables inversiones nacionales y extranjeras sin las cuales la economía mexicana, ya de por sí a la baja, simplemente no podrá crecer ni repuntar en los meses y años venideros?
02 Julio 2019 04:01:00
Elogios de Trump y aplausos en el Zócalo
Justo en el día que celebraba, con un acto de masas en el Zócalo, el primer aniversario de su triunfo histórico en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibía, desde Washington, un elogioso “reconocimiento” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los “esfuerzos migratorios que está realizando su Gobierno. Y, como si fuera un premio por su buen comportamiento en la defensa de los intereses estadunidenses, con la detención y retención forzosa de los migrantes indocumentados en la frontera sur, para que no lleguen a territorio norteamericano, además de recibir a sus miles de migrantes deportados en la frontera norte, Trump anunciaba que no habrá más amenazas de aranceles a México “por ahora”.

Pareciera que, en un mismo día y en una fecha que para él era de lo más importante –quién sabe si por casualidad o porque así lo operó el canciller Marcelo Ebrard en sus fugaces encuentros con Trump en Osaka durante el fin de semana– López Obrador logró tener el reconocimiento interno en un acto de masas que confirma no sólo su fortaleza popular, sino también el apoyo de empresarios importantes como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, además de lograr también un elogioso reconocimiento del presidente de Estados Unidos, que aunque positivo por el anuncio del retiro momentáneo de las amenazas de aranceles, también deja la sensación de un Gobierno mexicano totalmente sometido a la agenda y los dictados políticos y electorales de la administración Trump.

Un doble logro y una jornada políticamente redonda para el Presidente en el primer aniversario de su triunfo en las urnas.

Porque en materia de política interna, no queda duda de que Andrés Manuel sigue siendo el líder social y de masas que, aún con siete meses de Gobierno y el desgaste de algunas decisiones, retrasos o ineficiencias en su Administración, conserva un amplio respaldo social y popular que se manifestó ayer en el Zócalo, donde más que un “informe de logros” como eufemísticamente lo llamó la Presidencia, lo que se vio fue un discurso puntual y claramente dirigido a sus bases sociales que tuvo el efecto exacto que se proponía el Presidente: desviar la atención de las críticas y problemas que enfrenta su Gobierno para relanzar su Cuarta Transformación e instituir en sus nuevos rituales y mitos del calendario cívico y político el día de la fundación del “nuevo régimen” e informar del desmantelamiento del “viejo régimen”.

Mientras tanto en política exterior –la que no le importa tanto al Presidente y que la confunde con su habilidad para hablar o no el idioma inglés– también es innegable que su criticada y cuestionada ausencia de la Cumbre del G-20 pudo ser salvada por la actuación de un, cada vez más activo canciller Marcelo Ebrard, que a través de las redes sociales se dejó ver en fotos y reuniones con los líderes más importantes para México, incluida su presencia en la foto oficial del evento. Si a eso se suma el “espaldarazo” de Trump en una fecha que no parece nada casual, al Gobierno de AMLO, está claro que, a tiros y tirones, y más con el activismo y la habilidad de Ebrard que con el interés o el empuje del Presidente, la política exterior también va caminando para la Administración lopezobradorista.

Y finalmente, la tarde de ayer también fue de muchos símbolos. Desde el mensaje que llegó de la Oficina Oval, hasta las imágenes de un Zócalo pletórico, en el que el presidente López Obrador tenía, visto desde el escenario principal, el Palacio Nacional a su izquierda, la Catedral Metropolitana con su simbolismo religioso a la espalda, enfrente de él al empresario más rico de México y a las masas que aclamaban su discurso. Y arriba, junto con él en el templete, sólo una política invitada: la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que también se asumía como anfitriona del evento. Nadie más, ni un gobernador ni ningún otro miembro del gabinete que todos estaban abajo en la sillería. El que quiera entender que entienda.
01 Julio 2019 04:00:00
Un año después… ¿y ahora qué sigue?
Ha transcurrido un año desde la histórica jornada electoral en la que Andrés Manuel López Obrador ganó arrolladoramente la Presidencia de México y se convirtió en el primer político “de izquierda” en llegar al Poder Ejecutivo.

El mayor e indiscutible logro sigue siendo el haber despertado y concitado la esperanza de millones de mexicanos que vieron en la figura y el mensaje del político tabasqueño la posibilidad de un cambio radical para sacudir y desmantelar al viejo sistema, hasta ese momento gobernado por el PRI y el PAN, y que votaron también movidos por el coraje y el hartazgo ante la corrupción, la complicidad y la indolencia de las autoridades federales.

Un año después, aquel movimiento antisistémico que le dio 30 millones de votos, mantiene a López Obrador como uno de los presidentes más populares y con mayor aceptación en la historia reciente, pero indiscutiblemente los siete meses de ejercer como gobernante, han provocado también un desgaste que se refleja en una caída de casi 10 puntos en las mismas encuestas de aprobación que lo encumbraron.

Y es que en 365 días la llamada cuarta transformación, como el Presidente nombró al movimiento político, económico y social que impulsa ha resultado muy efectiva, pero más en el discurso, la retórica y la propaganda presidencial, que todos los días repite la idea de un país que “ya cambió”, aunque en los hechos sigan sin aterrizar la mayoría de los
cambios, sea por la complejidad de los temas o por la no reconocida, pero inevitable “curva de aprendizaje” de un Gobierno y un Gabinete que, con demasiados novatos, no ha sido efectivo y eficiente.

Hoy, por ejemplo, tenemos sí un Gobierno que reorientó y modificó radicalmente el presupuesto público para orientarlo a los sectores más necesitados; pero que en su afán de darle a esos sectores sociales apoyos económicos directos, no sólo canceló y desmanteló, de un plumazo y sin un análisis de eficiencias desideologizado, todos los programas y avances anteriores en materia de apoyos sociales.

Tenemos sí un Gobierno más austero y que eliminó muchos de los gastos superfluos y los despilfarros de la clase gobernante que tanto molestaban; pero también una Administración federal que, a fuerza de recortes, ahorros y una austeridad mal entendida, terminó por afectar a los mismos sectores más desprotegidos.

En la corrupción y su combate, la gran bandera política con la que ganó hace un año, hay hasta ahora muchas más palabras y discursos que acciones. Hay acusaciones y procesos abiertos, incluso órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su hermana, pero la mayoría de los nombres y personajes que movieron a votar masivamente por la opción del lopezobradorismo, siguen gozando de lo que pudieron saquear al erario.

A eso hay que añadir la situación de la economía, que en este año y marcadamente en los siete meses de Gobierno ha pasado de la tendencia negativa con la que cerró el sexenio pasado, a una muy posible recesión y un crecimiento que, si bien nos va, llegará al 0.7% en este año. De la seguridad, los números no mienten y hablan de una crisis desbordada en la mayoría de los estados del país.

Lo que vamos a ver hoy en el Zócalo, es un acto apoteósico en el que, a ritmo de cumbia y discursos propagandísticos, el presidente López Obrador, nos dirá, con sus consabidos “otros datos”, que a un año de su histórico triunfo, este país ya es otro, que las cosas han cambiado para mejorar y que “vamos requetebién”. Y habrá un amplio sector que así lo crea y reivindique “los logros”; pero también habrá la otra parte que en su momento apoyó y votó por la esperanza y otra que de plano siempre fue oposición recalcitrante y miren con recelo y
desconfianza.

Y algunos hasta se preguntan ¿el 1 de julio de 2018 fue la meta final para un luchador social como López Obrador? ¿O después de ganar las elecciones tenía algo más en mente y si es así lo veremos en algún momento dejar de actuar sólo como el líder que quiere siempre complacer y agradar a las masas y empezar a actuar y a tomar decisiones, a veces impopulares pero necesarias, como gobernante
y estadista?

Porque un año después y siete meses de transcurrido el Gobierno, es innegable que, junto con la polarización social que arrastramos desde aquella elección, empieza a haber fisuras y grietas en un proyecto político por las que se cuela la impaciencia, el descontento y hasta la de-
sesperanza, por no mencionar el miedo y la incertidumbre.
29 Junio 2019 04:02:00
¿Cómo pasamos de la crisis migratoria a la crisis humanitaria?
La crisis de la migración masiva e indocumentada desde Centroamérica, la misma que hoy tiene a México contra la pared y sometido a enormes presiones en su relación con Estados Unidos, amenaza con desbordarse y generar una crisis humanitaria en el país. El origen de la incómoda posición que hoy juega México en este conflicto regional entre Centro y Norteamérica, se remonta más o menos a octubre, cuando se registraron las primeras caravanas de migrantes hondureños y guatemaltecos que vieron en la desordenada y caótica frontera sur mexicana una puerta de entrada hacia el ansiado “sueño americano”. Por esas fechas en México había dos presidentes en funciones, el que se iba, que ya no gobernaba ni tomaba decisiones, Enrique Peña Nieto, y el electo que llegaba, Andrés Manuel López Obrador, que ya dictaba la agenda, anunciaba políticas y hasta asumía ya parte de la negociación bilateral con el Gobierno de Donald Trump, en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio. Dos figuras del futuro Gabinete electo, Marcelo Ebrard y Jesús Seade, participaban en las definiciones de los términos del nuevo T-MEC, aún coordinados con el equipo negociador del Gobierno saliente y que lideraban Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Hubo entre octubre y noviembre de 2018, un hecho clave: la negativa tajante del Presidente electo, a que en el nuevo T-MEC se incluyera un capítulo relativo al sector energético, ya aceptado por el Gobierno de Peña Nieto. El equipo de AMLO se opuso al tema en el tratado y la tensión estuvo a punto de romperlo, según reveló el jueves el ahora Presidente: “Se rompieron las pláticas. Insistió el Gobierno de entonces (Peña Nieto), insistieron todos en que aceptáramos y dijimos: eso no. Estamos de acuerdo en todo, pero ese capítulo no”, comentó. Luego detalló cómo se resolvió el tema cuando Trump “aceptó nuestra propuesta”, y el citado capítulo energético quedó solo en dos párrafos que dicen que México es libre y soberano de sus recursos naturales, en particular en el sector energético y especialmente en el petróleo. “Por eso le tengo consideraciones y respeto al presidente Donald Trump. Ya cuando estaba a punto de darse a conocer, y todo esto se manejó en sigilo, que no se iba a llegar a un acuerdo por ese tema, él, Trump, aceptó nuestra propuesta”, agregó el Presidente. Lo que no explicó es cuál fue “nuestra propuesta” que Trump aceptó; y ahí entran las versiones cada vez más claras de que Trump y sus halcones eliminaron el capítulo energético del T-MEC a cambio de que México aceptara “colaborar en materia de migración”. Colaboración que sería exigida al presidente electo antes de tomar posesión del cargo.

El tenso encuentro de Miami y el “Acuerdo de California”

Para enero del 2019, recién llegado el Gobierno de AMLO, Trump comenzó a cobrar el favor del capítulo energético. El 19 de enero, Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, recibió la primera “petición de colaboración” de James McCament, subsecretario de Estrategia del Departamento de Seguridad Interior. McCament exigió que México recibiera a todos los indocumentados deportados de EU en las garitas porque la nueva Administración, con su política “de puertas abiertas y visas” provocó que se disparara la migración ilegal de Centroamérica. Alcocer rechazó la propuesta y el Gobierno mexicano solo aceptó recibir al día a 20 migrantes deportados con visa mexicana y en Tijuana. Pero ante el enojo de Trump, que quería más “colaboración” mexicana, se realizó un encuentro de “emergencia” entre la secretaria de Seguridad Interior, Kirjsten Nielsen, y la titular de Gobernación, Sánchez Cordero. El 28 de febrero, en Miami, las secretarias llegaron con algunos de sus asesores al encuentro y, apenas sentándose en la mesa, Nielsen soltó: “Queremos que cumplan el acuerdo que hicieron” y aceptar la apertura inmediata de 11 puntos en la frontera mexicana para recibir migrantes deportados, a donde se enviaría una cifra gradual hasta llegar a 200 deportados diarios. “Es lo que ustedes aceptaron en California y exigimos que se cumpla”, dijo tajante Nielsen, que amagaba con el cierre de la frontera. Olga Sánchez, el entonces director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, y Jorge Alcocer, negaron que ese acuerdo haya sido suscrito por el Gobierno de México. La tensión llegó a tal punto que acordaron un receso para hacer “consultas”. Ya en el diálogo informal un funcionario estadunidense le dio a la delegación mexicana más detalles de lo que ellos llamaban el “Acuerdo de California”: resultó que en las negociaciones del T-MEC, entre octubre y noviembre, el negociador mexicano, Marcelo Ebrard, se entrevistó en California con Mike Pompeo y sus asesores que ahí plantearon, según la fuente estadunidense, la aceptación de México a recibir a los migrantes deportados y a instalar “11 puntos de recepción”. Nielsen presionó tanto, que Olga Sánchez aceptó, previas consultas con Palacio Nacional y el aval de AMLO, la apertura de otros dos puntos de recepción en Mexicali y Ciudad Juárez, que se sumaban a Tijuana para aceptar 20 deportados diarios, con el compromiso de aumentar de 10 en 10, hasta alcanzar 9 mil deportaciones con visas humanitarias mexicanas por mes. El Gobierno de México aceptó desde entonces ser el “tercer país seguro”, aunque eufemísticamente justificaron con el cumplimiento de la Ley 235.

El mensaje de Kushner, la amenaza arancelaria y la rendición de Marcelo

A partir de ahí el Gobierno de López Obrador estuvo de rodillas ante Trump. Y cuando a este no le convenció el esfuerzo de México, mandó a su yerno, Jared Kushner, a reunirse en privado con López Obrador. En la casa del empresario de Televisa, Bernardo Gómez, en aquella cena del 19 de marzo, Kushner, llegó con el encargado de la embajada de EU en México, John Creamer, reiteró la “enorme molestia del presidente Trump” por los incumplimientos en materia migratoria. “Si no hacen algo urgente para detener a los centroamericanos, no solo cerrara la frontera, sino que no habrá T-MEC”. Fue entonces que AMLO decidió meter al canciller Ebrard a “supervisar” el tema migratorio y ahí comenzó el desplazamiento de Sánchez Cordero, quien se oponía a endurecer las políticas contra los centroamericanos y a que México recibiera más migrantes de EU. El 8 de abril, Trump corrió de su gabinete a Nielsen, por considerar que no era lo suficientemente dura con México. Las cifras de centroamericanos cruzando México y llegando hasta la frontera con EU siguieron creciendo, igual que su molestia por “la incapacidad de México”. En la Casa Blanca estaban tan enojados, que Pompeo dejó plantado a Ebrard cuando lo visitó en Washington el 22 de mayo. Pompeo argumentó “una reunión de última hora con Trump” y el canciller fue recibido por un subsecretario que aceptó, solo por trámite, una copia del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. El 1 de junio vino la amenaza de los aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas. López Obrador entró en pánico y al enviar a Ebrard “a negociar” a Washington sabía que solo iba a firmar lo que le pidieran y aceptar, por escrito, los acuerdos que hizo en California en noviembre. El Gobierno de AMLO aceptó ya, en los hechos, convertirse en el “tercer país seguro” de EU, además de militarizar las fronteras y detener migrantes para que no molesten a Trump. Y lo hizo a cambio de nada. Al menos Turquía cuando aceptó ser “tercer país seguro” de Europa exigió 6 mil millones de euros para atender a los migrantes, y ni siquiera con eso ha podido evitar que el tema lo rebase. ¿Cuánto aguantará México, al que ni siquiera le dieron ayuda económica de Washington hasta que la crisis migratoria explote y se produzca una tragedia humanitaria?

Los dados mandan serpiente.
26 Junio 2019 04:04:00
Alianzas y reacomodos en la 4T
A días de cumplirse el primer aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas, en la Cuarta Transformación los grupos internos realizan movimientos y alianzas con miras a fortalecer sus posiciones y liderazgos. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han llegado a un acuerdo para que el líder de los senadores apoye la candidatura del ebrardista Mario Delgado para la dirigencia nacional de Morena, que se renueva en octubre cuando termine la presidencia de Yeidckol Polenvsky.

Ante la decisión del Presidente de dejar suelta la disputa por Morena, liderazgos como los de Ebrard y Monreal, aunque disímbolos y en el papel encontrados, pactan para intentar disputarle el control del partido gobernante al grupo de Polevnsky, que junto con Bertha Luján buscarían mantener la dirigencia, en una disputa que es clave con miras a las elecciones intermedias de 2021 y a la definición de las candidaturas a diputados federales y a 13 gubernaturas que se renovarán ese año.

La alianza entre dos de los liderazgos más fuertes en el actual Gobierno -además de dos mencionados prospectos presidenciables- se produce cuando el canciller Ebrard está en la palestra y en la mira nacional e internacional por su papel de interlocutor directo con la Administración de Donald Trump y como coordinador de la nueva y endurecida política migratoria del Gobierno de México, que con más de 25 mil soldados, marinos y policías federales en la frontera sur, y otros 15 mil militares sellando la frontera norte, trabaja a marchas forzadas y contra reloj para cumplir, en los 28 días que le quedan, con los compromisos que él mismo suscribiera con Washington.

Es tal la relevancia que el propio López Obrador le ha dado a Ebrard y al mismo tiempo tan complicada la tarea que le ha encargado, que en el gabinete ya se manejan dos versiones sobre lo que esto puede significar: una, insistente, dice que Marcelo está próximo a convertirse en secretario de Gobernación, algo que en los hechos ya casi ejerce, mientras que a la cancillería llegaría un empresario cercano a los afectos del Presidente; pero la otra versión asegura que al canciller, más que promoverlo, “lo están quemando a fuego lento, como a los pollos en rosticería”, ante las pocas probabilidades de que el secretario de Relaciones Exteriores, y con él todo el país, salga bien librado de una “evaluación” en la que, aun cuando le reconozcan los avances y esfuerzos realizados en los primeros 45 días, Trump y sus halcones le van a exigir mucho más a México, a partir de todo lo que ya cedió y entregó.

Mientras tanto Monreal ha mostrado también la solidez de su liderazgo en el Senado, lo mismo al lograr una muy tersa aprobación del T-MEC, que al convencer al Presidente de ceder en el tema de su revocación de mandato, ante la ausencia de condiciones para negociar el tema con el bloque opositor de PAN, PRD, MC y PRD. Monreal se ha convertido en un operador confiable para López Obrador y, aunque en un principio había decidido buscar él solo la dirigencia de Morena, con un prospecto que resultó fallido por su estridencia, como el de Alejandro Rojas Díaz Durán, decide aceptar una alianza con el candidato ebrardista.

Detrás de estos movimientos y alianzas entre Ebrard y Monreal no solo está el tema de coyuntura de la disputa por Morena, sino parece haber mucho más de fondo. Y es que al cumplirse un año de la victoria histórica de Andrés Manuel López Obrador se avecinan cambios importantes, de forma y fondo, que le darían un giro al Gobierno del Presidente. ¿Para eso se están armando los grupos y liderazgos de la 4T?


NOTAS INDISCRETAS…

En busca de evitar rupturas y divisiones en el proceso del PRI, la semana pasada se reunieron a comer el exdirigente nacional del priismo Manlio Fabio Beltrones y el candidato a la dirigencia Alejandro Moreno Cárdenas. La comida, en un restaurante japonés de un hotel de Polanco, se llevó varias horas y el diálogo fue intenso y abierto. Aunque no se habla aún de acuerdos concretos, el acercamiento cobra relevancia porque Beltrones apoyaba al doctor José Narro y, de hecho, tras la renuncia del exrector de la UNAM, amagó con que no acudiría a votar el 11 de agosto por desconfiar del proceso y del padrón de militantes. Y a pesar de que Manlio y Alito tenían un buen tiempo sin reunirse, el acercamiento se dio en buenos términos. ¿Habrá acuerdo?... Se baten los dados. Serpiente.
25 Junio 2019 04:02:00
AMLO y el dolor de los desaparecidos
Ocho meses después de que decidiera, aún como presidente electo, suspender los Foros de Paz porque las demandas, quejas y los airados reclamos de una sociedad lastimada por la violencia lo rebasaron, Andrés Manuel López Obrador, ahora como Presidente, volvió a enfrentar ayer lunes los gritos de dolor y desesperación de las madres, padres y familiares de desaparecidos en México, que igual que entonces volvieron a pedir lo mismo: “Ayúdeme a encontrar a mi hijo”, “Búsquenlos vivos no en fosas”, “La Marina se los llevó”.

La imagen de una madre que se arrodilló frente al Presidente para llorar y clamar por apoyo para encontrar a su hijo que de-sapareció en Tamaulipas, terminó por abrumar a López Obrador, que en su discurso reflejó todo el impacto personal y político que este tema le provoca, antes y ahora: “Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. Y vaya que dejaron muchos pendientes… No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea… Hay 72 asuntos prioritarios en el Gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y de la violencia y sobre todo, el de los desaparecidos. No se están escatimando recursos”, dijo.

Un gobernador que asistió como invitado al evento en Palacio Nacional, comentó al salir del encuentro que fue notorio para quienes estaban junto al Mandatario la forma en que los gritos y reclamos de los familiares de los desaparecidos lo alteraron, porque al final se trata no de un público que aplaude y apoya a López Obrador, como los que suele haber en casi todos sus actos públicos, sino de un grupo de personas que, ya desde antes de tomar posesión, habían recibido y reclamado con gritos y testimonios de dolor y desesperación al ahora Mandatario nacional, provocando en su momento la cancelación de aquellos Foros de Paz en cinco estados, cuando el problema de los desaparecidos comenzó a desbordarse y a rebasar a todos los demás asuntos de seguridad y violencia.

Pero a diferencia de aquella vez, cuando la dimensión del problema de los desaparecidos rebasaba incluso su Plan de Paz y Amnistía y las víctimas y familiares de desaparecidos le gritaban y reprochaban que no podían perdonar a los que se llevaron a sus hijos o a los asesinos que les quitaron la vida, porque “sin justicia no hay perdón, ni habrá paz”, esta vez el Presidente tenía más argumentos para intentar contener la lluvia de reclamos y exigencias de ayuda con el Sistema Nacional de Búsqueda creado en este Gobierno y que ha empezado a sistematizar y a implementar protocolos y presupuestos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las promesas de apoyo que hacía el presidente López Obrador eran reforzadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien anunciaba el envío de 420 millones de pesos para apoyar a los Servicios Médicos Forenses en los estados, que se han visto completamente superados, tanto en las labores de manejo y disposición de cuerpos, como en las capacidades de identificación de restos que aparecen en fosas clandestinas y en las exhumaciones realizadas por el Gobierno federal y los gobiernos estatales.

Después del Presidente, que tuvo que poner cara y aguantar los reclamos y gritos de los familiares de desaparecidos, la parte más dura de este tema la llevó ayer Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quién presentó su informe de trabajo con cifras y datos que ella misma definió como “de terror”. Y es que tan solo de diciembre a la semana pasada, la comisionada refirió el hallazgo de 207 nuevos sitios de inhumación clandestina en el país; de 426 nuevas fosas clandestinas principalmente en estados como Veracruz, Colima y Sinaloa, y la aparición en esos lugares de 551 cuerpos y restos. Quintana dijo que hasta abril de 2018 se tiene un registro de 40 mil desaparecidos en todo México, pero anunció que se está creando un sistema que actualice de manera permanente esta cifra y que incluya también a víctimas de trata y de secuestro y que cualquier persona pueda subir información de un desaparecido, sin necesidad de contar con una denuncia legal por el hecho.

En fin, que otra vez el doloroso y complicado tema de los desaparecidos, con toda su estela de dolor, muerte y ausencia de justicia y de apoyo a las familias de las víctimas, se le estrelló en la cara al Presidente, que aunque poco habla del tema y más bien parece rehuirlo, ayer tuvo que enfrentarlo y plantarse ante los dolidos y desesperados familiares. Qué tan fuerte sería el golpe de realidad que el mismo López Obrador, consideró que, comparado con esto, el problema de la corrupción en el país –del que sí habla todos los días y hasta explota políticamente– “tiene solución pronta y expedita”, mientras que de los desaparecidos, no dijo si tiene realmente la solución, aunque sí les aseguró a las familias: “puedo enfrentar esta situación lamentable, grave, porque no tengo problemas de conciencia”. ¿Podrá AMLO paliar el dolor de los desaparecidos y poner fin a la que él mismo llamó “la peor herencia” que recibió su Gobierno?
24 Junio 2019 04:03:00
Los bailes de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto se fue de la Presidencia de la República pero no de la presencia pública. No pasa una semana sin que sepamos de los andares del polémico y polifacético expresidente, lo mismo porque se divorcia de su esposa que porque aparece en un video viral bailando con su novia, cantando al lado de Julio Iglesias en una fiesta de abogados y mafia jurídica o porque se le menciona en una investigación en Estados Unidos por haber recibidos presuntos sobornos por la venta fraudulenta de una planta de fertilizantes.

También los apellidos del expresidente se escuchan igual en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, que un día dice “que lo investiguen” en relación a los señalamientos desde EU, pero al otro lo exonera diciendo que su Gobierno no tiene “investigación alguna en contra de Peña”, mientras que las iniciales EPN flotan también en el caso más fuerte que lleva hasta ahora la Fiscalía General de la República, el que involucra a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, a su hermana Gilda Susana, al empresario Alonso Ancira y a los miembros del Consejo de Administración de la petrolera, por la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados.

Porque detrás de ese caso y la persecución judicial y búsqueda del prófugo Emilio Lozoya está también un pleito a muerte entre integrantes del que fuera el círculo más íntimo de amigos y colaboradores del expresidente Peña.

El nombre de Luis Videgaray ha sido mencionado por Lozoya como el responsable de la cacería en su contra, por una “venganza personal y política”, en palabras de su abogado, Javier Coello Trejo.

Y en ese resquebrajamiento del peñismo, que pasa de ser un barco a la deriva a uno que empieza a hundirse, son muchos los que saltan y se tratan de poner a salvo, sin importarles abandonar al capitán, como lo ha hecho el propio Lozoya Austin al empezar a cumplir sus amenazas de que “si yo caigo, caemos todos”, y hablar lo mismo de “citar a declarar a Peña Nieto” que a decir a los cuatro vientos, que “todo lo que hizo fue con el consentimiento del Presidente”.

La paradoja es que, mientras uno pensaría que el expresidente la pasa mal, siempre que se le ve públicamente se muestra de lo más relajado y sonriente y hasta enamorado, cuando no está, dicen sus más cercanos, en el campo de golf de su residencia en Ixtapan de la Sal.

No parece que, tener que estar bailando en tantas pistas al mismo tiempo, desde las de muchas fiestas y eventos sociales a los que es invitado, o las de los señalamientos y acusaciones que rechaza a través de su cuenta de Twitter, le quiten, por ahora, ni el sueño ni la tranquilidad y menos la dulzura de su eterna luna de miel.

Todavía tiene el tiempo y la caradura, según acusan varios aspirantes, de meter las manos en la elección interna del PRI e impulsar a su candidato, cuando fue él y su Gobierno, el responsable de la peor derrota en 2018 en la historia del priismo y lo llevó no solo a perder la Presidencia sino su condición de partido mayoritario para volverlo casi quinta fuerza política.

Una de tres: o Peña es muy cínico y sabe esconder muy bien que está bailando en la cuerda floja, o realmente es mejor bailarín de lo que muchos pensaban, por su habilidad para bailar en varias pistas sin perder, hasta ahora, el paso ni tropezarse. O de plano es más inteligente y hábil de lo que creyeron quienes se mofaban de él y lo calificaban como “el payaso de las cachetadas”. ¿Quién es ahora el payaso?

NOTAS INDISCRETAs
A propósito de buenos bailarines, los que lo son, literalmente, son los hijos del expresidente Salinas: Emiliano y Cecilia.
No sólo por el pase magistral que le dieron a las acusaciones surgidas en el juicio contra Keith Raniere en EU, sobre su “sociedad” con el ahora declarado culpable líder de la secta Nxivm, sino por los buenos pasos con los que, en un video que circula en redes sociales, se ve cómo los Salinas Occelli le bailan alegremente al desquiciado tratante y esclavizador de mujeres en uno de sus cumpleaños.
Pero entre los muchos juniors, familiares de políticos y empresarios que se ven bailando esa coreografía en honor a Raniere, también aparecen la esposa y la hija del exgobernador de Oaxaca y actual aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ulises Ruiz.
La señora Lourdes Salinas de Ruiz Ortiz y la joven Lila Ruiz Salinas, aparecen de playera amarilla como parte del grupo de Nxivm México que bailó en aquel homenaje al líder de la secta que esclavizaba mujeres y que hoy está a punto de ser sentenciado a muchos años de prisión y posiblemente hasta cadena perpetua.
Lo dicho, cuando se trata de sectas y cultos extraños, la debilidad mental hace caer lo mismo a los más jodidos que a los que todo tienen, al menos en lo material…Los dados mandan Escalera doble.
La semana promete.
22 Junio 2019 04:02:00
La crisis con Ruiz Massieu
Sus apellidos dicen que debería ser una gran operadora política, pero su actuación en los cargos que ha ocupado hasta ahora dista, todavía, de alcanzar el nivel de la dinastía que representa. Primero como secretaria de Turismo, luego como secretaria de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu no logró trascender a la idea de que llegó a esas posiciones por recomendación de su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero en donde más quedó a deber, por el peso político de sus apellidos, es en su actuación como dirigente nacional del PRI.

Originalmente compañera de fórmula de Enrique Ochoa Reza, Claudia tenía todo a su favor para superar a la pésima dirigencia del exdirector de la CFE; en apenas un año que le tocó dirigir al viejo partido, sólo tenía que levantar la moral del priismo tras la peor derrota de su historia, tratar de sortear lo mejor posible la crisis y conducir atinadamente un proceso interno para renovar la dirigencia nacional, en condiciones que le permitieran al desgastado priismo, recuperar aunque sea un poco de lo mucho que perdió en 2018.

Casi podría decirse que a la doctora Ruiz Massieu sólo le tocaba estabilizar al paciente priista en terapia intensiva, prepararlo para salir del coma y comenzar, desde cero, sus terapias de rehabilitación. Pero hoy que la crisis le ha estallado por las rupturas y descalificaciones en su proceso interno, y nuevamente se encienden señales de alerta en los signos vitales del priismo, no faltan voces dentro de su partido que culpen a la dirigente nacional de ser la responsable de la renuncia estridente del doctor José Narro Robles por no hacer cumplir los acuerdos que ella misma hizo con los aspirantes al CEN priista, además de permitir las injerencias externas en la elección que, todavía no empieza, y ya ha sido descalificada y puesta en duda por los propios priistas.

“La crisis es suya, debería renunciar”, comentó un exdirigente nacional del PRI que ha cuestionado la validez de una elección interna porque no tendrá un padrón confiable y presenta de antemano signos de un favoritismo abierto a un candidato.



La dirigente del PRI

¿abogando por el PAN?

Mientras en las estructuras locales y nacionales se quejan de un “desapego” de la dirigente y cuestionan lo poco que visita los estados o se reúne con los liderazgos locales y con los priistas de abajo, a la lideresa del tricolor parece que se le dan más los acuerdos y las negociaciones cupulares, aunque no siempre sean en

favor de su partido.

Una historia que cuentan fuentes muy cercanas a su oficina y que corroboran con fechas y datos, señala que la dirigente del PRI realizó varios cabildeos y reuniones para empujar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara, en diciembre pasado, el triunfo de la fallecida panista Martha Érika Alonso en la gubernatura de Puebla.

A principios de diciembre de 2018, el día 2 o el 3, Ruiz Massieu se reunió en privado con la magistrada Janine Otálora, entonces presidenta del Tribunal, para analizar el caso, cuya resolución estaba por emitir la Sala Superior del TEPJF. Al igual que varios panistas y otros priistas de alto nivel, la dirigente nacional del PRI estaba cabildeando a favor de que se reconociera el triunfo de Martha Érika, por un acuerdo pactado con el finado Rafael Moreno Valle.

El primer encuentro entre Ruiz Massieu y Otálora se realizó en las oficinas privadas de la lideresa priista en Polanco, en la calle de Lord Byron. En esa reunión la dirigente del PRI le ofreció a la magistrada que, a cambio de su apoyo en este caso, tanto ella como otros políticos, incluso de Morena, realizarían “discretamente un intenso cabildeo” para que fuera incluida en la terna para ocupar la vacante que dejaría por esas fechas el ministro José Ramón Cossío, propuesta que sería hecha, a través de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Dos días después, pero ahora en una residencia de la familia Ruiz Massieu en calzada de Las Águilas, Claudia y Janine sostuvieron otra reunión para estructurar la estrategia para el caso Puebla. Esa fue de escasa media hora, porque Ruiz

Massieu tuvo que salir. Después de ese encuentro, ya no volvieron a verse y solo mantuvieron comunicación por correo y WhatsApp hasta que el 9 de diciembre el TEPJF emitiera su fallo a favor de la panista Martha Érika Alonso y el voto de la magistrada Otálora fuera el decisivo.



Los encuentros con Scherer

Intentando cumplir su compromiso con Otálora para la SCJN, Ruiz Massieu se entrevistó con Julio Scherer Ibarra, la noche del 4 de enero, para abordar el tema de la terna que enviaría el Presidente al Senado.

En las oficinas particulares del consejero Jurídico de la Presidencia, en Las Lomas, éste le comentó a la dirigente del PRI que el Presidente le había pedido que fuera él quien tuviera la interlocución con los ministros y no Sánchez Cordero “porque tenía muchos intereses” en la Corte”.

Scherer le dijo a Ruiz Massieu que a pesar de que Olga Sánchez estaba impulsando a Janine Otálora para la vacante de la Corte, “la magistrada no tenía ninguna oportunidad”, menos después de su actuación en el tema de Puebla.

Apenas salió de la oficina del consejero jurídico, Claudia le comunicó a Otálora que estaba fuera de la terna, a lo que la magistrada respondió que tenía muchas presiones por parte del Ejecutivo federal para que renunciara a la presidencia del Tribunal Electoral, lo que finalmente ocurrió el 23 de enero pasado.

Unos días después, el 30 de enero, Claudia Ruiz Massieu tomaría un vuelo a Madrid donde se encontró en el Hotel Villa Magna con su tío, los expresidentes Salinas y Peña Nieto y su novia Tania Ruiz Eichelmann, para salir juntos a un viaje de varios días por la región de Andalucía.

Allá fue la última vez que comentó el tema de su operación para conseguir el triunfo del PAN en Puebla y el caso de la magistrada que se quedó sin la presidencia y sin lugar en la Corte.
20 Junio 2019 04:05:00
Ruptura en lo que queda del PRI; ¿habrá desbandada?
Lo dicho: al PRI no se le da la democracia; siempre que intentan practicarla terminan divididos, fracturados, confrontados. Ayer (miércoles) el viejo partido sufrió una nueva ruptura con la renuncia de José Narro Robles, quien dejó su militancia de más de 4 décadas y abandonó también la contienda interna de dirigente nacional. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud calificó el proceso priista como un “acto de simulación” y una elección manchada por un “padrón alterado”, además de afirmar que “ya hay un candidato favorito” al que, dijo, apoyan indebidamente el exjefe político del priismo, Enrique Peña Nieto, y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.


La renuncia de Narro sacudió al partido, cuya dirigente Claudia Ruiz Massieu ayer lamentó su decisión y se encerró durante varias horas en “reuniones de emergencia” con su equipo del CEN para emitir por la tarde un comunicado donde aclaraban que el proceso de renovación de su dirigencia seguirá con el compromiso de “equidad, neutralidad e imparcialidad”. Señaló que la dirigencia nacional sólo acata el mandato del Consejo Político Nacional y, sin referirse a la grave denuncia de Narro Robles, sobre la existencia de 700 mil nuevas afiliaciones al padrón, promovidas recientemente por grupos afines al candidato Alejandro Moreno Cárdenas, el comunicado priista sólo señaló que el padrón que se va a utilizar en esta contienda es el que les remita el INE “verificado, actualizado y depurado”.

Hasta el cierre de esta columna sólo una renuncia más siguió a la de Narro y se trató de la exsenadora priista y periodista Beatriz Pagés Rebollar, mientras que el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lamentó en Twitter la renuncia de Narro y descalificó la confiabilidad de la elección al asegurar que “no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”.

Otros priistas de la cúpula descalificaron también lo que consideraron “la farsa y el fraude” de la elección interna, y acusaron a Ruiz Massieu de no cumplir los acuerdos, al haber permitido que el padrón de 6.3 millones de militantes, validado al cierre del 23 de enero de este año, fuera adicionado con 700 mil registros más de militantes “afiliados al vapor”. “El CEN del PRI debe rectificar de inmediato dejando fuera las 700 mil afiliaciones”, acusó Ulises Ruiz, precandidato también en la elección priista, mientras que la única mujer aspirante, Ivonne Ortega dijo: “coincido y suscribo todas las razones del doctor Narro”, aunque pidió “no rendirnos porque no puede ganar la cúpula”.

Veremos cómo termina la elección interna del PRI, para la que este sábado acudirán a registrarse los candidatos que decidan participar aún en estas condiciones, y si hay nuevas renuncias o algún efecto de desbandada o simplemente se trata de una ruptura a título personal del exrector de la UNAM. Como sea, el proceso priista queda tocado y será observado con lupa por un electorado que hace rato le dio la espalda al PRI y también por un sector de la militancia que vuelve a ver cómo su partido está secuestrado por las cúpulas que se resisten a soltar el cadáver del partido que alguna vez fuera todopoderoso y gobernara este país por más de 70 años ininterrumpidos.
19 Junio 2019 04:04:00
Las tres historias de Medina Mora
Lo primero que llama la atención de la nueva carta de Eduardo Medina Mora, es que cualquier funcionario público, más siendo un ministro de la Suprema Corte de Justicia, se tarde dos semanas y dos largas cartas después, para tratar de aclarar, en una tercera misiva, los millonarios recursos que transfirió a sus cuentas bancarias en Londres y en los Estados Unidos.

Esta tercera historia que nos cuenta el ministro Medina Mora no es de creerse sólo porque él la diga, por las siguientes razones:

1. En una primera carta, fechada el 5 de junio pasado –y que contrario a sus dichos de que no recibió respuesta a sus réplicas, le fue publicada íntegra, tanto en el portal de internet como en la edición impresa de El Universal–, el ministro señalaba que sus recursos venían de la empresa Compusoluciones y Asociados, SA de CV, de la cual su esposa era accionista. La realidad es que en consultas electrónicas realizadas al Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía, bajo la póliza 6,296 del Folio 8516, se da cuenta de la creación de la empresa y su cambio de denominación ocurrido en 2006. Hay registro de los hermanos del ministro como accionistas, pero no de su finada esposa. Ahora, dos semanas después, ya no hace una sola mención de la empresa de donde dijo que provenían los recursos.

2. En su segunda carta del 6 de junio, nos decía que “los números de cuenta en los Estados Unidos y en el Reino Unido no corresponden a cuentas bancarias de que (sea) titular”. Dos semanas después nos dice que sí son sus cuentas, pero difiere en los montos depositados que en principio no cuestionó.

¿A cuál de las versiones de don Eduardo creerle? La realidad es que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo (6 de junio) y el propio Presidente de la República (7 de junio) confirmaron, dos días después de la primera columna que publicamos sobre este tema, que llegó una investigación de autoridades financieras extranjeras y que el ministro Medina Mora sería, como en todos los casos, investigado, sin que eso supusiera, aclaró el presidente López Obrador, su culpabilidad. Con lo que la información publicada fue validada por las autoridades.

Contrario a lo que afirma, de que no recibió derecho de réplica, el ministro habló con directivos de El Universal, en contactos en los que, fiel a su costumbre de presionar, exigió que el periódico publicara los documentos con el sustento de la información. El haberlo hecho –porque los documentos existen, pero su publicación no fue autorizada por las fuentes, aunque sí se detalló su contenido– hubiera dejado registro de la fuente financiera de donde se obtuvo la información. Ningún medio serio en el mundo hubiera revelado las fuentes de una historia de esta naturaleza. Historia que, como lo han señalado escritos girados desde el Congreso de la Unión, aún está lejos de concluir y cuyas fuentes están protegidas por criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia a la que el mismo ministro pertenece.

No hay, como él sugiere, alguna campaña “negra” sobre el ministro y mucho menos el dolo al que él repetidamente alude porque nunca lo acusamos de ningún delito o utilizamos algún calificativo o adjetivo denigrante contra su persona. Lo único que nos movió a la publicación de la información fue el interés periodístico y el derecho a la información de los lectores para que un servidor público, que lleva toda su vida desempeñando cargos gubernamentales, explicara el origen de los recursos económicos que tiene en cuentas bancarias a su nombre, a donde aparecen transferencias ya detalladas claramente distinguidas en tres tipos de moneda: pesos mexicanos, dólares estadunidenses y libras esterlinas. Lo expresamos desde el principio en la pregunta ·¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? Y hasta ahora sus distintas respuestas no han contestado cabalmente a esa interrogante. Por el contrario, ha tratado de lanzar un velo de amenaza e intimidación sobre los medios que han escrito sobre el tema.

Esperemos que se lleguen a conocer las verdaderas fuentes y montos de los millonarios recursos del ministro y del porqué sus cuentas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Así como el origen de los recursos de las empresas que antes mencionaba. Pero para ello, lo ideal sería que hubiera una investigación independiente de los movimientos financieros del ministro. Algo que, por cierto, él no se atreve, ni de cerca, a pedir en sus tres misivas. ¿Debemos sencillamente creer en alguna de sus tres distintas versiones?

Finalmente le sugerimos, de la manera más respetuosa a don Eduardo Medina Mora, que si quiere conocer más detalles y documentos de las transferencias en moneda extranjera que se le atribuyen, acuda a la UIF de Hacienda o al Palacio Nacional a solicitar una copia del expediente por el que, según han declarado las autoridades federales, ya se investigan sus movimientos financieros.
18 Junio 2019 04:04:00
¿Quiénes son los corruptos contra Santa Lucía?
Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hicieron enojar. La batería de amparos y suspensiones que han otorgado jueces federales ordenando frenar las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, hizo enfurecer al Mandatario que amenaza con hacer públicos nombres de los que llama “los corruptos que promovían el aeropuerto de Texcoco” y que, según el Mandatario, estarían detrás de la ofensiva judicial y la estrategia jurídica en contra de una de las obras insigne de su sexenio.

Porque, además de la interrupción obligada de Santa Lucía por las siete suspensiones que hasta ahora han otorgado los jueces, lo que más le molesta a López Obrador es que esos mismos juzgadores federales le hayan ordenado “no alterar las obras ya construidas” en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en el antiguo lago de Texcoco. Eso lleva al presidente a reforzar la información que, no de ahora, sino desde hace algunos meses, tiene sobre la existencia de un “grupo de interés” formado por políticos y económicos que buscan revivir la opción de Texcoco y evitar que se construya Santa Lucía.

A pesar de que la mayoría de las suspensiones otorgadas hasta ahora contra las obras de Santa Lucía, referentes a la falta de estudios ambientales, de protección arqueológica y de seguridad aérea, han sido promovidas por abogados del colectivo #Nomásderroches, impulsado principalmente por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del empresario Claudio X. González, y por otras organizaciones civiles, la visión que tienen en Palacio Nacional y la información que amenaza con revelar el presidente, sostiene que detrás de esas organizaciones hay un grupo de empresarios y políticos, algunos de ellos afectados por la cancelación de Texcoco, que ha sido asesorado incluso por algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el diseño y la presentación de los amparos.

Si el Presidente, como ha amenazado ya en dos ocasiones desde su conferencia de prensa matutina, está dispuesto a revelar nombres, tendrá que ser claro y contundente en las acusaciones que formule porque de lo contrario, si en su enojo lanza señalamientos públicos en contra de personajes a los que ya de entrada etiquetó como “corruptos”, la impecable estrategia judicial que esos grupos han seguido hasta ahora podría ya no sólo referirse a amparos, sino también a demandas por difamación o daño moral en contra de su Gobierno.

Veremos si el Presidente sigue adelante con sus amagos de “desenmascarar a los corruptos” que están torpedeando con amparos a su proyecto aeroportuario y que pretenderían, en la visión lopezobradorista, imponerle la continuación de una obra como la de Texcoco que, para un sector de la sociedad y de los inversionistas nacionales e internacionales, ha sido “el peor error de AMLO”, aunque para él representó una decisión fundacional y fundamental de su Cuarta Transformación.

No sería la primera vez que López Obrador se enfrenta a decisiones de los jueces que buscan frenarlo; ya lo hizo como jefe de Gobierno del DF al ir en contra del desafuero, y entonces logró salir airoso y fortalecido ¿lo hará ahora contra los amparos para frenar Santa Lucía? Y si lo hace ¿saldrá también fortalecido ahora que ya es Presidente?
17 Junio 2019 04:04:00
Arman bloque vs. reforma electoral
La oposición en el Congreso inició contactos y reuniones al más alto nivel para formar un bloque opositor que frene, al menos, las reformas constitucionales que en materia política y electoral propone la mayoría de Morena y sus aliados. Opositores y consejeros electorales de INE, advierten un intento de “contrarreforma democrática” en estas iniciativas que, con el argumento popular de disminuir el costo de las elecciones, buscan dar control al Presidente y a su partido al cambiar la autonomía actual por “un sistema electoral progobierno”, modificar las consultas populares para que el Presidente aparezca en las boletas en 2021, y debilitar a la oposición para favorecer a las mayorías del partido gobernante. En encuentros y pláticas privadas entre dirigentes y líderes parlamentarios de PAN, PRI, PRD y MC, se trabaja en “propuestas alternativas” para disminuir el costo presupuestal y financiero de las elecciones y del sistema electoral, con recortes y cambios a los comicios, pero no a costa de “permitir que Morena y AMLO diseñen un sistema electoral con leyes y autoridades a su medida”. Un documento de los consejeros del INE y que circula en las reuniones de la oposición, La Democracia en Riesgo: 7 Peligros Inminentes, señala las amenazas en la propuesta de Morena para apropiarse del sistema electoral y debilitar a la oposición. Como primer peligro, menciona la presencia del “Presidente en la boleta electoral en 2021” y alerta que la revocación de mandato, como la plantea el Gobierno, “serviría para que el titular del Ejecutivo haga campaña en 2021”. La revocación no debe coincidir con las elecciones y debe convocarse “por derecho del ciudadano y la oposición, no del gobernante”. El segundo peligro de la reforma morenista es sustituir la democracia representativa por la “democracia plebiscitaria”. Consultas cada año para decidir temas sustantivos harían intrascendente el papel del legislador, además de que no puede ser el Ejecutivo el que defina temas, fechas y preguntas de las consultas. “Las consultas populares ya están en la Constitución; requieren la validación de la pregunta por la Suprema Corte y deben coincidir con la elección federal”, dice el análisis del INE. Eliminar o reducir la Representación Proporcional (RP) en el Congreso, es el tercer peligro. Este mecanismo, dicen, garantiza los derechos políticos de las minorías. “En 2018 Morena ganó 220 distritos electorales; sin RP Morena tendría el 73% de la Cámara de Diputados. Un Congreso con menos legisladores de RP “facilita al partido mayoritario la sobrerrepresentación y el control”, advierte. El peligro 4 se refiere a reducir el financiamiento a partidos de oposición. Cambiar el mecanismo de financiamiento aprobado en 1996 y que permitió en 1997 que el Presidente perdiera el control de la Cámara de Diputados y en 2000 se diera la primera alternancia en la Presidencia “debilita a la oposición”, dice el análisis de los consejeros electorales. Los “peligros” 5 y 6 son aumentar el centralismo y desaparecer la autonomía de la autoridad electoral. Desaparecer los OPLES significa trasladar atribuciones y estructuras al INE, algo inoperante que debilitaría a los organismos estatales. Sobre la amenaza a la autonomía de los órganos electorales, se comenta la pretensión de modificar el número de consejeros para construir una mayoría afín al Gobierno y la propuesta para que la Cámara de Diputados designe a los 32 consejos locales del INE. Ellos a su vez designan a los 300 consejos distritales. “Toda la estructura de organización electoral, hoy autónoma sería progobierno. El Consejo General del INE no responde al Presidente, como tampoco lo hizo en el pasado”, advierte el documento. Y finalmente, el peligro 7 es “que el padrón electoral quede en manos del Gobierno”. Los datos sensibles de 90 millones de ciudadanos (nombre, domicilio, edad, género) pasarían a la Secretaría de Gobernación y eso significa un riesgo de uso político electoral y clientelar. “Sería más fácil que el INE hiciera la cédula de identidad, incluso para menores de edad”, se propone. Como conclusión, los consejeros electorales, señalan 1. Que las reformas electorales (1977-2014) siempre atendieron a reclamos de las oposiciones. 2. Las reformas electorales han sido fruto de amplios consensos políticos. Y 3. Esta reforma es por iniciativa del Gobierno. Ello implica un contrasentido histórico y por ello “puede ser una contrarreforma a los avances democráticos”.
15 Junio 2019 04:00:00
Celosos, resentidos y la primera oposición dentro de la 4T
Era 1977 y Porfirio Muñoz Ledo era entonces secretario de Educación del Gobierno de José López Portillo, y ya en ese primer año del sexenio autodestapado como “precandidato natural a la Presidencia”, recibía un fuerte reclamo del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles:

–¡Está tratando de hacer oposición dentro del Gobierno! –le reprochó Reyes Heroles por los cambios que había hecho a la programación del Canal 11.

–No, secretario, no se está tratando sino se trata precisamente de eso, de hacer oposición al Gobierno. –Le contestó Muñoz Ledo, que entonces tenía 44 años.

Hoy, 42 años después, como presidente de la Cámara de Diputados, alfil de la Cuarta Transformación y con 86 años, Porfirio Muñoz Ledo parece estar haciendo nuevamente “oposición al Gobierno” desde adentro del Gobierno, pues sus declaraciones, críticas y duros cuestionamientos de los últimos días a las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con los acuerdos con Estados Unidos y a la designación del canciller Marcelo Ebrard como cabeza del equipo negociador y encargado de cumplir esos acuerdos migratorios con Washington, ya le valieron una respuesta directa y no menos dura del Presidente.

“Se decidió crear la coordinación y quien coordina es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, porque a él le corresponde esta función; de todas maneras se despiertan celos y sentimientos, entonces quiero que queden claras algunas cosas, primero que es mi facultad; no se autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la decisión. Segundo, Marcelo tiene toda la experiencia para encabezar al grupo que está atendiendo este asunto, lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional y lo acaba de demostrar. No fue fácil la negociación y salimos bien, salieron adelante los integrantes de nuestro equipo encabezados por Marcelo Ebrard”, dijo López Obrador en una abierta defensa del canciller, como respuesta a un bloque dentro del gabinete y de la 4T que han cuestionado el protagonismo del canciller.

Con todo y la defensa de López Obrador, Ebrard no se salvó este viernes en su comparecencia de las críticas de los senadores de oposición a los acuerdos con el Gobierno de Donald Trump y menos de los “dardos envenenados” que le lanzó Muñoz Ledo desde la tribuna del Senado de la República: “Usted no debiera estar invadiendo funciones de otras secretarías… Que no me lo inflen tanto porque me lo van a reventar”, le dijo el morenista que preside la Cámara de Diputados al secretario de Relaciones Exteriores.

Otra que acusó recibo de las palabras presidenciales sobre los “celos y resentimientos” que se despertaron en su equipo por el papel de protagonista que está jugando Marcelo, fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien los reporteros encararon al salir precisamente de una reunión en el Senado para preguntarle si se sentía celosa o desplazada por las funciones de coordinador que el Presidente le otorgó a Ebrard en materia migratoria: “Nunca he sido celosa y le pueden preguntar a mi marido… No, para nada. Yo creo que la secretaría de Gobernación es enorme y todo incide en la gobernabilidad y gobernanza del país. Todos los temas, incluido el migratorio, y por supuesto que yo no me siento desplazada; en este momento se están tomando medidas distintas”, dijo Sánchez Cordero, quien este mismo viernes sufrió una baja en su equipo: la del comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén, quien fue corrido directamente por el presidente Andrés Manuel López ante la falta de resultados en su labor.

LLÁMALE DISIDENCIA

Protagonista indiscutible de los últimos 10 sexenios, personaje tan inteligente como polémico que ha sobrevivido ya a una decena de presidentes y ha militado y presidido casi todos los partidos y el espectro político nacional, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega siempre fue un político con ideas propias y firmes. Pero esa misma condición, que lo llevó a lo largo de sus más de 60 años en la política, a sumarse a distintos movimientos y figuras de la política nacional, siempre lo mantuvo como el siempre brillante político intelectual, ideólogo, embajador y diplomático, creador de instituciones, impulsor de reformas políticas, varias veces aspirante y candidato presidencial, pero al final, siempre alfil de otras figuras y personajes; alfil de lujo, pero alfil.

Así llegó a la 4T, como el alfil de Andrés Manuel López Obrador, que le reconoció sus valiosas aportaciones a las luchas opositoras de la izquierda y lo convirtió en la figura moral de la Cuarta Transformación que, como presidente de la Cámara de Diputados, fue el encargado de imponerle la banda presidencial. Y en 6 meses, ante las decisiones recientes de López Obrador y los virajes obligados en su gobierno, pasó de llamarlo “un personaje místico, un cruzado y un iluminado”, a cuestionar abiertamente sus recientes decisiones en la relación y los acuerdos con Estados Unidos y convertirse en la cabeza de la primera oposición interna de la 4T.
13 Junio 2019 04:01:00
Los acuerdos con EU desatan pugnas en la 4T
El papel protagónico del canciller Marcelo Ebrard en las negociaciones con la administración de Donald Trump y el hecho de que el presidente López Obrador le haya encargado también al secretario de Relaciones Exteriores el manejo de la política migratoria para cumplir con los compromisos hechos con Estados Unidos para impedir la imposición de aranceles, ya desató pugnas y diferencias entre integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

Ayer miércoles en el Congreso de la Unión, legisladores de Morena protagonizaron un fuerte debate sobre la cesión de soberanía en los acuerdos que México aceptó ante Estados Unidos y la forma en que estos se están implementando con violaciones a las leyes internas, mientras que en el gabinete se expresaron cifras distintas sobre la cantidad de migrantes que Trump regresaría a México para que sean atendidos aquí mientras el Gobierno estadunidense les resuelve su petición de asilo, pues mientras Ebrard y el subsecretario Horacio Duarte hablan sólo de 10 mil migrantes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, asegura que nos mandarán por lo menos 50 mil personas peticionarias de asilo.

La pugna que afloró detrás de estas diferencias públicas entre integrantes del gabinete y de la 4T parece ser entre dos bloques, uno encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, a quienes los desplazaron junto con el Instituto Nacional de Migración del manejo de la crisis migratoria y el cumplimiento a los acuerdos con Estados Unidos, y del otro lado el canciller Marcelo Ebrard, quien encabeza el grupo de subsecretarios y militares al que el presidente López Obrador les encargó el manejo del tema migratorio para cumplir con la Administración de Trump.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, acusó ayer a Ebrard de “invadir facultades de la Secretaría de Gobernación en el tema migratorio” y de violar las leyes internas para satisfacer una demanda de Estados Unidos. “Gobernación ha sido privada ilegalmente de sus funciones. Está violando el Artículo 27, fracción 33, de la Ley Orgánica (de la Administración Pública Federal), compruébelo usted: formular y dirigir, competencia de Gobernación, la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada del mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de la ley, la libertad de tránsito, en coordinación con la Secretaría de Seguridad”, le dijo Muñoz Ledo a su compañera morenista Dolores Padierna en un debate ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“De facto, esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al Comisariado de Migración, a las 5 de la tarde”, insistió el presidente de la Cámara de Diputados, quien también cuestionó duramente los acuerdos que aceptó el Gobierno de López Obrador con Washington para sellar la frontera sur con la Guardia Nacional. “Para mí el problema más grave que enfrentamos es la pérdida de soberanía, nos quieren convertir en un país enjaulado, si queda la condición de Tercer País Seguro, los que entren aquí ya no pueden salir, es la parálisis. Ayer salieron los agentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. ¡Así es, la Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes!”, acusó Porfirio desde la tribuna de la Comisión Permanente.

“No es cierto”, le gritó Padierna desde su lugar. “Sé lo que estoy diciendo. La Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano en este momento en Chiapas, infórmese”, le reiteró Muñoz Ledo.

Por la tarde, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración, abrió otro frente. Según el responsable orgánico de la política migratoria en el gabinete, la cantidad de migrantes peticionarios de asilo que va a mandarnos Estados Unidos, como parte de los acuerdos que suscribió en Washington el secretario de Relaciones Exteriores, son 50 mil personas y no 10 mil como hasta ahora ha manejado el canciller. “No todos hacen solicitud de refugio, eso tendrá que valorarse, pero sí estimo que va a ser muy grande el número de personas que regresará a asentarse en la frontera norte. Yo calculo que en los próximos meses rebasaremos el número de 50 mil”, dijo Encinas, cuya cifra es cinco veces mayor a la que maneja el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, quien como parte del grupo que coordina Ebrard, habla de preparativos Y presupuesto para recibir sólo a 10 mil migrantes en tres ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

¿Será que entre protagonismos, celos y luchas por las competencias legales, el equipo del presidente López Obrador y personajes de la 4T se están dividiendo y confrontando por los acuerdos firmados con Estados Unidos?
12 Junio 2019 04:01:00
Ebrard, ¿en su momento o en su laberinto?
El canciller Marcelo Ebrard lleva semana y media con los reflectores puestos sobre su figura. Su papel en la crisis de los aranceles en la relación México-Estados Unidos, y en la negociación que impidió, por el momento, la amenaza arancelaria, lo convirtió no sólo en el personaje central del Gabinete del presidente López Obrador, sino también en el interlocutor directo con la administración de Donald Trump, que pasó de tener sus reservas con un convencido exseguidor de Hillary Clinton, a encontrar en el secretario de Relaciones Exteriores a un cooperativo y dialogante funcionario mexicano con el que pudo concretar acuerdos ventajosos y convenientes para el interés releccionista del presidente
estadunidense.

Con la inteligencia y gran habilidad política que lo caracterizan, Ebrard se ha vuelto, en esta coyuntura, el personaje del momento que lo mismo es ensalzado por el presidente y ovacionado en un mitin en Tijuana, que es citado por The New York Times como la fuente confiable para desmentir la propaganda política y electorera del presidente Trump que proclama “grandes acuerdos secretos” firmados con México.

Y al mismo tiempo que se convierte en el “supercanciller” que maneja la política exterior de un Presidente al que no le interesa ni entiende los temas internacionales, también se vuelve el responsable de la política migratoria del país, y la cabeza de un equipo, el llamado dream team antinmigrante, que se trasladará por órdenes presidenciales a imponer la ley y el orden en la porosa y desordenada frontera sur mexicana y cumplir con los difíciles compromisos que él mismo suscribió en Washington, desplazando en esta labor a la secretaria titular de los asuntos migratorios, Olga Sánchez Cordero y a su equipo.

Para algunos, Marcelo Ebrard está “en su mejor momento”, el momento que lo puede potenciar como una de las mentes políticas más brillantes y experimentadas de la Cuarta Transformación y, aunque suene prematuro, posicionarlo también para futuristas aspiraciones políticas.

Pero para otros, el papel protagónico también lo coloca en un laberinto en el que no va a ser fácil encontrar la salida sin que su imagen termine
lastimada si es que el Gobierno no puede cumplir sus compromisos con la Casa Blanca, y terminamos no sólo convirtiéndonos en el fallido muro de Trump, sino también en el “tercer país seguro” de Estados Unidos. Ahí sí, la dignidad nacional no quedaría “intacta”, ni tampoco la carrera política de Marcelo.

Por lo pronto, el desarrollado olfato político del canciller lo hace moverse como pez en el agua, dando declaraciones, explicaciones, conferencias y creciéndose al enorme y complicado reto que tiene enfrente. Ayer martes estuvo en la reunión de accionistas del banco BBVA, el más grande del país, y ahí dio un discurso que refleja que Ebrard sabe el momento que está viviendo: “Vamos a hacer todo el esfuerzo para que tengamos certidumbre y podamos transitar en este tema. No esperaría incertidumbres en el corto plazo, vamos a hacer nuestro trabajo político, institucional. Cada quién a su esfera. Es lo que debemos hacer nosotros. No está fácil, pero para esos estamos”, dijo el canciller mexicano. ¿A qué le suena ese discurso, a que Marcelo está en su momento y lo aprovecha o a qué se está metiendo a un laberinto de muy difícil salida?
11 Junio 2019 04:01:00
Norberto o la incapacidad en la CDMX
En el trágico e indignante crimen de un joven de 22 años como Norberto Ronquillo, lo que más irrita y conmociona a la sociedad capitalina no es la maldad vil y siniestra de sus secuestradores para acabar con una vida, aun cuando sus familiares pagaron de inmediato el rescate exigido, sino la incapacidad que este caso exhibe de las autoridades de la Ciudad de México que no supieron o no quisieron actuar ante las llamadas de auxilio inmediatas, que se produjeron apenas minutos después de que el estudiante universitario fue secuestrado la noche del pasado 4 de junio.

La Secretaría de Protección Ciudadana, a cargo de Jesús Orta, no siguió los protocolos elementales después de la llamada al 911 realizada en esa misma noche para rastrear a los secuestradores, ya sea a través del sistema de cámaras del C5 o para montar los operativos y retenes necesarios que permitieran la ubicación del auto en el que huyeron los delincuentes con todo y la víctima, perdiendo así horas vitales y valiosas que pudieron hacer la diferencia entre la vida y la muerte del joven que fue levantado a unas cuadras de la Universidad del Pedregal, en una zona ampliamente vigilada del sur de la ciudad, y apenas tres días antes de que se graduara de su licenciatura en Mercadotecnia Internacional.

Lo mismo pasó con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que a pesar de haber recibido esa misma noche la primera denuncia de la familia de Norberto, lejos de comenzar de inmediato las investigaciones, le pidieron a los atribulados padres y hermanos esperar “para ver si se trata del delito de secuestro”. Da la impresión, por el resultado obtenido, que a pesar de las súplicas desesperadas de la madre de Norberto, que incluso acudió el viernes a reunirse con la procuradora Ernestina Godoy, para pedirle que la ayudara a encontrar con vida a su hijo, “porque ella tiene el poder de devolvérmelo”, nunca se desplegaron todas las capacidades operativas y de investigación de la PGJDF hasta que el joven apareció muerto en un descampado de Xochimilco, cuando las autoridades de la procuraduría aparecieron para decirnos que “lo mataron el mismo día del secuestro”.

Y peor aún, ayer la procuradora Godoy dijo que necesitaba el apoyo de la Fiscalía General de la República para investigar y capturar a los secuestradores que perpetraron tan deleznable crimen. ¿Es decir, que en casi una semana que transcurrió desde que se llevaron vivo al estudiante, la Procuraduría no tuvo un solo indicio o dato que seguir o reportar para intentar ubicar el paradero de Norberto y la identidad de sus secuestradores? Cualquiera pensaría que este es un caso que perfectamente puede atender el Gobierno de la Ciudad de México y su procuraduría, o ¿a acaso se trata de Los Zetas o del Cártel del Golfo o del Jalisco Nueva Generación como para pedir ayuda federal?

Lo más delicado es que la incapacidad que se asoma por parte de las áreas encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia contrasta con las cifras oficiales y extraoficiales que documentan un incremento sin precedentes de los delitos graves y la violencia e inseguridad en la capital del país.

Ya en el primer trimestre de 2019 se conoció que los delitos de secuestro en la CDMX se dispararon 550%, mientras que la extorsión subió 127%, el robo a negocio 62%, los homicidios 48%, el robo de vehículos 46% y narcomenudeo 31%, según la organización civil Semáforo Delictivo, que con base en las cifras y estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del SNSP, ubicó a la capital en “Rojo” en el semáforo de delitos de alto impacto.

Falta saber cómo va a cerrar este segundo trimestre del año, pero lo que sí ya es palpable y se documenta fielmente en el triste y mediatizado caso del secuestro y muerte de Norberto Ronquillo, es que en medio de una de las peores crisis de inseguridad y violencia que se recuerden en la CDMX, los capitalinos estamos totalmente indefensos y abandonados ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades capitalinas en materia de seguridad.
10 Junio 2019 04:00:00
Nada que celebrar; Trump vuelve en 90 días
La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con los brazos levantados en Tijuana –y detrás de él los rostros vigilantes de Morelos, Juárez, Hidalgo y Madero– parece una celebración ingenua y prematura cuando seguimos sin conocer todavía la totalidad de los acuerdos que se aceptaron en la primera negociación sobre temas migratorios con el Gobierno de Estados Unidos.

Sobre todo porque lo que se anunció el viernes por la noche desde Washington no es para nada un “acuerdo definitivo”, como algunos interpretaron, sino es más bien una declaración de principios conjunta para seguir negociando, con la amenaza latente de los aranceles a los productos mexicanos que volverá en 90 días. Y hasta ahora nadie, ni en el Gobierno ni en la Cancillería del triunfante Marcelo Ebrard, han explicado claramente la “manzana envenenada” de un presunto acuerdo aceptado por México para “comenzar a comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agrícolas de los grandes y patriotas agricultores estadunidenses”, según asegura en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump.

¿Hubo o no hubo un “acuerdo secreto” para aumentar las importaciones mexicanas de granos y productos agrícolas estadunidenses en la mesa de Washington, por fuera del Tratado de Libre Comercio y en detrimento de los productores agrícolas mexicanos? Urge que la Cancillería responda a lo que afirma Trump.

Ayer la embajadora Martha Bárcena, invitada al programa Face The Nation, de la CBS, no negó que el tema de aumentar las exportaciones de productos agrícolas de EU a México estuviera sobre la mesa, pero dijo que ese incremento se daría en el marco del comercio bilateral y de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, una vez que lo apruebe el congreso estadunidense. “Con el TMEC el comercio entre los dos países va a incrementarse. ¿Esperamos que el comercio e intercambio de productos agrícolas crezca con este acuerdo comercial, sí va a crecer con los acuerdos y con la ratificación del TMEC”. ¿Entonces no hubo transacción o acuerdo firmado como parte de este trato, es lo que entiendo que me está diciendo, sólo se refiere al comercio?, insistió la periodista Margaret Brennan. “Me refiero al comercio y estoy absolutamente cierta de que el comercio en productos agrícolas se va a incrementar dramáticamente en los siguientes meses”, recalcó la embajadora mexicana.

Vistas las confusiones, las distorsiones que aún maneja Donald Trump y la desinformación que prevalece en todo este tema, ¿no hubiera sido más prudente cancelar el sábado el mitin en Tijuana y haberse reunido el presidente López Obrador con la totalidad de la delegación mexicana que estuvo en Washington? Para que le explicaran, con lujo de detalle las medidas que México aceptó tomar para frenar la migración ilegal y la entrada de centroamericanos a territorio nacional, y la forma en que, en menos de tres meses piensan sellar la complicada frontera con Guatemala y desarticular los embates de las caravanas migrantes que generaron este conflicto. Y si es factible, como también dijo la embajadora Bárcena entrevistada a la CBS, que en mes o mes y medio se note un descenso importante en los números de migrantes indocumentados que ingresan a territorio estadunidense vía la frontera con México.

Tan no son tiempos ni momentos de triunfalismo, que el sábado, en el mismo mitin en Tijuana, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dio la nota disonante en la celebración que encabezó López Obrador: “Lo que es, en mi criterio, inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y por el otro sellamos el paso de centroamericanos para hacerle un oscuro favor a EU”, dijo el también exembajador de México ante la ONU.

¿Qué otros “oscuros favores” aceptó hacer Marcelo Ebrard y la delegación mexicana a cambio de ganar apenas 90 días en una imposición de aranceles que aún pende como una guadaña sobre la economía mexicana? Porque con esa amenaza Donald Trump prácticamente arrodilló a México y a su Gobierno con la aceptación de convertirse en “tercer país seguro” y aceptar a sus migrantes peticionarios de asilo, además de sellar con la Guardia Nacional la frontera sur al paso de los centroamericanos, por no hablar del acuerdo que presume en redes sociales Trump para aumentar las exportaciones agrícolas de su país al nuestro. Menos festejos y más información señor Presidente.
08 Junio 2019 04:00:00
Empieza la dictadura de Billy
La empresa detrás del popular equipo de futbol, Cruz Azul, es una de las sociedades cooperativas más antiguas y de las pocas exitosas que sobreviven en México.
Fundada en 1931 por 192 trabajadores, la cementera es hoy en día no solo un exitoso negocio, sino también el botín de un grupo controlado por su director general, Guillermo “Billy” Álvarez quien, contraviniendo todas las leyes que rigen al llamado sector social de la economía, ha impuesto un “régimen de terror” en el que, desconociendo asambleas, ocultando información de operaciones financieras a la Cooperativa y persiguiendo y acosando, incluso judicialmente, a los socios que le exigen transparencia y rendición de cuentas, ha convertido a esta empresa social en un opaco y jugoso negocio personal y familiar.

A pesar de haber sido acusado y denunciado en 2010 ante la desaparecida Siedo, que durante la gestión del procurador Arturo Chávez Chávez le abrió una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, referidos a transferencias ilegales a paraísos fiscales a través de empresas off shore como Blue Eagle y Lumar, Billy Alvárez ha utilizado sus influencias y las relaciones políticas que le ha dado el mundo del futbol para librar esas acusaciones “con pagos millonarios a las autoridades de aquel tiempo”, según acusan socios de la Cooperativa, quienes con documentos y denuncias judiciales en mano, relataron a esta columna la persecución de que han sido objeto y los abusos y excesos cometidos por Guillermo Álvarez y por el grupo con el que se ha apoderado de la sociedad cooperativa, a la que ha convertido, dicen esos socios, en “un imperio de terror”.

La historia que narran los socios comenzó en 2009, con un pleito entre los hermanos Álvarez Cuevas por el control de la Cooperativa de la que dependen directa o indirectamente más de 8 mil familias y que tiene plantas y presencia en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla. Alfredo Álvarez Cuevas convocó en aquel año a una reunión a unos 150 socios en el auditorio del Cooperativismo de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo. En esa reunión les presentó a Oscar Terroba Wolf, asesor financiero y de seguros de la empresa, quien les informó que había detectado desvíos de dinero a paraísos fiscales por parte de Guillermo Álvarez y otros directivos, en lo que denominó la “Operación Europa”, además de malos manejos en los pagos de seguros y reaseguros de las plantas. Los socios salieron de aquella reunión sorprendidos y molestos.

Un año después se enterarían de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR había iniciado una investigación contra Billy Álvarez y otros miembros del Consejo de Administración de Cruz Azul por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero “extrañamente no pasó nada con ese expediente y con el tiempo nos enteramos de que habían soltado millones a las autoridades de entonces para obtener el no ejercicio de la acción penal, y vacunar así a Guillermo Álvarez y sus cómplices, que ya no podrían ser juzgados dos veces por el mismo delito”, comenta uno de los socios que pidió el anonimato.

Para 2011, Alfredo Álvarez Cuevas volvió a la carga y en una asamblea llevada a cabo el 11 y el 22 de enero, junto con un grupo de consejeros y socios afines, el hermano logró acusar a la administración de Guillermo por irregularidades graves. Sin embargo, la asamblea decidió suspender de sus funciones a Alfredo y a un grupo de 9 socios más, y Víctor Manuel Garcés Rojo, cuñado del director general, fue excluido de la Cooperativa por un grupo de socios que continuaron ilegalmente dicha asamblea.

Para el 28 de mayo, en otra asamblea, Alfredo Álvarez y sus 9 consejeros afines (6 del Consejo de Administración, 2 del Consejo de Vigilancia y un socio) fueron expulsados por haber acusado al director general sin probar sus acusaciones, aunque ellos impugnaron la validez de esa asamblea con una demanda civil.

Dos años después, en 2013 un error de procedimiento en el proceso de expulsión, hizo que Alfredo y sus consejeros fueran restituidos en sus puestos en una Asamblea General del 4 de octubre. Al ser restituidos, el hermano y sus socios se convirtieron desde entonces en aliados de Billy Álvarez y se olvidaron de las denuncias que habían hecho en su contra. Pero la disidencia continuó y un grupo de consejeros electos, desvinculados de los hermanos, insistieron en imponer controles a la Dirección

General con un manual de Políticas y Procedimientos e incluso pidieron la destitución de Guillermo Álvarez Cuevas. El problema fue que a Billy eso no le gustó y ahora junto con su hermano se dedicó a perseguir, atacar y acosar a los consejeros disidentes y a los socios que los apoyaron con denuncias penales fabricadas y con el apoyo de jueces y ministerios públicos sobornados.
06 Junio 2019 03:59:00
La Luz del Mundo y sus conexiones políticas
El escándalo de la detención en California del hermano Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, acusado de 26 cargos de delitos sexuales, desde pornografía infantil hasta violación de una menor de edad, trascendió el tema religioso y sacudió también el ambiente político. Las muchas conexiones políticas que tiene esa iglesia desde sus orígenes, que se remontan a 1927, la han llevado a ser no sólo una importante agrupación religiosa, con cientos de miles de fieles en México, 15 mil templos y presencia en 58 países del mundo, sino también a convertirse en una organización que ha tejido alianzas con políticos de varios partidos, a quienes apoya con votos de su nutrida feligresía, a cambio de favores y reconocimiento.

Aunque se fundó en Guadalajara en los años 30 y comenzó a expandirse a otros estados en los 40 y 50, es a finales de los años 60 cuando La Luz del Mundo y su pastor fundador, Eusebio Joaquín González, encontraron en las alianzas con políticos la forma de expandir su emporio de fe e influencia. El general Marcelino García Barragán, por esos años secretario de la Defensa Nacional, apoyó al hermano Eusebio con la donación de varias hectáreas en la zona oriente de Guadalajara, donde se fundó la colonia La Hermosa Provincia en 1967, y donde se construyó la Basílica principal de esta iglesia a la que cada año acuden feligreses de todo el mundo a rendir pleitesía y homenaje a su pastor principal, al que veneran como “el apóstol de Jesucristo” en la tierra.

Esa alianza con el PRI y con García Barragán les permitió fortalecerse y consolidarse al convertirse en un reservorio de votos para el antiguo régimen priista en Jalisco. A la muerte del fundador Eusebio, su hijo Samuel Joaquín García, conocido como el “hermano Aarón Joaquín”, asumió el liderazgo de la iglesia y bajo su mandato, La Luz del Mundo transitó a mediados de los 90, de ser una aliada del PRI a convertirse ahora en aliada del PAN que ganó la Gubernatura en 1995 en Jalisco y la mantuvo hasta 2012.

Pero en 2014, con la muerte del apóstol Aarón, la iglesia comenzó también un cambio en sus alianzas al asumir el apostolado Naasón Joaquín García, el nieto del fundador. El avance de otras opciones políticas en Jalisco, como Movimiento Ciudadano, llevaron a Naasón a sellar una nueva alianza con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, a quien los hermanos de La Hermosa Provincia apoyaron con sus votos para lograr después llevarlo a la Gubernatura en 2018. Eso le valió a La Luz del Mundo, recibir a cambio candidaturas para tres diputaciones federales por MC y una senaduría por el Partido de la Revolución Democrática, representada por el senador Rogelio Zamora, que después se cambiaría al PVEM, aliado de Morena, y sería quien solicitara el recinto del Palacio de Bellas Artes para homenajear por sus 50 años al apóstol Naasón Joaquín el pasado 15 de mayo, aunque al final el INBAL sólo autorizó un concierto sinfónico y operístico.

Y es que, además de su alianza con MC, Naasón Joaquín fue hábil en las elecciones de 2018 al no comprometer todo su capital político y de votos sólo con Enrique Alfaro y su partido, y realizar también una alianza con la fuerza emergente de Morena y con su candidato a nivel estatal, Carlos Lomelí, pero también de apoyo a la candidatura del abanderado presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Eso le dio a La Luz del Mundo la cercanía con la nueva clase gobernante que se vio fielmente reflejada en el acto del Palacio de Bellas Artes.

Hoy que su líder principal está en problemas legales y ayer (miércoles) fue presentado ante una Corte en California, donde lo acusan de violar a menores, incitar a sus seguidoras a realizarse tocamientos y producir y distribuir pornografía infantil, entre otros delitos graves, algunos políticos se deslindan y otros simplemente guardan silencio. Pero lo cierto es que esta poderosa iglesia tiene su registro como Asociación Religiosa ante el Gobierno mexicano y, más que eso, tiene el apoyo de importantes figuras de la política jalisciense y nacional.

NOTAS INDISCRETAS... La carta de respuesta del ministro Eduardo Medina Mora, a la información que publicamos ayer en esta columna, carece de una explicación puntual del verdadero fondo de los datos duros y los reportes financieros realizados por las autoridades británicas y estadunidenses, por lo que consideraron “actividades sospechosas”, en cuentas bancarias que el funcionario mexicano tiene en esos países y a donde llegaron transferencias, en los últimos dos años, por más de 104 millones de pesos.
05 Junio 2019 04:01:00
Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora
Un reporte de “actividad sospechosa”, de la National Crime Agency del Gobierno del Reino Unido, detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK Bank de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años. Derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años.

Las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora, desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el banco HSBC México y, de acuerdo con documentos en poder de esta columna, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal la 4039213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta 5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322.

El criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como ‘sospechosos’ los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano, fue por considerarlo una persona “políticamente expuesta”, y los reportes británicos, junto con los del Tesoro estadunidense, dieron pie también a una investigación del Gobierno de México que, a través de la Secretaría de Hacienda, detectó una empresa llamada Compusoluciones y Asociados, S.A. de C.V, en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del “Pago de Dividendo”, con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa.

Eduardo Medina Mora, designado en 2015 como ministro de la Suprema Corte, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido director del Cisen, en el año 2000, secretario de Seguridad Pública en 2005, procurador General de la República en 2006, embajador de México ante el Reino Unido en 2009 y embajador de México en Estados Unidos en 2013.

Sobre las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y EU, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en esos dos países, y más bien corresponden a sus tres últimos años como ministro de la Corte.

No se sabe el motivo o la finalidad de tales transferencias millonarias y en ninguno de los tres países que han documentado estos movimientos de dinero han encontrado justificación. Pero las cantidades de dinero que el funcionario movió en esos tres bancos, todas ellas documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la SCJN e incluso de sus anteriores cargos. ¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? o ¿será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
04 Junio 2019 04:00:00
¿Por qué se abstienen los electores?
Las causas pueden ser muchas y diversas, pero la razón es sólo una: los votantes se alejan de las urnas cuando pierden interés en la democracia y no encuentran en las distintas opciones políticas y de candidatos, algo o alguien que los motive a salir de su casa y dejar sus actividades para ir a las urnas. Puede ser que no perciben propuestas aterrizadas a sus problemas cotidianos o que ven demasiados ataques y pleitos entre los candidatos, pero al final, cuando la decisión de no salir a votar rebasa los niveles habituales de abstencionismo, algo falló en la contienda democrática.

Algo así debieron ver este domingo los habitantes de los estados que tuvieron comicios, pues los niveles de participación quedaron muy por debajo de los promedios históricos, con niveles de asistencia a las urnas de entre 22 y 38% de los padrones totales de votantes. Salvo el caso de Durango, donde un 45% salió a votar en los comicios municipales, en Quintana Roo apenas ejerció el voto el 22% del millón 247 mil ciudadanos inscritos, es decir, que sólo 262 mil quintanarroenses votaron.

Igual ocurrió en Baja California, donde apenas 29% de empadronados, 758 mil de los 2 millones 811 mil bajacalifornianos registrados sufragaron; o en Puebla y Tamaulipas, donde sólo emitieron el voto el 33% de sus padrones, un millón 527 mil de un total de 4 millones 569 mil poblanos, y 888 mil tamaulipecos, de un total registrados de 2 millones 665 mil. En Aguascalientes, en las municipales de ayer domingo, votaron 366 mil ciudadanos, que son 38% de 966 mil 775 empadronados.

Los porcentajes del domingo están muy por debajo de la participación del 62.9% del padrón nacional que se registró hace un año, en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Y eso es normal, porque según los expertos no despierta el mismo nivel de interés una elección federal que una local; pero aún si se les compara con los parámetros de comicios locales, en el caso de Puebla y Baja California, la participación de 29 y 33% respectivamente es muy inferior a los históricos registrados en esos estados que, en elecciones de gobernador, normalmente están entre el 45% y el 60% de participación ciudadana.

Tan sólo en Puebla, el desencanto de la población con las elecciones es evidente. Hace un año, en los comicios del 1 de julio de 2018 para gobernador, salió a votar 67.4% del padrón, con un total de 3 millones 023 mil votos. La ganadora de aquella elección, la panista Martha Érika Alonso ganó con un millón 153 mil 079 votos, mientras que el segundo lugar, el morenista, Miguel Barbosa obtuvo un millón 31 mil 043 sufragios. ¿Cómo es que ahora el mismo Barbosa ganó sólo 682 mil votos, casi 400 mil votos menos? Por la muy baja participación. De hecho, con esa votación Barbosa será el gobernador que llegue al poder con menos votos en Puebla desde la época de Mario Marín, Melquiades Morales, Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, todos ellos ganaron con más de un millón de votos la Gubernatura.

También en Baja California, una entidad que históricamente tiene niveles más bajos de participación electoral, el porcentaje de abstencionismo creció 8 puntos en relación con los comicios de gobernador de hace 6 años. En 2013, acudió a las urnas casi 37% del padrón, 942 mil votantes, y el entonces ganador, el panista Francisco Vega, obtuvo 442 mil 868 votos, mientras que ahora el ganador del domingo, el morenista Jaime Bonilla triunfó con 382 mil votos, y en total acudieron a las urnas solo 758 mil electores.

Luego vendrá el debate de si los gobiernos son más o menos legítimos según el nivel de participación o de votantes que los eligen. En realidad la legitimidad está en el método democrático de las elecciones, que son igual de válidas legalmente si participa el 10 o si lo hace el 70% de los ciudadanos empadronados. Pero siempre que la gente se aleje de las urnas, es momento de repasar qué parte del proceso democrático falló o no logró despertar el interés necesario de los ciudadanos para participar con su voto.
03 Junio 2019 04:00:00
Morena gana sin arrasar; PAN se recupera; PRI se desfonda
Aunque aparentemente no hubo sorpresas y los pronósticos de las encuestas previas se cumplieron en las elecciones de ayer domingo, con Morena ganando las dos gubernaturas y el PAN perdiendo dos bastiones como Puebla y Baja California, los resultados en los seis estados traen mensajes, lecturas y porcentajes dignos de un análisis más detallado y menos simplista. Por ejemplo, en Puebla en la votación por partido, el candidato del PAN, Enrique Cárdenas, gana más votos, 333 mil 218, con 75% de casillas computadas, mientras Miguel Barbosa solo obtiene 286 mil 791 sufragios por Morena, pero gana el gobierno con los votos de sus aliados, PT con 100 mil, y PVEM con 70 mil.

Es decir, que medida en la votación por partido, los panistas superaron con mucho (casi 50 mil votos) a Morena en Puebla. Solo que al PAN, se le desinflaron sus aliados, el PRD sólo le aportó 37 mil votos y el MC, 32 mil votos, mientras que a los morenos juntos, PT y PVEM le aportaron en conjunto casi 200 mil votos. ¿Qué hubiera pasado si Miguel Barbosa hubiera competido solo por Morena, contra Cárdenas solo por el PAN? Los hubieras no existen, pero el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió casi 600 mil votos en un año en la entidad poblana, si se compara la votación de anoche con la que el mismo Barbosa obtuvo el 1 de julio de 2018, cuando ganó más de 1 millón de votos.

¿Qué sucedió anoche en la entidad poblana?, donde además Morena pierde la capital Puebla y toda la zona Metropolitana, y tiene que apuntalarse en el voto rural, el mismo que hace un año, en la elección pasada, Miguel Barbosa decía que era donde “Rafael Moreno Valle nos hizo trampa en las comunidades rurales”. Hoy son esas comunidades las que le dan su mayor votación al candidato morenista, mientras las zonas urbanas más importantes le dieron la espalda. Parece que la división interna de Morena, por el pleito con el grupo de Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, terminó golpeando al morenismo en Puebla, donde le habrían hecho “brazos caídos” a Barbosa; esa es una lectura, pero la otra es que el partido oficial acusa ya un desgaste de 5 meses de gobierno del López Obrador. ¿Será?

Mientras, en Baja California, aunque hasta el cierre de esta columna apenas iba el 5% de actas computadas, la tendencia y las encuestas de salida confirmaban un triunfo más holgado para Jaime Bonilla, que con la marca de Morena y sus aliados del PVEM, PT y el local Transformemos, con el 48% de los votos se apuntaba un triunfo contundente de casi dos a uno con relación al PAN que perdió la gubernatura con un segundo lugar de 25%, mientras el resto el voto se atomizó entre PRD, PRI, MC y Partido de Baja California, con porcentajes todos por abajo de 10%. ¿Qué tanto pesó en el triunfo de Morena la sangría de buena parte del PRI, cuyos liderazgos y votación se fueron con el empresario Bonilla? Ese es un tema que habrá que analizar.

Por lo demás, en el resto de los estados el PAN se impone de manera contundente en Tamaulipas, de la mano del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que gana 21 de 22 distritos del Congreso local con 44% de la votación total, por lo que tendrá mayoría absoluta, y Morena no logra ganar más que 1 distrito, el 11 de Matamoros con Leticia Sánchez, aunque es segunda fuerza con 28% de los votos. Cabeza de Vaca confirma así su capacidad de operación política –y con recursos públicos dicen sus críticos– en el estado, y se coloca como el panista más ganador en la jornada electoral de ayer domingo.

Mientras que en Quintana Roo, Morena y su alianza con el PT y el PVEM, controlarán el Congreso local al ganar 11 de los 15 distritos, mientras el PAN se queda con 3 y el PRI con 1, el 11 de Cozumel. En Durango, el PAN también consolida su dominio, de la mano del gobernador José Rosas Aispuro, y mantiene el gobierno de la capital, Durango y 18 municipios más que gana en coalición con el PRD, mientras Morena gana solo dos municipios, pero se lleva Gómez Palacio, la segunda ciudad del estado, y Otaez. Y finalmente Aguascalientes, también se impone el PAN y su gobernador Martín Orozco, y los panistas ganan 5 municipios, incluida Aguascalientes, la capital; Morena solo obtiene un municipio, el PVEM gana 2 municipios, y el PT, PRD y el PRI, un municipio cada uno.

En resumen, se diría que Morena gana dos gubernaturas, pero en Puebla retrocede en votación y solo pierde frente al PAN, aunque lo rescatan los votos de sus aliados PT y PVEM; mientras que el PAN se mantiene y se confirma como la segunda fuerza política, la única con posibilidades de pelearle el voto al lopezobradorismo y a Morena; en tanto que el PRI se desfonda y parece que sigue desangrándose en su votación, el PRD se sostiene de la mano de los panistas, MC gana fuerza propia en su votación total, el PT sigue creciendo pegado a López Obrador, y el PVEM vuelve a ser el partido satélite decisivo, pero ahora de Morena y de López Obrador, que le da triunfos con sus votos, como antes lo hizo con el PAN y con el PRI.
01 Junio 2019 04:00:00
¿Qué va a negociar Marcelo?
En el primer choque frontal de la Administración de Andrés Manuel López Obrador con la estrategia de ataques de Donald Trump, el Presidente mexicano tuvo que responder, por primera vez a la agresiva amenaza de imponer aranceles de un 5% progresivo a todas las importaciones de productos y mercancías mexicanas a Estados Unidos, si el Gobierno de México no detiene y evita la llegada de migrantes ilegales de Centroamérica y de otras partes del mundo a la frontera estadunidense.

La respuesta del “amor y paz” y la estrategia de “no vamos a hacer comentarios”, fue completamente rebasada por una medida tan dura y amenazante para la economía mexicana, que López Obrador tuvo que responder con una carta que, si bien dividía opiniones por su tono y redacción, entre los que la vieron “como la gran respuesta política de un líder” y los que se mofaron de su retórica grandilocuente y sus frases pacifistas y dialoguistas, al final fue la primer respuesta directa que le da el Presidente mexicano a su agresivo homólogo estadunidense a quien hasta ahora había rehuido responderle y confrontarlo.
Pero con todo y la polémica –y hasta con opiniones satíricas como la del excanciller Jorge Castañeda, quien la llamó “respuesta de Miss Universo: estoy a favor de la paz mundial”–, la carta de AMLO a Trump fue una apuesta más al “diálogo y la negociaciación” como la forma de solucionar las diferencias en la complicada relación bilateral y especialmente en el foco de tensión que representa la migración ilegal que afecta a los dos países. Y eso puede o no gustar a todos los sectores y públicos, especialmente a los que tachan al Mandatario mexicano de “débil o timorato”, ante los constantes ataques del inquilino de la Casa Blanca, pero al final no se puede negar que López Obrador es consistente y congruente con la que ha sido hasta ahora su política hacia Estados Unidos y a su agresivo Presidente.

Por eso mandó a Marcelo Ebrard a “negociar” a la Casa Blanca, y por eso el canciller, que ya la semana pasada sufrió un notorio desaire de Mike Pompeo –quien no lo recibió el jueves pasado en Washington, a pesar de que tenían una reunión agendada– se movió de inmediato para amarrar un encuentro con el secretario de Estado y con el yerno Jared Kushner que, según informó el viernes mismo, se concretará el próximo miércoles.
Y aquí surge la enorme interrogante en el primer encontronazo México-EU en la era lopezobradorista: ¿qué cartas lleva para negociar Ebrard como para evitar la imposición de los aranceles a las exportaciones mexicanas?
Porque Donald Trump fue muy claro en su comunicado del jueves por la tarde: si México no evita que sigan llegando migrantes a territorio estadunidense y acepta recibir y custodiar en su territorio a todos los indocumentados centroamericanos y de otras nacionalidades, entonces la tarifa del 5% de impuesto a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos se empezará a aplicar de manera progresiva a partir del 10 de junio. Es decir, que si Ebrard y su comitiva mexicana se reunirán con Pompeo y Kushner el 5 de junio, tendrán sólo cuatro días para convencer a la Casa Blanca de cancelar la medida arancelaria.
Dice el presidente López Obrador en su respuesta del jueves a Trump que “no me falta valor, ni soy cobarde”.
¿Qué va a ofrecer el canciller mexicano? si ya está visto que el Plan de Desarrollo para Centroamérica no convenció a Trump primero porque tenía que invertirle 10.6 millones de dólares y luego porque, aunque se trate de una estrategia viable y muy loable para frenar la migración, es en realidad un plan de mediano y largo plazo para resolver el problema y no algo inmediato y tajante como lo que el Presidente estadunidense le exige a México. ¿Van a aceptar López Obrador y Marcelo Ebrard el plan de Trump para que México se convierta de manera definitiva en el “tercer país” que reciba y se responsabilice de la estancia y manejo de todos los migrantes indocumentados que ingresen o intenten entrar a los Estados Unidos?
Si México acepta eso, significará en los hechos que está dispuesto a recibir de golpe a 480 mil migrantes ilegales de diversas nacionalidades, entre los que serían deportados y expulsados de territorio estadunidense y los que, día a día, siguen entrando a territorio mexicano. Si a esa cifra se suman los migrantes que ya se encuentran en territorio mexicano, repartidos entre la frontera norte y sur, estamos hablando de una cantidad que pondría en jaque a ciudades enteras del país y a los tres niveles de Gobierno, provocando un problema de tales dimensiones, que amenazaría la estabilidad y la seguridad interior de la República.

Esa parece una condición inaceptable para el Gobierno mexicano, pero al mismo tiempo también parece la única que aceptará Donald Trump como respuesta en el anunciado diálogo en la Cumbre de Washington entre los diplomáticos de los dos países. Y si las cosas se entrampan, lo que vendría sería el inicio de una “guerra comercial” en la que Estados Unidos ya tiene listo el primer misil de aranceles y México, si no hay acuerdo en las negociaciones, tendría que responder con aranceles también a todas las importaciones estadunidenses que entran a nuestro país, como ya lo han hecho otros presidentes mexicanos en respuesta a decisiones similares desde Washington. Sería la Ley del Talión que tanto quieren evitar en Palacio Nacional porque “nos quedaríamos tuertos y chimuelos”.

Dice el presidente López Obrador en su respuesta a Trump que “no me falta valor, ni soy cobarde”. Pero lo que falta por ver es si, en aras de no tener que pelear con el poderoso vecino del norte, está dispuesto a aceptar un acuerdo que nos ponga en riesgo como país, ya no solo en un tema de soberanía en nuestra política migratoria, sino en la estabilidad y seguridad de regiones enteras de la República.

¿Hasta dónde aguanta la solución política y diplomática que quiere Andrés Manuel en este, su primer diferendo mayor con Trump, y en qué momento se asomará el valor que no le falta al Presidente? ¿Preferimos quedarnos chimuelos y tuertos que convertirnos en el país de depósito de los migrantes ilegales de EU, o literalmente su patio trasero para esconder la migración que no les interesa?

NOTAS INDISCRETAS...
La mano derecha de Alfonso Romo, Mario Rodríguez Montero, presentó esta semana su renuncia al equipo del Jefe de la Oficina de la Presidencia para irse como ministro de Asuntos Económicos a la Embajada de México en Washington. Dicen en la oficina de Romo que “Mario tiró la toalla porque ya está cansado de que no se pueda hacer nada”. ¿La pregunta es si su jefe también está próximo a tirar la toalla, como dicen que ya lo hizo una vez, o aguantará más rounds?... Hablado de rounds, los que se avecinan en el PRI se van a poner buenos.
Resulta que este viernes, cuatro de los aspirantes a la dirigencia nacional se reunieron en un restaurante de Polanco para exigir “piso parejo” en el proceso interno y cuestionar las expresiones de “cargada” de los gobernadores priistas en favor de uno de los aspirantes. Los que sumaron fuerzas contra la bufalada fueron Ivonne Ortega, José Narro, Ulises Ruiz y José Ramán Martel, y el que según ellos va en hombros de los astados gobernadores es Alejandro Moreno Cárdenas. Lo más curioso es que justo a la misma hora en que se reunían los cuatro que se sienten avasallados (¿o será perdidos?) por los “viejos vicios priistas”, a eso de las 10 de la mañana, al gobernador Moreno Cárdenas lo vieron entrar, muy campechano, en el despacho del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que la “cargada” que los otros denuncian no solo es de priistas sino también de morenos?... Nayarit es cuna de poetas y de mujeres hermosas, ni duda cabe. Y esta semana pudimos constatar las dos cosas con el 100 aniversario del natalicio de Amado Nervo y con la irrupción a la fama nacional y en redes sociales de la guapa diputada de Morena, Geraldine Ponce. Que vivan la poesía y la belleza nayaritas...
Los dados mandan Serpiente doble.
29 Mayo 2019 04:00:00
ESP, la doctrina de Raniere en México (II)
Los cursos de Executive Success Program en México, se convirtieron no sólo en un negocio millonario, sino en el vehículo perfecto para seleccionar y reclutar –de entre los ricos de las élites mexicanas: políticos, empresarios, artistas y sus respectivas familias– a los futuros integrantes de la secta dirigida por Keith Raniere, que llegó a tener 11 mil miembros a nivel mundial. Desde la primera sesión, a los participantes en los cursos impartidos por Emiliano Salinas, se les inculcaba el valor del “tributo” y el reconocimiento a Raniere, a quien debían siempre llamar “Vanguard” (fundador de un movimiento filosófico, decían) y hacer reverencia frente a su retrato, lo mismo que a Nancy Salzman, presidenta internacional de ESP, a quien debían referirse como “Prefecta”.

“El tributo es una forma de pago y honor. Es dar honor a quien honor merece. Usaré el tributo para ensalzar a otros más allá de mis mezquinos agrados y desagrados. Como resultado, definiré mi ser y mi verdadera aportación a la humanidad”, reza el punto 5 del “Manifiesto de 12 puntos” elaborado por Keith Raniere y que los estudiantes tenían que repetir en voz alta al inicio de cada sesión de los cursos. “La Misión de 12 puntos de ESP es una piedra angular del programa. Por lo tanto se recita al principio de cada sesión…

La repetición de esta misión trae consigo un significado más y más profundo del propósito de ESP. Al completarse la lectura de la misión, todos dicen “Gracias Vanguardia”, como tributo a su autor, dice otro manual de Reglas y Rituales del estudiante.

Con esos conceptos y una serie de reglas y materiales “estrictamente confidenciales”, que incluían saludar con dos manos, aplaudir y hacer reverencia a los “Procuradores” que dirigían las sesiones, y portar cintas o mascadas de distintos colores en el cuello, que indicaban el grado de ascenso de cada integrante (procuradores, coaches, etc.) que se obtenían pagando y tomando cada vez más cursos con valor de hasta 6 mil dólares, casi 8 mil mexicanos desfilaron por los cursos de ESP en sus 12 años de funcionamiento.

Pero de todos los que tomaban el curso, sólo una mínima parte, la de mayores recursos económicos y necesidades emocionales, continuaba con su adoctrinamiento y “preparación para el éxito”, y regularmente eran hombres o mujeres con problemas de adicciones, conflictos personales o matrimoniales o incluso vacíos existenciales, que era uno de los temas más recurrentes de muchos de los ricos que avanzaban en NXIVM, especialmente las mujeres jóvenes con padres millonarios, a las cuales conforme tomaban y pagaban más cursos aquí, se les mandaba a continuar “ascendiendo de niveles” a Albany, en Estados Unidos.

“Entre más confundida y vacía era la chica, mejor candidata se volvía porque encontraba en la filosofía y doctrina de Raniere un sentido para su vida”, dice uno de los participantes en el curso que conversaron con el columnista. “Entre más se metían las personas en los cursos de ESP y de NXIVM, más los aislaban de sus círculos personales y familiares, y más fácilmente eran manipulados para pagar, ya no sólo cursos, sino tributos”, añaden los participantes.

El resto del “Manifiesto de 12 puntos” de Raniere, obtenido por esta columna, dice: “El éxito es un estado interior de conocimiento claro y honesto de lo que soy, mi valor en el mundo y mi responsabilidad de las reacciones… Ultimadamente no hay víctimas; por lo tanto no elegiré ser una víctima… Estoy comprometido con mi éxito. Comprendo que todos debemos elevarnos a nosotros mismos y por lo tanto elevar a los demás… El éxito obtenido por mis propios medios es éxito ganado. El verdadero éxito no se puede robar, copiar u obtener por azar… La gente exitosa no roba y no tiene deseo ni necesidad de robar. No robaré cosa alguna… La honestidad interior y la integridad son los más altos valores humanos… Los métodos e información que aprenda en ESP son para mi uso personal únicamente. No hablaré de ellos ni daré a otros conocimientos… El verdadero éxito nunca es a expensas de los demás… Aceptaré sin reservas el éxito que me he ganado… Las personas controlan el dinero, las riquezas y los recursos del mundo. Es esencial para la supervivencia de la humanidad… Un mundo de personas exitosas será sin duda un mundo mejor, prometo compartir e inscribir personas en ESP”.
28 Mayo 2019 04:00:00
ESP, la doctrina de Raniere en México (I)
Durante más de 15 años que funcionó como franquicia de la secta NXIVM en México, Executive Success Program (ESP) fue un negocio millonario para Keith Raniere en México y para sus socios y seguidores Emiliano Salinas Occelli y Alejandro Betancourt. Ocho mil mexicanos, mujeres y hombres de alto nivel social, ejecutivos, académicos, directivos de empresas, periodistas, actores y actrices, políticos e hijos de políticos, juniors, tomaron sus cursos que, por pagos de 3 mil a 6 mil dólares, les ofrecía “llevarlos a lograr el éxito” y volverlos “mejor gente para un mundo feliz”, a través de un método de programación neurolingüística (lavado de cerebro) que comenzaba por detectar sus puntos débiles o vulnerables y terminaba por introducirlos en un mundo de conceptos de “éxito, ética e integridad” que prometían liberarlos de sus miedos, ataduras y limitaciones para triunfar.

“Un mundo de personas exitosas será sin duda un mundo mejor; un mundo libre de hambre, robo, deshonestidad, envidia e inseguridad. Las personas ya no tratarán de destruirse unas a otras… El éxito, la ética y la integridad van de la mano. Prometo compartir e inscribir personas en ESP y su misión por mi propio beneficio y para hacer al mundo un mejor lugar para vivir”, rezaba el manifiesto Misión en 12 Puntos, escrito por Keith Raniere –hasta ahora confidencial y cuya copia tiene esta columna– y que cada participante en los cursos tenía que rezar y recitar en voz alta al inicio de cada sesión.

Al ser un curso dirigido a ricos, los preceptos de Raniere también justificaban la acumulación de riqueza como un tema natural y de supervivencia de la especie. “Las personas controlan el dinero, las riquezas y los recursos del mundo. Es esencial para la supervivencia de la humanidad que estas cosas estén en control de personas exitosas y éticas. Prometo controlar éticamente cuanto dinero, riquezas y recursos del mundo me sea posible dentro de mi plan de éxito”, dice otro de los 12 puntos del manifiesto de ESP.

Los cursos de ESP tenían lugar en una casa de Las Lomas o en un edificio corporativo de Montes Urales. Había cursos normales o intensivos y normalmente eran de cinco días espaciados, de 8 de la mañana a 10 de la noche, en los que los participantes se encerraban para escuchar los conceptos de Raniere explicados por Emiliano Salinas Occelli, y participaban en dinámicas y ejercicios asesorados por un coach que evaluaba su avance y desempeño. Cada curso costaba entre 3 y 6 mil dólares, y una vez concluido les daban un reconocimiento. “Estos cinco días son solo el principio. Continuar tu educación con nosotros puede traerte éxito exponencial, tanto personal como profesional”, les decían en una carta donde los invitaban a seguir con programas más avanzados como Ethos, para “tener un conocimiento más profundo y lograr tus metas” u Origins, en el que “puedes desarrollar un conocimiento y apreciación más profundos de ti”.

Varios de los participantes en este curso se acercaron a esta columna para proporcionar información, pero también para expresar su preocupación y molestia porque a muchos de ellos, que solo tuvieron contacto con ESP por un curso al que los invitó algún amigo o amiga, se les asocia ahora con la secta NXIVM y con las prácticas de esclavitud sexual y trata de mujeres por las que se está enjuiciando a Keith Raniere en los Estados Unidos. “Yo acudí por invitación de una académica, pero desde el primer momento me di cuenta de que los conceptos que manejaban eran propios de una secta, aun así decidí terminar el curso por el que ya había pagado 6 mil dólares, pero en cuanto acabó me desligué completamente y no volví a tener contacto con ellos”, narra un ejecutivo que tomó el curso en 2013, y señala que como él hay muchos otros preocupados y que incluso analizaban presentar una demanda para desligarse de cualquier práctica de maltrato a mujeres en la que “no tuvimos absolutamente nada que ver”.

En los 16 años que ESP funcionó, de 2002 y hasta el pasado abril de 2018, en que Emiliano Salinas y Alejandro Betancourt decidieron cerrarla, cuando estalló el escándalo por la detención de Keith Raniere en Puerto Vallarta, 8 mil mexicanos tomaron el curso y el negocio, según publicó en estas páginas el columnista Mario Maldonado, ascendió a 800 millones de pesos. Mañana hablaremos del perfil de los hombres y mujeres que tomaban el curso y cómo algunos de ellos eran seleccionados y reclutados para formar parte de la secta, y cómo, desde sus primeras clases, les inculcaban el concepto del tributo al “Vanguard”, que era como debían referirse siempre a Keith. “El tributo es una forma de pago y honor. Es dar honor a quien honor merece”, dice uno de los 12 puntos de la Misión de Raniere.
27 Mayo 2019 04:00:00
Gabinete bajo la lupa
Cuando el Presidente dijo que la renuncia estridente de Germán Martínez al IMSS no sería la única y que “seguramente habrá más”, estaba anticipando que había comenzado una depuración de su Gabinete que, a seis meses de tomar posesión, será objeto de ajustes, cambios y enroques, tal y como él lo planteó desde el arranque del Gobierno. Con la salida de Josefa González Blanco de la Semarnat, tras el episodio de un vuelo comercial que fue retrasado 38 minutos para esperar a la funcionaria, queda claro que López Obrador ha puesto “bajo la lupa” a varios de sus colaboradores que no han cumplido las expectativas o las metas que les impuso y que empezarán a causar baja del equipo presidencial.

Los nombres de quienes estarían “en la tablita”, a la espera de un error como de la extitular de Semarnat o en una lista a los que de plano les dará las gracias el Presidente, sólo los sabe él y su círculo cercano, pero en todos los casos, dicen en Palacio Nacional, los movimientos, bajas y renuncias tendrán que ver con la “falta de resultados” por el incumplimiento de metas o el retraso de programas que para este Gobierno son prioritarios.

De las cinco bajas que se han dado en el gobierno de López Obrador, la de Semarnat es la primera “renuncia” que sugiere directamente el Presidente, tras el escándalo en redes porque de la oficina de la secretaria pidieron “por orden presidencial”, según anunció el piloto a los pasajeros, que regresara de la pista de despegue un avión para que abordara la funcionaria. Las otras renuncias tuvieron que ver con personajes que no se adaptaron a los nuevos estilos de austeridad y recortes de la 4T, que no se entendieron con sus jefes inmediatos o de plano tuvieron diferencias con las políticas del nuevo Gobierno. Es el caso de Clara Torres, que dejó la coordinación de Estancias Infantiles por desacuerdo con el cambio en el financiamiento directo a los padres de familia, o de Simón Levy quién renunció a la subsecretaría de Turismo por diferencias con el secretario Miguel Torruco y por estar en contra de los contratos por asignación directa entregados en esa área, o de Patricia Bugarín, quien dejó la Subsecretaría de Seguridad por desacuerdos con la estrategia del secretario Alfonso Durazo.

Veremos quiénes más se bajan o son bajados por el Presidente en aras de mejorar el funcionamiento de su Gabinete y apurar los resultados de las distintas áreas en las prioridades que se ha fijado este Gobierno. Por lo pronto, para entender mejor cómo opera el Gobierno de López Obrador, hay una explicación que una poderosa funcionaria de la 4T comparte: “Él (López Obrador) es un líder social, no un político, y tiene muy claras sus prioridades y programas que le interesan. De un lado del equipo estamos los técnicos, nuestra función es manejar bien los recursos financieros y garantizar que el dinero fluya para esos programas y prioridades; del otro están los políticos, que tienen que aplicar y administrar esos programas para que fluya la visión social del Presidente”.

Así que, técnicos o políticos, los que no cumplan las prioridades del Presidente y no estén a la altura de los temas y programas que a él le importan para mantener su liderazgo social, o se van o los echan.

NOTAS INDISCRETAS…

Tras la salida de González Blanco, se desataron el sábado rumores sobre la llegada del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco a la Semarnat. En cuentas de Twitter de varios periodistas se afirmó que era un hecho su nombramiento, pero hasta ayer Velasco lo negaba y aseguraba no haber recibido “ningún mensaje ni invitación del Presidente ni de nadie del Gobierno”. Incluso, quienes ya lo daban por hecho tuvieron que rectificar diciendo que siempre no habría nombramiento. Hoy se sabe que el nombre de Velasco sí fue soltado desde la oficina del Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, y que el ex gobernador sí estaba considerado por el presidente López Obrador, pero el grupo de Marcelo Ebrard se opuso y empujó a la subsecretaria Martha Delgado para ocupar la Semarnat, lo que desató una pugna interna que frenó el nombramiento. Incluso en el enfrentamiento, de un lado señalan que desde la cancillería se orquestó una campaña en redes contra el chiapaneco. ¿Qué decidirá el Presidente?...
25 Mayo 2019 04:00:00
Verdades y mentiras de la lista
En mis casi 30 años de ejercicio periodístico, 20 de ellos haciendo todos los días esta columna, nunca vendí mi pluma ni la puse al servicio de nadie. Quienes me conocen, familia, amigos, políticos y personajes públicos, pero sobre todo los lectores que han seguido mi trabajo en estas dos décadas, saben que este espacio siempre se ha orientado a informar al lector y a intentar compartirle información vedada de los entretelones públicos y políticos, siempre pensando más en el ciudadano que me lee que en el político que se busca a él o a sus adversarios en mis textos.

Por compromiso personal y ético, nunca redacto información ni comentarios o análisis en este espacio por consigna o encargo de nadie; no lo hago para atacar dolosamente y menos para elogiar o ensalzar a personajes, y siempre me mueve el interés humilde de decir algo que aporte, aunque sea un mínimo, al entendimiento de la vida pública o al conocimiento y la crítica de los personajes que detentan y ejercen el poder.

Comencé a escribir columna en 1999, el último año del Gobierno de Ernesto Zedillo, y desde mis primeros textos critiqué y cuestioné al Presidente y de ahí para abajo; lo mismo hice luego con Vicente Fox y su fallida alternancia, con el sangriento sexenio de Felipe Calderón y con el Gobierno frívolo, reformista y corrupto de Enrique Peña Nieto. Todo eso no son solo palabras mías en este texto, sino trabajos y columnas publicadas y disponibles en cualquier archivo hemerográfico o en la memoria digital del internet o de los diarios en los que he trabajado.

Cuando nació el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, a quien he seguido desde que fue presidente del PRD, candidato y luego Jefe de Gobierno del DF, y en sus tres campañas presidenciales, siempre lo cubrí y reporteé de la manera más imparcial, crítico también pero siempre consignando el liderazgo social que se movía en torno del personaje. Su campaña del año pasado, cuando se sabía desde antes que su triunfo era prácticamente inevitable, fue relatada aquí con objetividad e imparcialidad, sin ceder a las presiones de grupos que, en un ambiente tan polarizado, exigían lo mismo rendirse ante el fenómeno político y quemarle incienso, que atacarlo y denostarlo como una forma desesperada de reconocer la derrota anticipada de otros candidatos.

Por eso hoy, que como Presidente de la República, López Obrador es objeto de crítica en este espacio, tal como lo fueron todos sus antecesores, la respuesta intolerante de algunos grupos internos y externos de su Gobierno, que intentan intimidar y acallar el ejercicio y el derecho a esa crítica, pretenden manipular y engañar diciendo falsedades y calumnias, como que “solo a él lo critican, pero no a los anteriores presidentes”. Falso. “Lo atacan porque no les da dinero o ‘chayote’ como les daban los anteriores”. Falso. “Lo cuestionan porque son conservadores y no quieren que el país cambie positivamente o se pierdan sus privilegios”. Doblemente falso.

Tan falsos son esos argumentos que muchos, de identidad dudosa, repiten desde el anonimato de las redes sociales, como las afirmaciones hechas desde instancias de Gobierno en las que se asegura que a este columnista “le pagaron dinero a cambio de no publicar información” o que “les daban recursos públicos para que hablaran bien del Gobierno de Peña Nieto”.

En aras de la verdad y la transparencia para con mis lectores, pero también en contra de las mentiras, falsedades o medias verdades que esparcen lo mismo desde el Gobierno que desde cuentas anónimas en las redes sociales, publico aquí las cantidades, montos y conceptos de publicidad oficial que, legal y transparentemente, en operaciones facturadas y reportadas a la Secretaría de Hacienda, que cobró los respectivos impuestos, me fueron enviadas en forma de campañas de difusión, banners y mensajes de distintas dependencias del Gobierno federal para ser publicadas en la página de internet que edito y administro.

Esa página creada primero para difundir contenidos y noticias del programa de radio La Chuleta, en 2011, y después, ante la salida del aire de ese programa en mayo de 2012, por presiones y censura del grupo político de Peña Nieto, transformada en 2014 en la página digital de esta columna, Serpientes y Escaleras.

Desde algunas dependencias federales, a partir del 2013, me solicitaron publicar campañas de difusión de programas gubernamentales. Y cuando digo “me solicitaron”, me refiero a que yo nunca pedí ni busqué y mucho menos toqué la puerta de algún funcionario público para solicitarle que me diera publicidad. Campañas en montos de 60 mil, 100 mil y quizás la mayor que alguna vez me pidieron publicar de 400 mil pesos, todas relativas a temas públicos como campañas de vacunación, temporada de huracanes, difusión de obras o programas sociales, me eran enviadas por algunas áreas de comunicación, algunas de las cuales me comentaban que habían logrado sacar “algo de publicidad para tu página, porque no te quieren en Los Pinos, te tienen en una lista negra de periodistas críticos del presidente Peña”. Algunos incluso comunicadores conocidos, me referían que cuando solicitaban en sus presupuestos incluir mi página, la respuesta de Alejandra Lagunes, quien autorizaba los planes de publicidad, era que “No, a Salvador no porque siempre le pega al Presidente”.

Cada una de esas campañas, que fueron publicadas de acuerdo a lo solicitado y a la normatividad oficial, respaldadas con testigos de las publicaciones y facturadas con facturas oficiales, aparecen en los registros públicos de publicidad oficial. Y nunca, por ninguna de esas campañas ni por los pagos facturados, recibí ni acepté ningún tipo de condicionamiento editorial o de manejo informativo y mucho menos de ensalzamiento de funcionarios públicos o del presidente en turno, no solo en este espacio sino en las distintas colaboraciones que tengo el privilegio de hacer en medios electrónicos y digitales.

Por eso mienten quienes dicen que esos pagos de publicidad oficial eran a cambio de coartar mi libertad crítica e informativa, y miente también el Presidente cuando ayer, al pretender deslindarse de la filtración de una lista de pagos de publicidad a periodistas, desliza con evidente malicia que se trató de “publicidad con fines informativos”. Al menos en mi caso nunca fue así, nunca elogié al régimen, ni al presidente, y mucho menos a sus colaboradores, ni tampoco ataqué a ningún adversario u opositor, incluido el propio López Obrador, a cambio de esa publicidad. Y reto aquí a que alguien me muestre una columna o un comentario en radio o televisión, que demuestre lo contrario.

En 2013, con la razón social La Chuleta es la Chuleta, originalmente creada para recibir el pago del programa de radio del mismo nombre, facturé 5 mil 111 pesos a la Comisión Nacional del Agua por concepto de un banner publicado. En 2014 facturé una campaña por 34 mil 800 pesos a la Secretaría de Salud. En 2015 facturé dos campañas de 40 mil 600 pesos cada una a Pemex, y una de 60 mil pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 2016 facturé 81 mil 200 pesos por una campaña de difusión a Pemex, 120 mil de una campaña de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda del ISSSTE, y 149 mil 999 de otra campaña del ISSSTE. En total, en esos tres años, con la razón social mencionada, se facturaron 681 mil 36 pesos. Todas esas cantidades incluyen el IVA.

A partir de abril de 2016, debido al exceso de trámites y requerimientos de normatividad legal y fiscal, y al no tener personal que se ocupara de esos trámites, contraté los servicios de la agencia comercializadora de medios, denominada Commercial Media Bizcom, S.A. de C.V., constituida legalmente y registrada ante la Secretaría de Hacienda. A través de ellos se recibieron en ese año campañas de Hacienda, por 40 mil; Sedesol por 100 mil; Pemex 80 mil; Secretaría de Salud 119 mil 999; SCT, 69 mil; y del IMSS cinco campañas una de 27 mil, dos de 12 mil 179, una de 27 mil 839 y otra de 13 mil 919 pesos. El total facturado por Bizcom fue de 503 mil 386.47 pesos, de los cuales ellos cobraron una comisión del 20 por ciento.

Para 2017, Bizcom facturó campañas de difusión publicadas en la página Serpientes y Escaleras, dos de 60 mil pesos del Fovissste, cuatro campañas de Liconsa por 231 mil; dos campañas de Salud por 96 mil; tres campañas de Pemex por 217 mil pesos, una campaña de Función Pública por 99 mil 999; seis campañas del IMSS por 239 mil 996 pesos; una de Sedesol por 200 mil, otra de SCT por 249 mil; una de Banobras por 319 mil; y una campaña más de Sedatu por 399 mil pesos. En total Bizcom facturó ese año 2 millones 65 mil pesos de los que cobró su comisión del 20 por ciento.

Finalmente, en el año 2018, la misma comercializadora facturó nueve distintas campañas al IMSS por un total de 461 mil 563 pesos; dos campañas a Pemex por 102 mil 312; a la Lotería Nacional ocho campañas por 199 mil 998 pesos; y a Zonas Económicas Especiales una por 100 mil; dos campañas a Salud por 99 mil 910; una a Comisión Nacional del Agua por 200 mil; a Pronósticos Deportivos 22 campañas por 320 mil pesos. En total ese año, Bizcom facturó un millón 439 mil pesos, cantidad de la cual yo recibí el 80 por ciento.

De todas esas operaciones hay registros contables, archivos de respaldo de cumplimiento de normatividad legal en materia de publicidad oficial y declaraciones fiscales de pago de impuestos. No tengo nada que ocultar porque todo eso es público. Rechazo categóricamente haber aceptado condición alguna o servicio editorial a cambio de esos pagos de publicidad y difusión oficial. Tengo dos hijos y una esposa, y a los tres los puedo mirar a los ojos, al igual que lo hago ante los lectores y mis directivos, con la transparencia y claridad de quien tiene la conciencia tranquila.

Los dados seguirán girando, siempre con honestidad intelectual, ética periodística y libertad de crítica. Sin dejarse intimidar ni acallar por ataques y calumnias.
23 Mayo 2019 04:01:00
Lozoya, primera llamada, primera
La inhabilitación por 10 años del servicio público a Emilio Lozoya Austin, sumada a la sanción de 620 millones de pesos por “mal uso de recursos públicos y pago de sobreprecio” por la compra de Fertinal, realizada durante su gestión, representa sin duda el primer aviso de que al exdirector de Pemex durante el sexenio pasado, le han comenzado a cerrar el círculo con estas fuertes sanciones administrativas de la Secretaría de la Función Pública, que serían la antesala de posibles acusaciones de responsabilidades penales que prepara la Fiscalía General de la República (FGR) contra uno de los hombres más cercanos, política y afectivamente, al expresidente, Enrique Peña Nieto.

Junto con otros directivos importantes de su gestión al frente de Pemex y, de acuerdo con fuentes del Gobierno federal que confirmaron su nombre a El Universl, Lozoya es el primer funcionario de alto nivel del sexenio peñista que recibe una sanción por temas relacionados a corrupción (información falsa en su declaración patrimonial al omitir cuentas bancarias con cientos de miles de pesos) y a malversación de recursos públicos por la compra irregular de una planta de fertilizantes que se pagó muy por encima de su valor real, un tema que a pesar de las denuncias documentadas de un daño patrimonial a Pemex, nunca fueron investigadas en el sexenio pasado.

Pero con todo y lo fuertes que pueden resultar las sanciones de la Función Pública, que podría dar vista a la FGR para que investigue posibles responsabilidades penales, el expediente que más preocupa a Lozoya y a buena parte del que fuera el primer círculo del expresidente Peña Nieto, es la investigación del caso Odebrecht, que en estos momentos tiene en curso el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Al igual que la secretaria Irma Sandoval, que anunció en tono festivo el “gran logro del equipo de la Función Pública que hoy logra sancionar a altos mandos de Pemex de la administración de Peña Nieto”, Gertz también ha declarado en entrevistas que en los grandes casos de corrupción que investiga la Fiscalía a su cargo, como Odebrecht y la llamada “Estafa Maestra”, habrá imputaciones y posibles órdenes de aprehensión contra funcionarios de primer nivel y ha dicho que “vamos contra los nombres que todo mundo conoce y espera en estos casos, no por chivos expiatorios”.

Qué tan real y próxima sentirán en el grupo peñista la posibilidad de un procesamiento a uno de sus hombres más cercanos, que un político del PRI, que reciente conversó con el expresidente Peña le escuchó decir que no le preocupaban tanto las investigaciones o acusaciones en su contra, sino en contra de algunos de sus excolaboradores cercanos “que viéndose desesperados puedan hablar”. ¿Acaso Peña Nieto estará viendo desesperado al exfuncionario de su gobierno al que protegió y defendió durante varios meses, aun cuando ya abundaban las denuncias de malos manejos y de presuntos sobornos recibidos en el caso Odebrecht?

En todo caso, como en el teatro y en medio de gritos y silbidos del público, que ya le exigían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que actuara con hechos y no sólo con discursos, ayer se dio la primera llamada, primera, para empezar a ver en el escenario judicial y sentados en el banquillo, a los acusados de corrupción en el sexenio de Peña Nieto.

NOTAS INDISCRETAS… Después de varios días de silencio, a pesar de la molestia que causaron sus comentarios en Palacio Nacional, el vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, le respondió ayer al personaje de “Brozo” que calificó las mañaneras del Presidente López Obrador de “ser un montaje, un circo, con actores contratados para preguntarle al presidente”. Entrevistado por este columnista en radio, Ramírez Cuevas dijo: “Tratándose de un personaje como ese, quisiera poder responderle en el mismo tono que hizo sus comentarios, pero tengo que cuidar la investidura de funcionario. Las mañaneras son un ejercicio de comunicación exitoso y original. No hay ningún montaje, nosotros no les decimos a los periodistas qué preguntas hacer”, dijo el coordinador de Comunicación Social y responsable del ejercicio informativo diario en Palacio Nacional… Los dados mandan Serpiente doble.

Descendemos.
22 Mayo 2019 03:14:00
Las dos renuncias de Germán
La estridente renuncia que ayer presentó Germán Martínez a la dirección del IMSS, y que significa la primera gran baja del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, no fue la primera vez que el expanista renunciaba a ese cargo. En enero de este año, prácticamente al arranque de la administración, Germán ya le había presentado una primera renuncia al Presidente, cuando se quejó de que Pedro Zenteno, su primer director de Administración y quien le reportaba directamente a López Obrador, no lo respetaba y tomaba decisiones sin consultarlo. En aquella ocasión, el Mandatario no le aceptó su dimisión y prefirió mover a su muy cercano Zenteno al ISSSTE, para que Martínez se calmara y nombrara a su propio equipo administrativo.

Zenteno se fue al ISSSTE, pero acusó a Germán Martínez con el Presidente de que “estaba haciendo negocios” en el IMSS, lo que distanció aún más al expanista del Palacio Nacional, pues en los cinco meses que duró en el cargo nunca fue recibido en acuerdo por el Presidente, a pesar de que su protector, Alfonso Romo, insistió una y otra vez en que López Obrador recibiera a Martínez.

En esta ocasión los constantes choques del exdirigente nacional del PAN con la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y con su jefe el secretario Carlos Urzúa, terminaron por hacer crisis y, tras varias quejas, desencuentros y recortes al presupuesto y a los programas sociales del IMSS, Germán terminó por estallar.

La gota que derramó el vaso fue la petición de Buenrostro, en un oficio enviado el pasado 30 de abril, para que se despidiera a todos los delegados del Seguro Social en sus estados, que habían sido nombrados por su Consejo Técnico, para que “por instrucciones del Presidente”, según el oficio enviado por la Oficialía Mayor de la SHCP, sus funciones fueran asumidas por los coordinadores estatales o superdelegados del Gobierno federal en cada entidad federativa.

El director del IMSS nunca estuvo de acuerdo con ese y otros recortes de personal y presupuesto y, aunque pidió en varias ocasiones –con oficios que menciona con fecha y número en su carta de renuncia– reunirse personalmente con Urzúa y Buenrostro, sus reclamos fueron ignorados y nunca se le dio la oportunidad de explicar por qué consideraba que quitarle recursos financieros y humanos al Seguro, atentaba contra su autonomía financiera, su normatividad y la operatividad más básica de sus programas de atención a los sectores más necesitados y a sus beneficiarios.

Prácticamente desde esa fecha Germán preparó su salida al entender, según explica en su largo texto de motivos, que no podía hacer nada contra las “políticas de esencia neoliberal” aplicadas por Hacienda y los recortes constantes al IMSS. Desde principios de mayo le mandó su renuncia al presidente López Obrador y prácticamente ya no se presentó a las últimas reuniones de gabinete convocadas en Palacio Nacional. Su decisión ya estaba tomada y sólo esperó a que se reuniera el Consejo Técnico del Instituto para informarles de su salida.

Por eso ayer, cuando le preguntaron los reporteros a su llegada a Veracruz, por la primera renuncia que logra cimbrar a su gabinete, sobre todo por las críticas y cuestionamientos que hace Germán Martínez a la política hacendaria y de recortes indiscriminados en las principales dependencias para mandar recursos a la entrega de ayudas en efectivo que hace este Gobierno, el Presidente no se mostró sorprendido y, aunque aseguró que respeta su libertad, dijo no compartir las razones que tuvo el expanista para irse de la forma en que lo hizo, al mismo tiempo que López Obrador defendió la injerencia de Hacienda no sólo en el IMSS sino en el ISSSTE, con lo que le dio un abierto espaldarazo a Carlos Uzúa y a su dictatorial Oficial Mayor, Raquel Buenrostro.

Eso sí, a Germán Martínez, que fue en su momento una de las principales adhesiones que más fortalecieron la campaña presidencial de López Obrador, que hicieron crecer su movimiento por tratarse de un político que perteneció a la élite del PAN y del gobierno de Felipe Calderón, el Presidente le dejó abierta la puerta para que regrese al Senado, a ocupar su escaño plurinominal si así lo decide, tal vez en una respuesta al respeto que le expresó en lo personal el exdirector del IMSS.

Veremos si decide regresar, en cuyo caso el senador Pedro Haces volvería a ser su suplente, y la incógnita sería si desde el Senado, Germán seguiría fiel a los dictados e intereses de Morena y de la Cuarta Transformación, con la que ya expresó sus diferencias, al menos en la política económica y presupuestal. Los dados mandan doble Escalera. Buen tiro.

21 Mayo 2019 04:00:00
México, ¿al rescate de Centroamérica?
La propuesta del Plan Marshall para Centroamérica, presentada ayer por el Gobierno mexicano y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) representa la apuesta más ambiciosa y arriesgada que realiza la Administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de política internacional, en busca de un efecto que también pretende incidir en la política interna, para lograr el control de la desbordada y descontrolada migración ilegal por la frontera sur de nuestro país.

En su intención de contribuir al desarrollo centroamericano, como una forma de apostar a lograr “el arraigo” de la gente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en sus territorios y hacerlos abandonar la migración obligada, López Obrador, de la mano de su canciller Marcelo Ebrard, también realiza una doble apuesta para llevar recursos a la región sur-sureste de México, la que más parece importarle apoyar al Presidente no sólo por ser su lugar de origen, sino porque también es la que mayores rezagos y desigualdades acumula en México con una disparidad histórica y estructural en relación al norte del país.

AMLO decide así, renunciar al millonario apoyo de Estados Unidos en materia de seguridad y armamento y canjea el Plan Mérida del que se beneficiaron económica y tecnológicamente sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su “Guerra contra las Drogas”, por una estrategia de colaboración y ayuda económica para la región centroamericana, comprendida no solo desde el Suchiate, sino iniciando desde los límites de Guerrero, Oaxaca y Tabasco hasta la frontera con Costa Rica.

El documento presentado ayer en conferencia de prensa conjunta entre el presidente López Obrador y la embajadora de la Cepal, Alicia Bárcena, fue elaborado en su mayor parte por el organismo regional, aunque el mérito de la idea es totalmente del Gobierno lopezobradorista y del canciller Ebrard. La propuesta de aplicar los 10 mil millones de dólares que Washington se comprometió a invertir en diciembre pasado en la región centroamericana en la aplicación de 30 políticas públicas es, de entrada, una estrategia impecable desde el punto de vista económico y el razonamiento mexicano de que “no será con violencia ni por la fuerza, sino con desarrollo y oportunidades”, como se logrará frenar la incontrolable migración de Centroamérica a EU, utilizando como tránsito obligado al territorio nacional.

Sólo que los recursos comprometidos por EU dependerán de momento de la estrategia electoral, tanto de Donald Trump como del Congreso, en el marco de la elección de 2020. Y por otro lado, aún cuando comenzaran a fluir esos recursos, los presidentes de Centroamérica son producto del descontento popular, igual que aquí, y carecen de experiencia y estructuras partidarias y equipos profesionales de Gobierno que garanticen el avance de un plan de política económica tan ambicioso.

Y quizás esa sea otra de las deficiencias no menores del llamado Plan Marshall: que de los temas de inseguridad y violencia que azotan a toda la región centroamericana y que son parte directa del fenómeno de expulsión de migrantes, no dice absolutamente nada y se concreta a ser un plan completamente economicista, con sólo “buenas intenciones” en materia de pacificación y estabilidad de la seguridad y la violencia en la región. Para el crimen organizado este no dejará de ser un programa más y ellos seguirán con lo suyo y por tanto las miles de personas que están llegando a México y que pretenden llegar a EU huyendo de la violencia en sus países, queda la duda de si los logrará arraigar la “ilusión del progreso” o los expulsará la violencia del crimen organizado.

Por el momento ya está el plan de López Obrador, Ebrard y la Cepal para frenar la migración e impulsar el desarrollo del complicado sureste mexicano y de Centroamérica; sólo falta el dinero.
20 Mayo 2019 03:16:00
Los ‘corruptos’ que gozan de cabal salud
La imagen de una boda el fin de semana, en la hacienda Jajalpa en el Estado de México, confirma que el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que todos los días condena a la corrupción y a los corruptos a los que considera “enfermos” y hasta quiere mandarlos a “terapias” o poner sus nombres en placas alusivas de obras públicas, no es más que retórica que, hasta hoy, no se corresponde con acusaciones o procesos formales contra ningún político o exfuncionario.

Porque mientras el Presidente repite a diario en sus discursos que acabará con la corrupción y los corruptos, y ayer domingo anunciaba en el sureste que con el dinero y propiedades que les va a quitar hará “obras para los pueblos” y exhibirá el nombre de “políticos corruptos” o cárteles de la droga a los que se les confisquen bienes, varios personajes cuyos nombres han sido mencionados por él o por otros funcionarios de su Gobierno, aparecen de lo más tranquilos y relajados en un video de la mencionada boda difundido el fin de semana en las redes sociales.

La celebración en cuestión, de una hija del abogado Juan Collado, contó con la presencia de varios aludidos en los discursos de López Obrador o de otras instancias de Gobierno cuando habla sobre temas o denuncias de corrupción. Desde el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien incluso Andrés Manuel ha dicho que someterá a juicio junto con otros exmandatarios “por temas de corrupción”, que se veía muy sonriente y contento con su nueva novia, la modelo Tania Ruiz, a quien presentó en sociedad en ese evento, hasta el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, que parece seguir gozando del favor del actual Gobierno a pesar de denuncias penales de trabajadores petroleros por desvíos de fondos sindicales o de la cacareada democratización sindical que no parece hacerle mella al dirigente priista del STPRM. Apenas el viernes, en su conferencia mañanera, AMLO aludió nuevamente a la corrupción del sexenio anterior al hablar de vehículos de lujo y “casas en Las Lomas que eran custodiadas por políticos” y, sin mencionar por su nombre al expresidente, dijo que tenía “dos vehículos, de lo más extravagantes que pueden imaginar, dos camionetas, que regaló a la Presidencia (de Peña Nieto) el Rey de Jordania y que no se sabía que existían y ya aparecieron” y que ahora serán exhibidos este lunes en Los Pinos y posiblemente vendidos, subastados o entregados a la Guardia Nacional. ¿Podía Peña Nieto legalmente recibir dos autos de lujo de un monarca extranjero?

Junto a Peña y Deschamps, escuchando en vivo a Julio Iglesias, se puede ver al expresidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar, a quien investigaciones y documentos internos del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el pasado 3 de abril por El Universal, atribuyen irregularidades, retrasos, sobreprecios e incumplimientos de contratos en la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca y otro más en Reynosa, Tamaulipas, en casos que están siendo investigados y que podrían incluso generar demandas en contra del Poder Judicial.

También muy quitado de la pena, aparece en el video el exencargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien se dedicó el último año que estuvo al frente de la extinta procuraduría, a obstaculizar, obstruir y retrasar las investigaciones de casos de corrupción como el de Odebrecht, la Estafa Maestra y que fue parte de la “reclasificación del delito” que permitió al exgobernador veracruzano Javier Duarte obtener una sentencia por sólo 3 años de prisión, a pesar de los millonarios desvíos en su estado.

Recientemente el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a los anteriores titulares de la PGR, de la que Elías Beltrán fue el último, de heredarle un “rezago de hasta 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas; con una anarquía en la estructura administrativa que utilizaba la flota aérea de forma irracional, compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios”, además de que acusó que la institución “se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder”. Así que, viendo lo contentos y relajados que se ven esos y otros personajes que, en el discurso diario de López Obrador, simbolizan la terrible corrupción gubernamental que le heredaron, podría decirse que las palabras y discursos del Presidente no parecen asustar a los corruptos que, como dice esa célebre frase “gozan de cabal salud”.

18 Mayo 2019 04:00:00
Slim y AMLO: encuentros, desencuentros y ¿pacto?
La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim ha sido sin duda de altibajos. Pasaron de ser, amigos y aliados cercanos en el 2006, cuando el ahora presidente fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y el dueño de Grupo Carso era uno de los empresarios e inversionistas más allegados a su gobierno, a tener luego sus diferencias en las elecciones presidenciales de aquel año, cuando el tabasqueño desconoció los resultados y denunció un fraude que lo llevó a tomar Paseo de la Reforma y a declararse “presidente legítimo”, mientras el ingeniero empujaba un proyecto de “anulación de los comicios” y la declaración de Juan Ramón de la Fuente como presidente interino.

A partir de ahí la relación pasó de la cercanía al distanciamiento y del calor al frío. Así se mantuvo en la siguiente candidatura presidencial de López Obrador en 2012, cuando Slim jugó sus cartas entre Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, y aunque no rompió nunca con Andrés Manuel, tampoco lo apoyó en esa campaña como sí lo había hecho seis años antes. Ya para el 2018, cuando el candidato de Morena era el favorito en las encuestas, la comunicación entre los dos se reactivó, pero ya no con el mismo nivel de cercanía que existió en el pasado, y como presidente electo, buena parte del diálogo entre ellos se centró en la posibilidad del nuevo mandatario de cancelar el aeropuerto o concesionárselo a Slim, algo que se trató en reuniones y cartas, aunque nunca se lograron poner de acuerdo en los términos para concretar esa concesión.

Tras la cancelación de Texcoco, Slim acató la decisión presidencial y participó en las reuniones para negociar las indemnizaciones, pero decidió ser mucho más cauteloso en sus inversiones en México y, sin descuidar sus enormes intereses en el país, optó por buscar proyectos de inversión en otros países de América Latina y Europa.

Desde el arranque del Gobierno de López Obrador se han reunido en varias ocasiones y si bien, como dijo el propio Presidente, “no siempre estamos de acuerdo y tenemos nuestras diferencias”, ambos han optado por una relación “cordial”, como la definió ayer mismo, a pregunta de los reporteros, el propio Slim: “¿Crees que alguien es perfecto para que no haya desacuerdos? Lo importante no es que haya desacuerdos. Puede haber diferencias de criterios, de opinión, pero eso pasa en todas las sociedades”, dijo el ingeniero.

Las diferencias y desacuerdos entre el Presidente y el empresario más rico de México no son tan difíciles de adivinar: mientras López Obrador presiona y exige a los empresarios que actúen “con visión social” y que inviertan en sus negocios y concesiones, sobre todo en regiones donde no exista una ganancia segura o un mercado masivo, Carlos Slim defiende la necesidad de que cualquier inversión y negocio que hagan los empresarios mexicanos, tiene que tener primero la certeza y la certidumbre de un gobierno que respete la legalidad y que apoye la inversión con un manejo responsable de las finanzas públicas, además de contar con garantías de que se trata de negocios rentables y con capacidad de retorno para el capital que invierte el sector privado.

Ese ha sido hasta ahora el principal “desencuentro” que han tenido los dos actores principales de la política y la economía del país: AMLO quiere un “mercado social” en el que el sector privado se comprometa con la inversión a favor de los sectores y regiones más desprotegidas, aún a costa de sacrificar ganancias y anteponiendo el “interés social” al “interés del dinero”, mientras que Slim defiende la inversión privada, sí responsable y que apueste al desarrollo económico del país, pero con toda la certidumbre y garantías de un gobierno que respete el derecho del empresariado a recuperar sus capitales y a obtener ganancias legítimas.

En su último encuentro en Palacio Nacional, el Presidente y el ingeniero volvieron a hablar del mismo tema: la necesidad de una alianza empresarios-gobierno para sacar adelante la economía del país, en momentos en que la mayoría de los pronósticos e indicadores apuntan a una caída del crecimiento y a un posible ciclo recesivo derivado del manejo financiero interno y de condiciones externas que amenazan con dificultar la expansión de la economía mexicana. En esta ocasión tuvieron como testigos de calidad de su plática a dos expresidentes del Movimiento de Montevideo, el español Felipe González y el uruguayo José María Sanguinetti, ambos amigos cercanos de Slim.

La plática en la que se habló de un “posible pacto” para impulsar el crecimiento económico, ocurrió en medio de expresiones duras de López Obrador hacia los negocios de Slim, tanto en lo que tiene que ver con la falta de conectividad en regiones y municipios apartados y fuera de las zonas urbanas del país, como en el retraso de una autopista concesionada a las constructoras del Grupo Carso y que el Presidente acusó que no han terminado en 10 años, mientras que Carso se defendió diciendo que la SCT no ha terminado de liberar los derechos de vía en zonas selváticas de Nayarit.

Con todo cuando uno y otro hablan de una “relación cordial, pero con diferencias o desacuerdos”, están diciendo la verdad. La gran pregunta es si el político con más poder en México y el empresario con más dinero en el país, serán capaces de superar esas diferencias y coincidir en una visión que satisfaga los intereses de ambos, el social del Presidente y el económico y financiero del ingeniero –a cual más legítimo y necesario para el desarrollo equilibrado de la República– para poder dar paso a una sinergia real y urgente gobierno-empresarios, en la que la mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros sin duda participarían con sus inversiones, si ven que Slim y López Obrador ya se pusieron de acuerdo.

¿Austeridad selectiva en la 4T?
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador solo viaja en aerolíneas comerciales y ha dicho que los vuelos privados no se utilizarán más en su Gobierno, la presidenta nacional del partido del presidente, Yeidckol Polevnsky, usó cinco vuelos privados para una gira de trabajo que realizó el pasado fin de semana, y en la que voló desde la ciudad de Toluca a Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.

De acuerdo con una de las bitácoras de vuelo –de la que esta columna tiene una copia– la líder de Morena usó un jet privado, LET 4150, para trasladarse del Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina (código OACI: MMTM), en Tampico, Tamaulipas, con destino al Aeropuerto Internacional General Servando Canales, Matamoros (código OACI: MMMA).

Polevnsky viajó el 11 de mayo a Tamaulipas para respaldar a las y los candidatos de su partido a cargos de elección que competirán en los comicios del 2 de junio próximo y, según consulta a la empresa Aerolíneas Ejecutivas, una cotización de vuelo similar a la trayectoria que siguió la dirigente partidista es estimada en 23 mil 237 dólares, es decir, al tipo de cambio de 19.56 centavos por dólar. Los viajes realizados por la presidente de Morena, que fueron Toluca-Ciudad Victoria; Ciudad Victoria-Tampico; Tampico Matamoros; Matamoros-Monterrey y Monterrey-Toluca, costarían un total de 454 mil 515 pesos con 72 centavos.

De acuerdo con la bitácora de vuelo –a la cual este columnista tuvo acceso– en su recorrido de Tampico a Matamoros, la líder de Morena viajó acompañada de Carlos Suárez, su asistente y operador político, así como por Víctor Govea, excandidato a la Alcaldía de Apodaca, Nuevo León, en la elección de 2018. Reporteros de El Universal consultaron al presidente de Morena en Tamaulipas, Enrique Torres Mendoza, quien dijo desconocer si su dirigente nacional llegó a dicha entidad en un vuelo privado.

“No tengo ni idea”, aseguró el dirigente estatal, quien comentó que todo lo relacionado con el traslado de Polevnsky estuvo a cargo de ella misma. “Ella traía su propia logística, pero para nosotros lo importante era recibirla porque nos dio un mensaje de unidad a todos los integrantes del partido”.

La pregunta es si la “austeridad republicana” que pregona el Presidente y que ahora ya es ley aprobada por el Congreso, sólo aplica al Gobierno, ¿pero no para su partido?

Escalera doble mandan los dados. Buena semana.
16 Mayo 2019 03:20:00
Tláloc y AMLO apoyan a Sheinbaum; ¿y los gobernadores?
En medio de su primera gran crisis como Jefa de Gobierno, por la doble contingencia ambiental que afecta a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recibió ayer un doble apoyo: por un lado, el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la defendió de las críticas por la forma en que ha enfrentado la contingencia y le dio un “espaldarazo” político al exaltar sus habilidades como científica y experta en materia ambiental; y por otro lado, la llegada de las primeras lluvias de la temporada que anoche cayeron sobre la Ciudad de México y favorecieron la dispersión de contaminantes y partículas suspendidas.

“Es buena administradora pública, pero además su especialidad como profesional, como científica, es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Cuando fui Jefe de Gobierno de la ciudad ella fue la secretaria del Medio Ambiente. Y en aquel tiempo, no es para presumir ni para enojar a mis adversarios, pero en aquel tiempo cuando fui Jefe de Gobierno sólo en un día hubo contingencia ambiental”, dijo el Mandatario al invitar hoy a la Jefa de Gobierno a su conferencia matutina y analizar con ella la problemática ambiental.

En contraste con el abierto apoyo de López Obrador –que para algunos confirma su cercanía política y afectiva con Claudia Sheinbaum, pero para otros representa un retorno a los tiempos de la Regencia capitalina, cuando el Presidente se asumía como el “jefe” político y administrativo de la capital del país– los que han brillado por su ausencia en esta crisis ambiental que no es solo de la ciudad, sino del Valle de México y de su Zona Metropolitana, son los gobernadores de los estados que forman parte de la megalópólis.

Ni Alfredo del Mazo, Gobernador mexiquense, en cuyos municipios del oriente se han registrado las más altas concentraciones de contaminantes, ni el Mandatario de Puebla, Guillermo Pacheco, que también enfrenta una primera contingencia ambiental en la capital poblana, y mucho menos los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, han salido a dar la cara o a asumir la parte que les corresponde en el agravamiento de las condiciones atmosféricas de la megalópolis, en la que se asientan varios municipios y territorios pertenecientes a sus estados, y que también son parte de la problemática de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Sheinbaum ha tenido que cargar sola con el costo social y político de una contingencia que ha causado molestia y preocupación en la población por sus efectos en la salud pública, y aunque reciba el apoyo político del Presidente, tampoco las autoridades federales han hecho su tarea y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), autoridad federal encargada de coordinar las políticas ambientales para la metrópoli, tuvo que ser encabezada en esta emergencia ambiental por el subsecretario Arturo González Miranda, ante la ausencia de un titular que no había sido propuesto por la secretaria Josefa González Blanco, quien apenas ayer, en medio de la crisis anunció el envío de una terna al presidente López Obrador para que realice la designación. ¿Nadie le dijo a doña Josefina que este era un tema prioritario en la Semarnat que ella encabeza o habrá creído que los aluxes nos salvarían de una contingencia?

Veremos pues, con el espaldarazo presidencial y el apoyo del dios Tláloc y las primeras lluvias de la temporada, si Claudia Sheinbaum logra sortear esta primera crisis política y ambiental en el arranque de su Administración. Las medidas implementadas, junto con las tormentas de anoche, podrían ayudar a dispersar las partículas PM2.5 y los altos niveles de ozono que hasta ayer se registraban, pero sin duda, hacia adelante la Jefa de Gobierno, que ya anunció junto con la CAMe el establecimiento de nuevos protocolos para los distintos tipos de contingencia y una revisión y cambios al programa Hoy No Circula, tendrá que demostrar que, efectivamente, su condición de científica, reconocida incluso por formar parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, va a garantizar que la Ciudad de México mejore sus condiciones ambientales y disminuya su enorme cantidad de emisiones a la atmósfera. Mientras, a ver si los gobernadores de la megalópolis sacan la cabeza del agujero y dejan de hacer política de avestruz ante la problemática del Valle de México.
15 Mayo 2019 03:32:00
Ley de Remuneraciones, a tiempos extra
La presentación de dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del bloque opositor en el Senado, alcanzó a salvar, literalmente al cuarto para las 12, la revisión constitucional de esa legislación. Porque el fondo de este asunto, que podría declarar inconstitucional la reducción de salarios y la obligatoriedad del tope de 108 mil pesos que gana el Presidente, estuvo a punto de irse al limbo y de no ser analizado al romperse la mayoría de ministros de la Suprema Corte, con 4 votos que rechazaron discutir las impugnaciones contra la primera versión de la Ley de Remuneraciones, aprobada en diciembre de 2018 por la mayoría de Morena, y modificada después por el Congreso en casi 90% de su contenido en abril de 2019.

A pesar de los 7 votos de ministros que se pronunciaron a favor de discutir las primeras acciones de constitucionalidad y de no
desecharlas por tratarse de recursos que cuestionaban una ley ya modificada, los 4 votos del ministro presidente Arturo Zaldívar, de Yasmín Esquivel Mossa, Norma Piña y Juan Luis González Alcántara, prácticamente anularon cualquier posibilidad de la que la Corte declarae inconstitucional la ley con base en las anteriores impugnaciones; sin embargo, gracias a que el ministro Zaldívar alertó que no tenía caso discutir una acción de revisión que impugnaba una ley ya modificada casi en su totalidad, la oposición en el Senado y la CNDH se avisparon y el lunes, a las 11:47 de la noche, 13 minutos antes de que venciera el plazo, recibo, presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad que impugnan, ahora sí, el contenido de la reforma del 12 de abril de 2019.

Esos recursos de última hora permitirán que la verdadera discusión para saber si es o no constitucional que se imponga a otros poderes, como el Judicial y a los organismos autónomos como el INE o la propia CNDH, un tope salarial de 108 mil pesos se traslade a dentro de 3 o 4 meses, cuando la ministra Yasmín Esquivel Mossa, designada recientemente a propuesta del presidente López Obrador, presente el proyecto sobre la constitucionalidad o no de la citada ley, a partir de la revisión de las nuevas controversias de la CNDH y del bloque de 66 senadores de las bancadas de oposición.

Así que por ahora seguirán discutiendo, ya sin posibilidades de declarar inconstitucionalidad, sólo una parte de las primeras controversias, en un ejercicio que ya de antemano está destinado a no resolverse por la composición de 7 votos posibles a favor de la violación constitucional, contra 4 en contra, lo que significa que aun cuando el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que proponía desechar la primera versión de la Ley de Remuneraciones tuviera el mayor número de votos, en ningún caso logrará la mayoría por los cuatro votos del que ya parece un bloque: Zaldívar-Esquivel-Piña y González Alcántara.

Tendrá que ser pues hasta la próxima discusión, la del proyecto que Yasmín Esquivel presente en unos meses, cuando se defina finalmente, y con base en las dos nuevas acciones presentadas la noche de este lunes, si la medida de haber disminuido los sueldos a todos los servidores públicos de los tres poderes y de los órganos autónomos, para colocarlos por debajo del sueldo del presidente López Obrador, tuvo o no sustento constitucional. Nos vamos, pues, a tiempos extra en este importante y trascendental debate para la política de austeridad obligada de la 4T.


NOTAS INDISCRETAS…Contaminada e insegura, así se percibe por estos días la CDMX. Con balaceras lo mismo en pleno Periférico que en Polanco o en Tepito, y con una contingencia por la mala calidad del aire, la capital empieza a parecer un caos en el que la autoridad se ve rebasada, ya no sólo por una crisis de seguridad que, con todo y que fue heredada, no logra ser controlada o frenada, sino incluso ahora en temas en los que, se supone está la especialidad y experiencia de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que las cosas se le empiezan a complicar demasiado hasta en las áreas que para ella se pensaban fáciles.

14 Mayo 2019 04:01:00
¿El modelo ‘Moreno Valle’ en Tamaulipas?
Cuando al interior del PAN aseguran que Francisco García Cabeza de Vaca busca emular los pasos del fallecido líder senatorial panista, Rafael Moreno Valle, no se refieren sólo a que el gobernador de Tamaulipas tiene aspiraciones de buscar la candidatura presidencial del blanquiazul en 2024, sino a que, literalmente, el mandatario norteño ha trazado un proyecto que copia fielmente la estrategia “morenovallista” con la que, en su momento, el exgobernador de Puebla pretendió buscar la Presidencia de la República en los pasados comicios de 2018.

Cabeza de Vaca, dicen, prepara una reforma para que el Congreso del Estado apruebe la modificación de la Ley Electoral del Estado, a fin de permitir que la próxima Gubernatura que seguirá a su periodo, a elegirse en los comicios del 2022, dure solamente dos años, con el argumento de empatar la elección estatal de 2024 con la próxima elección presidencial. Para ello buscan que se apruebe una iniciativa de ley que el PAN presentó en el Congreso local desde 2017 y que, ante la falta de acuerdos, ha sido frenada porque la bancada panista no alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes para modificar la Constitución local.

La Gubernatura de dos años le permitiría, en el plan trazado por el gobernador tamaulipeco, postular a un candidato incondicional para que despachara en esa minigubernatura mientras él arma su campaña para el 2024 con el apoyo del gobernador de su estado. Luego, junto al objetivo de hacerse con la nominación presidencial del PAN vendría una campaña en el estado para postular como candidata a gobernadora en el 2024 a su esposa, Mariana Gómez de García, a quien ha venido preparando en este sexenio y le ha permitido cada vez más injerencia en las decisiones de su gobierno.

Así, en el plan futurista tamaulipeco, se intentaría reeditar lo que en su momento intentaron los fallecidos Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Ericka Alonso, que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fuera como candidato a la Presidencia en 2024, mientras su esposa Mariana Gómez va como candidata al gobierno estatal.

En esa lógica es que Cabeza de Vaca ha empezado a tejer alianzas con gobernadores panistas dentro del GOAN (Gobernadores de Acción Nacional) que él encabeza y del que forma parte junto con los estados de Querétaro, Durango, Baja California, Aguascalientes, Quintana Roo y Yucatán, en el que su proyecto tendría el apoyo de siete de los actuales mandatarios del partido blanquiazul.
Por eso, en las elecciones del próximo 1 de junio, en las que se renueva el Congreso local, el gobernador ha apostado todo su capital político –y los recursos públicos de su estado, dicen los opositores en su estado– para evitar un escenario en el que Morena le arrebate el control de la mayoría del Poder Legislativo, y mantener el dominio panista que le permita llevar a cabo su proyecto político que comienza con la modificación del calendario electoral para la próxima Gubernatura.

En el proyecto político de Cabeza de Vaca un asesor fundamental es el exsenador Roberto Gil Zuarth, quien ha sido uno de sus operadores políticos más cercanos desde su candidatura a gobernador. Casualmente Gil Zuarth fue también un amigo y operador cercano de Rafael Moreno Valle y de su esposa Martha Ericka Alonso, a quienes les ayudó todavía a operar política y jurídicamente la defensa de su triunfo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante las impugnaciones del morenista Miguel Barbosa, que terminaron con el reconocimiento del triunfo legal de la fallecida gobernadora Alonso.

El lamentable desenlace fatal que tuvo el proyecto del matrimonio Moreno Valle-Alonso es un caso que aún sigue pendiente de esclarecer por parte de la justicia federal. La pregunta es si ahora el matrimonio Cabeza de Vaca-Gómez tendría mejor suerte en sus aspiraciones y proyectos políticos a futuro.

NOTAS INDISCRETAS…Con la Ciudad de México en brumas, por la muy mala calidad del aire, cómo se extrañan las propuestas que la entonces delegada de Tlalpan, Claudia Scheinbaum, hacía a las políticas ambientales del gobierno de Miguel Ángel Mancera en el 2017: “6 días de Contingencia. Partículas en más de 110 Imecas. Autoridades esperando que Tláloc les ayude. Urge Política Ambiental en la CDMX”, decía la hoy jefa de Gobierno el 21 de mayo de 2017, apenas hace dos añitos. Ahora, con 140 puntos, Sheimbaum dice que no es momento de decretar Contingencia, ¿de quién espera ayuda ahora su gobierno?... Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
13 Mayo 2019 04:00:00
Los góbers incómodos de la 4T
Veracruz y Morelos, junto con sus respectivos gobernadores, se están convirtiendo en un “dolor de cabeza” para el Gobierno federal.

La incapacidad manifiesta de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco para contener la ola de violencia e inseguridad que azota a la población de sus estados, se ha convertido en un problema que preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gabinete de seguridad, para quienes la situación convulsa en ambas entidades, donde crecen las ejecuciones y los asesinatos violentos, se vuelve tema recurrente.

Aunque con sus diferencias, porque uno es militante de Morena y cercano al grupo gobernante, y el otro llegó al poder como un aliado político ocasional y de conveniencia, los dos mandatarios locales están en estos momentos en el radar del Presidente por la misma razón: ninguno de los dos ha sabido enfrentar acertadamente la situación de inseguridad en sus estados, que si bien ambos heredaron de sus antecesores Miguel Ángel Yunes y Graco Ramírez, en ambos casos se ha registrado un crecimiento de la violencia con masacres múltiples, feminicidios y ejecuciones violentas en Veracruz, o balaceras y asesinatos en plena plaza pública y a la luz del día, en Morelos.

A Cuitláhuac García el Presidente le ha dado un respaldo abierto no solo en lo político, ante las constantes críticas y denuncias sobre su falta de capacidad y liderazgo para enfrentar y detener el incremento de la violencia y las ejecuciones, sino también en el envío de los primeros batallones de la Guardia Nacional que, sin tener aún un marco normativo de las leyes secundarias, comenzaron a patrullar las calles de Minatitlán, después de la masacre de 13 personas del pasado 19 de abril.

Al mismo tiempo, López Obrador comprometió públicamente su palabra a que el Gobierno federal rescataría al estado de Veracruz ante la violencia que se ha incrementado en los primeros seis meses del Gobierno de Morena en la entidad.

Con todo, el propio presidente López Obrador expresa en corto su “preocupación” por la falta de efectividad que está mostrando el académico al que Morena hizo gobernador junto con su equipo de Gobierno y ha pedido a las instancias federales de seguridad y de procuración de justicia intervenir directamente para tratar de disminuir los índices de violencia en la entidad.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, aunque la relación política ha sido más distante e incluso con algunas diferencias con el Gobierno federal, luego de que el Gobernador se negara a integrar más a Morena en su Administración e incluso se enfrentara con la dirigente nacional del partido gobernante, Yeidckol Polenvsky, el Presidente ha sido cauteloso de no confrontarse con un aliado estratégico como el PES y con un gobernante también popular como el exseleccionado nacional.

Si bien con Cuauhtémoc no hay identificación política ni ideológica, López Obrador ha cuidado la relación con el Gobernador y con una entidad que sabe complicada y delicada, no sólo por su cercanía con la Ciudad de México, sino también por su dinámica de grupos sociales aguerridos como los opositores a la hidroeléctrica de Huexca, con los que el Presidente ya se ha enfrentado abiertamente. Eso sí, a Blanco no le han mandado hasta ahora el mismo apoyo federal que a Cuitláhuac, a pesar de que la semana pasada, tras la balacera que dejó dos muertos frente al Palacio de Gobierno y luego la masacre de cinco custodios federales en Puente de Ixtla en pleno Día de las Madres, el propio gobernador Cuauhtémoc pidió urgentemente “que el Gobierno federal nos apoye mandándonos la Guardia Nacional porque nosotros solos, reconocemos que no podemos”.

Así que dos de los gobernadores que llegaron al poder junto con López Obrador, los dos con nombres de tlatoanis prehispánicos, de los mismos pueblos a los que López Obrador quiere reivindicar históricamente tras su sangrienta conquista, hoy se vuelven un problema para la 4T.

Veremos si, con su Guardia y la fuerza federal, el Presidente puede salvar de su propia incapacidad a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc.
11 Mayo 2019 04:01:00
AMLO cae 10 puntos en aprobación, ¿resiste el blindaje?
El descenso en la popularidad y aprobación de Andrés Manuel López Obrador en las últimas encuestas, rompió una larga racha al alza que tuvo el Presidente desde que ganó las elecciones del 1 de julio del 2018. Fue la primer caída que registraron las mediciones presidenciales desde la etapa de presidente electo y en los cinco meses que van del actual Gobierno y, aunque la baja de al menos 10 puntos ya es reconocida incluso por los sondeos internos de la Presidencia de la República, los analistas y asesores del Presidente afirman que “no hay motivo para preocuparse”.

Una fuente cercana al Palacio Nacional confirma que los mismos puntajes que registraron algunas casas encuestadoras que recientemente dieron a conocer resultados de su encuesta de aprobación presidencial –como Consulta Mitofsky, de Roy Campos, entre otros– los han medido en las encuestas que realizan en la oficina del Presidente y hay coincidencia en la pérdida de los 10 puntos en el arranque del mes de mayo, atribuido al “desgaste natural del ejercicio de Gobierno”, entre los que se reconoce la problemática de seguridad, la baja en algunos indicadores económicos y el retraso en la aprobación e implementación de reformas importantes como la educativa y de la Guardia
Nacional.

“Sí, perdió 10 puntos, incluso en nuestros sondeos, y los niveles actuales de aprobación están por arriba del 64%, pero consideramos normal el comportamiento de las encuestas y aún con esa pérdida no hay ningún presidente de la historia reciente que en esta etapa inicial de su mandato tuviera niveles similares de validación y respaldo de los ciudadanos”, dice un asesor presidencial que conoce las últimas mediciones oficiales.

En el balance interno de la Presidencia se asegura que con todo y la caída de 10 puntos, López Obrador sigue gozando de algo que no tuvieron sus antecesores y que lo protege de un desgaste más pronunciado por el ejercicio del Gobierno: un “blindaje social”. Eso concluyen sus asesores a través de focus group en los que miden también el apoyo a Andrés Manuel: “Una mujer en uno de esos grupos de enfoque nos dijo: ‘Este es un Presidente que tiene alma social’”, comenta el asesor consultado. “La gente percibe que el Presidente no ha cambiado en estos cinco meses los principales valores y atributos por los que la gente le dio su respaldo: un Presidente trabajador, honesto, sencillo y que tiene contacto con la población”; aunque los mismos asesores reconocen que “la gente no es tonta y también exige resultados de Gobierno” y a eso atribuyen la primera baja en los niveles de aprobación.

Con todo, en la casa presidencial se dicen tranquilos y afirman que no preocupa la caída en la aprobación del Ejecutivo. “Mientras mantengamos el nivel de respaldo social, sentimos que el Presidente está blindado contra cualquier intento de sus detractores y opositores por afectar su imagen y su popularidad. Podríamos incluso perder otros 10 puntos en las encuestas y el Presidente seguiría teniendo el apoyo y la confianza necesaria para sacar adelante su proyecto de Gobierno y transformación del país”, dice el asesor que pidió el anonimato.

Veremos pues, en medio de la confianza que hay en Palacio Nacional y el reconocimiento de que ya empezó el descenso natural y el desgaste del ejercicio del poder, que por otro lado puede repuntar en cualquier momento, qué tan fuerte es el “blindaje social” del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué tanto resiste después de los seis meses de Gobierno y, especialmente rumbo al balance obligado del primer informe en septiembre. ¿Seguirá siendo el fenómeno de súper AMLO?



CORRAL CELEBRA Y DENUNCIA; GUTIÉRREZ PREPARA APELACIÓN

En el caso de Alejandro Gutiérrez, el Gobierno de Chihuahua obtuvo esta semana una primera sentencia favorable a sus acusaciones de corrupción y peculado agravado por 1.7 mdp en contra del exsecretario General Adjunto del PRI, que fue declarado culpable por dos de tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento en el juicio oral 22/2019 que se le sigue en esa entidad. Sin embargo, aunque la sentencia se dio por mayoría, sólo dos de las juezas, Hortencia García Rodríguez y Juana Gabriela Córdova, se pronunciaron a favor de hallar culpable a Gutiérrez por el delito de “peculado agravado”, mientras que el tercer juez, Adalberto Vences Baca, emitió un voto absolutorio, al alegar que no se acreditaron los hechos, pues consideró que el Ministerio Público no presentó los elementos probatorios suficientes para inculpar al exfuncionario priista.

Con todo, el fallo condenatorio fue celebrado por el gobernador Javier Corral como “un triunfo jurídico” para su Gobierno y para la cruzada que el Mandatario dice haber emprendido “contra la corrupción de César Duarte y el saqueo de los recursos públicos de los chihuahuenses”. Fue tal la euforia de Corral y de su fiscal estatal, César Peniche, que el Gobernador chihuahuense se envalentonó y junto con funcionarios de su Gobierno, se presentó la mañana de ayer viernes en las oficinas de la Fiscalía General de la República para levantar una denuncia penal en contra de Alberto Elías Beltrán, el último titular de la PGR y encargado de despacho en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, a quien acusa de “obstruir las acusaciones en contra de Alejandro Gutiérrez” en el ámbito federal.

En contraparte, la defensa de Gutiérrez, que hasta la fecha sostiene que ha habido un “abuso de autoridad, tortura y un juicio ilegal basado en acusaciones de peculado sin fundamento legal”, anunció que va a presentar una apelación en contra de la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento y buscará nuevamente que las instancias federales revisen el fallo condenatorio y todo el proceso legal que consideran tiene motivaciones políticas, al grado de que aseguran que las dos juezas que condenaron a su cliente, Hortencia García y Juana Gabriela Córdova, “actúan bajo consigna directa del gobernador Corral”.

El propio Alejandro Gutiérrez, a quien el Gobierno de Chihuahua acusa de haberse confabulado con funcionarios estatales del gobierno de César Duarte para desviar 1 millón 740 mil pesos, mediante la simulación de un contrato efectuado con las empresas Jet Combustibles, de su propiedad, y Promotora de Señalamientos Integrales, se dice “tranquilo” y reconoce que sí hubo un contrato incumplido de su parte, mismo que ha aceptado pagar al Gobierno chihuahuense: “Yo no digo que no, son 720 mil pesos más IVA de un contrato de una empresa mía, lo otro es de una empresa de unos jóvenes… No hemos desconocido ni el contrato ni el pago, hay una factura y es la única operación que tenemos con una entidad pública en 100 años que tenemos como empresarios. Es un exceso judicializar penalmente un tema de un contrato de servicios que nadie trató de ocultar”, dijo el empresario priista en una entrevista con el diario Zócalo de Saltillo.

Cuando le preguntaron a Gutiérrez si se ha sentido abandonado por sus amigos del PRI y cómo fue su experiencia de 62 días en la cárcel donde dice haber estado en una pequeña celda de donde sólo lo sacaban a las 11 de la noche durante 20 minutos, y después de tres amenazas de muerte y tres procesos por tortura abiertos ante la CIDH y la FGR, el empresario coahuilense comentó: “Me quedé con mi familia, amigos, algunos políticos del PRI, muchos de Morena, empezando por la presidenta (Yeidckol Polenvsky) que me conoce de hace muchos años, legisladores del PRI y de Morena que han estado en contacto”. Luego, Gutiérrez mencionó que “ni al ‘Chapo’ Guzmán” lo trataron como a él en la cárcel, y dijo estar dispuesto a seguir su defensa y demostrar que no incurrió en los delitos de los que lo acusan: “Pierdes todos los temores, sales con una decisión firme de hacer lo que esté en tu convicción, no le tienes miedo a nada, ya tocaste el fondo, ya entraste al infierno”.
Los dados mandan escalera doble.




09 Mayo 2019 03:29:00
El asesino de Minatitlán se refugió en el C4 estatal
Al asesino material de la masacre de 13 personas en Minatitlán, Adrián Fernández “El Pelón”, no lo detuvieron al salir del complejo Pajaritos de Pemex, donde trabajaba, como oficialmente se dijo, sino dentro de las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en el estacionamiento, a donde el integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresó sin problema con su automóvil para intentar refugiarse y evitar ser capturado por los policías ministeriales federales que lo perseguían.

Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal se sorprendieron cuando el automóvil Camaro que manejaba a toda velocidad “El Pelón”, después de haber embestido en su huida a uno de los vehículos de los federales, llegó al entronque de la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos y, como quien se sabe protegido, enfiló su auto hacia el C4 e ingresó sin problema al estacionamiento donde finalmente fue copado. Todavía policías estatales de Veracruz encañonaron a los policías ministeriales, como intentando evitar la captura, y hasta que los federales se identificaron y les dijeron que era un operativo de la Fiscalía General de la República, los agentes de la SSP veracruzana bajaron sus armas y permitieron la captura del presunto asesino y narcotraficante.

Fuentes locales de Minatitlán y testigos de la persecución y la detención ocurrida el 3 de mayo, narraron que “El Pelón” había sido ubicado desde un par de días antes por los agentes de la Policía Ministerial que vigilaron su domicilio, luego de que se le identificara como el operador y sicario de Jesús “N”, “El Lagarto”, jefe de plaza del CJNG en Minatitlán y quien le habría ordenado atacar el salón de fiestas “La Potra”, adonde “El Pelón” llegó el 19 de abril pasado para disparar a mansalva contra los asistentes a un festejo particular, asesinando a 13 personas.

Paradójicamente este hombre que mató con lujo de crueldad a un bebé de un año y a 12 personas más por un ajuste de cuentas con la dueña del salón de fiestas, y que era trabajador de Pemex, es padre de tres niños, a los que solía llevar a la escuela como parte de su rutina diaria. El día que lo detuvieron, los agentes federales lo vieron salir muy temprano de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata de Minatitlán, donde vivía con su esposa y sus hijos, justamente para llevar a dos de sus tres pequeños a la escuela. Como había pedido licencia en Pemex, con el argumento de que él había estado en el salón “La Potra” el día de la masacre y estaba “afectado por los hechos”, Adrián Fernández se dedicaba a sus otras actividades, las de sicario y narcotraficante, que combinaba con su trabajo en Pemex.

Después de dejar a sus niños en la escuela, se dirigió a la colonia Barrancas, ya en el municipio de Cosoleacaque, a donde ingresó a una casa en la que permaneció por casi 4 horas y a las 12:30 los ministeriales lo vieron salir a bordo del auto Camaro y portando una pistola de grueso calibre en el hombro. Los agentes vieron la oportunidad de detenerlo en flagrancia y cuando se acercaron a cerrarle el paso, “El Pelón” se dio cuenta y aceleró impactando en su huida a uno de los vehículos federales. Se inició así la persecución a toda velocidad por la avenida Héroes de Nacozari, a la altura de la refinería, para continuar por la carretera Minatitlán-Veracruz y posteriormente llegar al entronque con la ruta Coatzacoalcos-Minatitlán, donde se ubica el C4 perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ahí fue donde el sicario y presunto asesino se enfiló hacia la instalación del Gobierno estatal e ingresó sin ninguna dificultad y sin que nadie se lo impidiera al estacionamiento del C4.

Una vez en el estacionamiento los agentes ministeriales lo detuvieron, luego de ser encañonados en principio por los policías de Veracruz, y lo pusieron de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en la subsede de Minatitlán, junto con el arma de grueso calibre, cartuchos útiles, envoltorios con estupefacientes y equipos de radiocomunicación que llevaba consigo.

Cuando le preguntaron quién era y a qué se dedicaba, Adrián Fernández dio su nombre y dijo ser “padre de familia y trabajador de Pemex” y que ganaba un salario de 12 mil pesos mensuales, además de mencionar que contaba con un amparo que le había tramitado su abogado “para evitar cualquier aprehensión determinada en su contra”. Nada dijo de sus actividades delictivas y de que operaba para Jesús “N”, “El Lagarto”, líder del CJNG en Minatitlán, y mucho menos que había sido el autor material de la masacre de las 13 personas y el menor de un año. Las mentiras y la dualidad de un sicario asesino como “El Pelón” se pueden entender, pero lo que cuesta trabajo entender es que él haya intentado buscar refugio en el C4 del Gobierno estatal y que haya podido ingresar a una instalación de máxima seguridad sin ningún problema. ¿Será que los policías estatales lo conocían y por eso le permitieron el paso?
08 Mayo 2019 03:03:00
¿Harakiri en el PRI?
Acostumbrado desde sus orígenes a la infalibilidad de la “línea” y la disciplina ante los designios presidenciales, la democracia interna nunca fue fácil para el PRI. Las pocas veces que, en sus 90 años, recurrió a métodos democráticos, ya sea en la selección de candidatos o la elección de dirigentes, invariablemente el priismo terminó fracturado, dividido y enconado. Y siempre sus imperfectos ensayos de democracia desembocaron en dolorosas e históricas derrotas.

Así ocurrió en 1999. La “sana distancia” que les impuso Ernesto Zedillo llevó a los priistas a ensayar una elección interna por voto de la militancia para elegir al candidato presidencial en el 2000. Francisco Labastida y Roberto Madrazo se enfrascaron en una inédita contienda por el voto de los estados a los que se dio un valor, según sus distritos y padrón; para organizarla, se creó una Comisión del Proceso Interno, con el mítico Fernando Gutiérrez Barrios, cuya autoridad política –y el temor de su leyenda entre los priistas– sustituyó la aparente ausencia del dedo zedillista.

Al predecible triunfo de Labastida siguió la descalificación del perdedor Madrazo que, en su negativa a reconocer la derrota, se inventó un autoatentado y acudió a la protesta del candidato presidencial con el brazo inmovilizado por un cabestrillo para no levantarle el brazo al ganador.

La fractura priista fue evidente y el sinaloense terminó siendo un cordero para el sacrificio de la primera derrota presidencial del PRI, entre la división y los brazos caídos del madracismo y el marcado interés de Zedillo por la primera alternancia en México, con la llegada del panista Fox a Los Pinos.

La orfandad del jefe máximo fue sustituida por los gobernadores, y en 2002, para renovar la presidencia alargada de Dulce María Sauri, la democracia interna fue vista como una forma de reinventarse. Se aprobó el voto directo para elegir al nuevo presidente del CEN y dos bloques de gobernadores chocaron: los labastidistas, con Beatriz Paredes, apoyada por el Estado de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Colima; y los que apoyaban a Roberto Madrazo, que eran Oaxaca, Campeche, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa y Michoacán. Y como eran menos, los madracistas suplieron su desventaja con una alianza con la poderosa líder del SNTE, Elba Esther Gordillo.

La contienda interna fue otra vez desgastante y con acusaciones de trampas, fraude y compra de votos entre los candidatos. El 24 de febrero fueron las votaciones con un triunfo cerrado de la dupla Madrazo-Gordillo, con 50.9% de los votos (un millón 518 mil 063) contra 49.1% de la fórmula Paredes-Guerrero con un millón 466 mil votos. La fractura interna fue inocultable y se resumió en una frase de la exdirigente nacional recién fallecida, María de los Ángeles Moreno: “A Beatriz le ganó la delincuencia organizada del partido en Oaxaca”, en alusión al aliado de Madrazo, el gobernador José Murat.

Cuatro años después, ya con Madrazo como dirigente y aspirante presidencial y tras la estridente ruptura entre el tabasqueño y la maestra Gordillo, quien terminó renunciando al PRI al negársele la presidencia priista, afloró la fractura de aquella elección interna y los gobernadores oficialistas le cobraron a Madrazo apoyando al panista Felipe Calderón y mandando al PRI al tercer lugar en la elección presidencial del 2006.

Luego vino el fenómeno televisivo y político de Peña Nieto y el regreso priista a Los Pinos en 2012, con todo un proceso de restauración de las viejas prácticas y rituales del jefe máximo del priismo. Seis años después, entre escándalos de corrupción, frivolidad y torpezas, el peñismo colapsó ante otro fenómeno político, ahora popular y carismático, el de López Obrador que hundió al PRI en la peor crisis de su historia. Y otra vez, en la orfandad y perdidos, los priistas ven en la democracia interna su tabla de salvación y van de nuevo por una elección por voto directo de dirigente nacional, en otro intento por reinventarse.

La pregunta es si ese proceso democrático no terminará igual que los otros, con un PRI dividido, fracturado y enconado; sólo que ahora el riesgo no es sólo otra derrota electoral, sino en sus actuales condiciones de debilidad y achicamiento por la pérdida de votación y militantes, una mala elección impugnada y cuestionada, no terminaría solo en fractura sino en la posible extinción del priismo que podría terminar de ser absorbido y asimilado por la nueva hegemonía de Morena.
07 Mayo 2019 03:55:00
¿El kirchnerismo en México?
Ayer llegó al país el principal dirigente del kirch-nerismo en Argentina, Axel Kicillof. Viene invitado por dirigentes de Morena y funcionarios del Gobierno del presidente López Obrador con los que tiene previsto reunirse en los próximos días.

Este lunes estuvo en el Senado, visitando al presidente de esa cámara, Martí Batres, y al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones exteriores; se reunió también con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y mañana está invitado a la UNAM por el investigador John Ackerman a impartir una conferencia sobre Cómo Confrontar al Neoliberalismo y no Morir en el Intento: Argentina, México y la nueva ola conservadora en América Latina, en la Facultad de Derecho.

Estrella de la llamada “Era K” y del gabinete de Cristina Fernández de Kichner, en donde fue secretario de Economía, responsable de expropiaciones como la de Repsol y Aerolíneas Argentinas, Kicillof es actualmente diputado federal en el Congreso de Argentina por la ciudad de Buenos Aires y uno de los dirigentes principales del Partido Justicialista y de la corriente del

kirchnerismo.

En los tres años que manejó la economía de su país, de 2013 a 2015, fue el ideólogo y creador de modelo de asistencia social que incrementó en más de 1,700% los fondos de ayuda social y que para el último año de su gestión –según el presupuesto nacional– entregó 18 millones de planes sociales a argentinos de bajos recursos, una política económica heterodoxa y asistencial que algunos apoyaron por ampliar la cobertura de derechos sociales, pero otros criticaron por considerarla clientelista y causante de la crisis de las finanzas y el aumento de la pobreza.

Fue el creador de Progresar (Programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos) que otorgaba una asignación mensual a cada joven de 18 a 24 años; de Renovate, que regalaba refrigeradores en colonias populares; de Comprar (Comercios de Proximidad de Argentina), que subsidiaba al pequeño comercio para competir con supermercados; de Preprog (Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos) que pagaba un jornal a los productores de maíz y trigo.

Algunos programas terminaron en corrupción y, aunque Kicillof es de los pocos que no fue acusado por delitos de corrupción –como la mayoría de sus contemporáneos del gabinete que están en la cárcel o sujetos a investigaciones–, y hoy es una de las figuras principales de la oposición a Mauricio Macri, para los grandes empresarios él fue uno de los artífices de la crisis y financiera que terminó con la derrota electoral de Cristina Fernández en octubre de 2015, tras 12 años de gobiernos kirchneristas y peronistas.

Una versión que circula entre los dirigentes de Morena que invitaron al diputado argentino, dice que su presencia no es sólo para hacer relaciones públicas y políticas, sino que Kicillof está por abrir una oficina en Polanco donde tendrá asesores argentinos para dar servicios de consultoría política y económica. Incluso, se afirma que algunos de sus asesores han sido ya contratados por dependencias como la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, esposa del investigador Ackerman, y por la Secretaría de Bienestar, que encabeza María Luisa Albores, quien buscaría en la aplicación de los programas sociales del gobierno de López Obrador.

El kirchnerismo, reconocido por su agenda social y el avance en los derechos de los argentinos, sigue vigente como corriente política, aunque Cristina Fernández enfrenta procesos y denuncias por corrupción en la compra de hoteles y enriquecimiento de su familia.

Con todo, de la mano de Kicillof y de Cristina, el peronismo ha crecido ante el fracaso de las políticas económicas de Mauricio Macri y en las próximas elecciones presidenciales de octubre los kirchneristas podrían volver a postular a Fernández de Kirchner y con ella, sin duda, estaría como compañero de fórmula y de campaña el jovial Kicillof que, con su imagen sin corbata y sus ideas keynesianas ha venido a asesorar y a visitar a sus amigos de Morena y del lopezobradorismo.
06 Mayo 2019 04:00:00
Inician ‘limpia’ en Poder Judicial; un ministro en la mira
Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzara contra los “jueces corruptos que liberan delincuentes del fuero común” en su mañanera del viernes pasado, en el mismo Poder Judicial ya habían comenzado a revisar los casos de juzgadores que dan protección y están al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso de algunos jueces que andan armados y con escoltas proporcionadas por ese cártel.

La orden de iniciar una “limpia” de jueces, magistrados y hasta ministros involucrados en actos de corrupción o protección a presuntos delincuentes, salió del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, bajo la lógica de que el Poder Judicial debe reformarse a sí mismo, si no quiere que lo reformen desde afuera.

Por ello ordenó que el Consejo de la Judicatura reactivara de inmediato las investigaciones y denuncias contra juzgadores federales, procediendo a la destitución del juez del caso de los “Porkys” en Veracruz y de varios magistrados acusados en Campeche, luego de que en los últimos dos años del gobierno de Peña Nieto y de la presidencia de Luis María Aguilar en la SCJN no se procesó a ningún juez y extrañamente tenían “congeladas” las denuncias en contra de los impartidores de justicia.

Pero en la operación para “limpiar” al Poder Judicial de corrupción, no sólo se han detectado los casos de jueces corrompidos por la delincuencia organizada; también se han encontrado juzgadores que están dando protección a “delincuentes de cuello blanco” al cambiar criterios para facilitarles evadir la justicia o que no prosigan las investigaciones contra ellos.

En concreto, las investigaciones internas ordenadas por el presidente de la Corte, han encontrado que hay jueces que están hasta complicando las investigaciones que solicitan agencias extranjeras como la DEA y el FBI sobre lavado de dinero y defraudación fiscal relacionadas con importantes empresarios del sexenio pasado.

Y es que antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, el equipo de transición de López Obrador identificó que se querían cambiar los criterios y mecanismos con los que la administración de EPN metió a la cárcel a gobernadores corruptos.

Entonces el equipo de AMLO supo de varios funcionarios del sexenio pasado que, “de la mano con el ministro Eduardo Medina Mora”, impulsaron “nuevos criterios” para que para la investigación de cuentas que realiza la CNVB y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se requiriera una doble judicialización: una para abrir cuentas y otra para imputar delitos. Con ese esquema tardarían años en investigar y consignar delitos.

Los peñistas buscaban, en los hechos, desarmar y desmantelar la estructura legal y fiscal con la que ellos consignaron a Javier Duarte y a Roberto Borge.

Ahora, en las investigaciones internas del Poder Judicial, aparece que otra vez, de la mano con Medina Mora, hay grupos que intentan cambiar en la Segunda Sala de la Corte los criterios para el congelamiento de cuentas en las que se sospecha existió algún delito, por lo que investiga si algunos ministros, magistrados y jueces afines al antiguo régimen siguen cabildeando —y en algunos casos suponen hasta cobrando— por estos asuntos.

El ministro presidente Zaldívar reconoció el viernes que han cesado jueces y que se reactivaron “varias investigaciones que el Consejo de la Judicatura Federal había inexplicablemente congelado”.

En la Judicatura un “equipo de auditoría” trabaja de la mano con autoridades nacionales y extranjeras “para cesar y consignar a jueces corruptos”.

Como nunca el Poder Judicial, y con él sus jueces, magistrados y ministros están en la mira y con presiones para reformarse ellos mismos o ser reformados por los otros Poderes.

La batalla –dicen en el despacho principal de la Suprema Corte– es hacia dentro y hacia afuera. ¿La ganarán?
04 Mayo 2019 04:05:00
El fantasma de Palacio
Dicen, en los círculos más cercanos del poder, que en el Palacio Nacional deambula un fantasma. Es la pálida sombra de quien fue, durante muchos años y hasta hace unos meses, el hombre más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el colaborador que lo acompañó durante los últimos 20 años y que, en sus cuatro campañas políticas –tres presidenciales y una por la Ciudad de México– recorrió junto a él y un chofer, los más de 2 mil 400 municipios de la República, a bordo de autos y camionetas. El que pasó de ser encargado de los asuntos de prensa a convertirse en consejero y amigo cercano primero del dirigente nacional del PRD, luego del jefe de Gobierno del DF, y después del dos veces candidato perredista y finalmente abanderado ganador de la Presidencia por Morena.

No había lugar a donde el ahora Presidente fuera, en el que no se le viera siempre acompañado del personaje que hoy ocupa una olvidada oficina en el cuarto piso del Palacio que, aunque ubicada en la misma ala, se siente fría y muy alejada del despacho presidencial. De hecho, en el documental Esto Soy, producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra durante su campaña, hay una escena donde el entonces candidato se refiere a él, antes de que fuera llamado por sus mismos compañeros del Gobierno “el fantasma de Palacio”. A bordo de una Suburban blanca, López Obrador platica cómo recorre el país sin guardaespaldas ni blindaje: “Hoy fuimos a la Costa Chica y solos, éste hombre que me da mucha seguridad porque maneja muy bien (señala a su chofer Roberto Rojas) y César que es todólogo, sabelotodo, secretario de Comunicación Social de Morena, pero es además asesor, consejero, secretario particular…somos muy poquitos”, dice mientras señala a César Yáñez en el asiento trasero.

Hoy César no acompaña ni habla más con el Presidente. Su oficina de coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República está casi siempre vacía y pocos lo visitan, afuera de ella hay una secretaria y Yáñez, personaje clave del lopezobradorismo, quien tiene la memoria de la última campaña y de todas las campañas de López Obrador, deambula solo en el Palacio. Todos sus cercanos, algunos diputados y otros senadores a los que él ayudó a llegar a esos cargos y que alguna vez utilizaron su nombre y cercanía para abrirse espacios, se le han retirado en estos meses, tal vez porque lo saben “enfriado” por el ánimo presidencial.

Porque después de los primeros días de octubre del 2018, cuando apareció aquella portada de la revista Hola, donde César posaba abrazando a su esposa Dulce María Silva y estalló el escándalo, las cosas cambiaron para el hasta entonces colaborador más cercano del entonces presidente electo.

Ni siquiera fue la boda lujosa en el Centro de Convenciones de Puebla, a donde todavía López Obrador acudió sonriente como padrino junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller y cuando se filtraron videos de la celebración particular todavía defendió al novio y a su derecho a celebrar en un evento privado.

“Todo lo hubiera perdonado, excepto la portada de Hola”, dice un funcionario del gabinete que conoce de cerca la relación entre el presidente y César Yáñez.

Pero el mismo funcionario aclara que Yáñez “está castigado pero no expulsado”, algo que considera importante precisar, porque si bien la cercanía en estos casi 6 meses desde la portada del Hola se ha enfriado, la amistad y el afecto del presidente por César Yáñez permanecen.

Así que César Yáñez, cuñado de Porfirio Muñoz Ledo, quien se lo presentó y recomendó como operador de Prensa al tabasqueño en 1997, cuando era dirigente nacional del PRD, y hoy coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, podrá hoy ser visto como “el fantasma de Palacio”, pero tal vez algún día recupere su condición de colaborador “más cercano” del Presidente al que él acompañó y ayudó, codo a codo, a llegar a ocupar el despacho principal del Palacio Nacional. Cuestión de ver cuánto más le dura el castigo, un año o todo el sexenio.


EL MEDIADOR DEL DIVORCIO MILLONARIO

En la cuenta de Facebook de Enrique Peña Nieto apareció el jueves un mensaje en el que el expresidente hacía pública la conclusión legal de su matrimonio con Angélica Rivera y su divorcio oficial. Fueron palabras de reconocimiento y agradecimiento para la actriz que lo acompañó durante su ascenso político, primero en la Gubernatura mexiquense y luego en la candidatura y la Presidencia, y que en su momento le aportó buena parte de su popularidad y carisma, aunque en los últimos años, sobre todo a partir del escándalo de la “casa blanca”, también se le convirtió en un problema y en una relación problemática y conflictiva.

Peña tuvo que negociar y aceptar las nuevas condiciones de Angélica Rivera, que durante las nuevas negociaciones utilizó como intermediario al empresario Ernesto Alvárez Morphy Alarcón, amigo común de ambos y cuya esposa era la amiga más cercana de la actriz. Fue él quien se encargó de transmitirle al expresidente las exigencias, algunas de ellas excéntricas, que puso la señora para poder firmar el divorcio.

Curiosamente Alvarez Morphy es el mismo personaje mencionado como amigo y financiero desde la campaña de Peña Nieto y, a quien se atribuye en el círculo cercano del peñismo, haber llevado “negocios del presidente” y haber ocupado el lugar de Armando Hinojosa Cantú, cuando el constructor mexiquense fue hecho a un lado por el escándalo de la “casa blanca”.
01 Mayo 2019 04:00:00
La UNAM se agita por asesinato de alumna
El misterioso disparo de un arma de fuego en un salón de clases del CCH Oriente, que le costó la vida a la estudiante Aideé Mendoza Jerónimo, no sólo ha consternado a la comunidad universitaria que ha reactivado las demandas de seguridad en sus campus y escuelas, junto con la exigencia de justicia contra una alumna más asesinada en sus planteles, sino que volvió a agitar el ambiente en la UNAM, que ayer tenía ya dos facultades en paro, la de Ciencias Políticas y la de Filosofía y Letras, y otras escuelas y facultades que analizaban en asambleas la forma de protestar en un movimiento que podría cobrar fuerza justo a unos meses de que ocurra el relevo en la rectoría de la Universidad Nacional.

Porque mientras los estudiantes se reunían y organizaban anoche para volver a alzar la voz con el mismo reclamo de seguridad y cese a la violencia que hace 8 meses sacudió a la máxima casa de estudios por los casos denunciados en el CCH Atzcapozalco, el rector Enrique Graue, quien concluye su primer periodo en noviembre próximo y aún no define si buscará o no la reelección, tenía que salir nuevamente a dar la cara con un video en las redes sociales.

Graue, que desde que asumió la rectoría de la UNAM, en noviembre de 2015, se comprometió a “proteger a la comunidad universitaria” y a mejorar la seguridad en sus campus y planteles, vuelve a enfrentar el tema que lo ha perseguido y que ha marcado su rectoría: la seguridad y violencia en las instalaciones de la Universidad.

Y ayer, al fijar su posición sobre este asesinato, pidió a los integrantes de la UNAM “comportarse con civilidad y de manera universitaria”, y ofreció que las investigaciones se llevarán a cabo con legalidad y veracidad de los hechos, para lo que colaboran con las autoridades para el esclarecimiento convincente del trágico acontecimiento”, comentó el rector en un video grabado en su despacho de la Rectoría.

Las autoridades de la Procuraduría de Justicia de la CDMX y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciaron ayer mismo el inicio de carpetas de investigación para esclarecer las extrañas circunstancias en las que ocurrió el disparo, dentro del salón de clases, que le costó la vida a la estudiante de origen indígena, herida en un costado y cuyo deceso también estuvo relacionado con la tardanza en la atención de emergencia que recibió dentro del plantel del CCH Oriente.

Los 10 alumnos y el maestro de Matemáticas que estaban presentes en el salón al momento que Aideé fue herida, fueron interrogados ayer y todos ellos dieron negativo en la prueba de radisonato de sodio, lo que indica que no dispararon ninguna arma de fuego.

Y en espera de las investigaciones, la familia de Aideé, originaria de la sierra Norte de Puebla, exigía ayer que hubiera justicia por la muerte de la joven que terminaba ya su preparatoria y planeaba estudiar Psicología.

Mientras, la UNAM vuelve a agitarse como lo hizo en septiembre de 2018, dos meses antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nuevamente la violencia en un CCH vuelve a confrontar a los universitarios, que ayer ya pedían la destitución del director del CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta, y de Benjamín Barajas Sánchez, director general de los Colegios de Ciencias y Humanidades, en un movimiento que amenaza con escalar nuevamente y que no parece casualidad justo a cinco meses de que comience la lucha por la sucesión en la rectoría de la UNAM.

¿Alguien o algunos quieren complicarle la reelección a Graue? Es pregunta. Los dados mandan Escalera. Subimos.
30 Abril 2019 03:45:00
Diputados legalizarán autos ‘chocolate’
Tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tijuana el pasado 27 de marzo, en plena época de campañas por dos gubernaturas –una de ellas justamente la de Baja California– la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados, que preside el priista Rubén Moreira Valdez, se apresta a discutir la legalización de los autos de contrabando o también llamados carros “chocolate”, para lo cual ayer fue creada una Subcomisión de Regularización de Autos Extranjeros que se encargará de preparar una propuesta legislativa para atender el popular reclamo.

Se trata, según dijo López Obrador en la ciudad fronteriza, de un tema que tiene que ver “no sólo con los ingresos que puedan obtenerse por la recaudación”, sino también con el control y registro de autos extranjeros que se utilizan para delinquir o incluso en la visión del Presidente se debe buscar un equilibrio porque “mucha gente adquiere estos autos por el precio, se ayudan porque no podrían comprar carros nuevos”.

En una comunicación interna enviada anoche en San Lázaro por Moreira Valdez, de la que esta columna tiene copia, se informa que ayer lunes, a partir de las 16:00 horas, se llevó a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, en la que se discutió y aprobó la integración de 6 subcomisiones, una de ellas la de Regularización de Autos de Procedencia Extranjera, que integran dos diputados de Morena, Francisco Jorge Villarreal Pasaret, y Teresita de Jesús Vargas Meraz, y la diputada del PES, Adriana Lozano Rodríguez. Se aprobaron otras subcomisiones para los temas fronterizos como la de Aduanas, Seguridad, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Migración, pero sin duda la que más llama la atención es la que abordará la legalización del contrabando de autos irregulares a través de la frontera con Estados Unidos.

Aunque este es sin duda un tema que representa una demanda altamente popular en varias regiones urbanas y rurales del país, sobre todo en la frontera norte, desde donde López Obrador hizo la promesa que hoy se aprestan a cumplir los diputados de la bancada de Morena, también es un asunto que provoca escozor y preocupa a la industria automotriz y a los distribuidores y vendedores de autos en el país, que ven en la legalización de autos “chocolate” no sólo un tema de contrabando, sino una competencia desleal para la venta de automóviles nuevos. Por otro lado, también está la preocupación de grupos y organizaciones ambientalistas que ven a esos autos, en su mayoría declarados “chatarra” en Estados Unidos, como una fuente de contaminación y de aumento en las emisiones de dióxido de carbono generadas por autos usados a los que en México se les dará un uso intensivo.

Basta ver el discurso y la promesa que hizo López Obrador en Tijuana en marzo pasado, en donde dijo que le encargaba el asunto de la regularización de autos extranjeros a sus secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; de Seguridad, Alfonso Durazo; de Economía, Graciela Márquez, y a la directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, para saber que la discusión en la Cámara de Diputados es prácticamente un asunto “encargado” por el Ejecutivo a la bancada de Morena.

Y la integración de la Subcomisión que revisará el asunto, además de la presidencia de Rubén Moreira, el priista que ya ha votado en varios temas importantes con Morena, como la Revocación de Mandato, la Guardia Nacional y otros asuntos, también hace suponer que el asunto ya está “planchado” y que muy pronto, quizás en un periodo extraordinario en mayo, se podría estar discutiendo la legalización de los autos “chocolate” en el país, un tema con una muy alta rentabilidad política y de votos en época de elecciones... Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
27 Abril 2019 03:30:00
El “cañonazo” de los 100 mdd que el Napo rechazó
Rehabilitado políticamente como senador de la República, empoderado de nuevo como líder sindical y cabeza del “nuevo sindicalismo” que pretende impulsar la 4T, y reivindicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “perseguido político” y “expulsado” de “los que se sentían dueños de México y mandaban”, Napoleón Gómez Urrutia está en la cúspide de su carrera. Con la aprobación de la reforma laboral y también con la aprobación presidencial, Napoleón confirma que la estrategia que se trazó desde suelo canadiense, durante los 12 años que pasó en el exilio, fue la adecuada y que no se equivocó al resistir los ofrecimientos millonarios que recibió para que renunciara definitivamente tanto al poderoso Sindicato Minero como a volver a México.

Porque en esos 12 años, Gómez Urrutia no desaprovechó el tiempo ni se dedicó a lamentarse de su condición de exiliado. Mientras estuvo fuera de la política mexicana, aprovechó su estadía en Canadá para dedicarse a hacer política sindical por el mundo y tejer importantes y cercanas relaciones lo mismo con los poderosos sindicatos mineros canadienses y de Estados Unidos, que con líderes políticos del Partido Demócrata y del Laborismo británico, como Jeremy Corbyn, que fue quien terminaría recomendándoselo a Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2006, que abandonó el territorio mexicano en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox y los inicios del sexenio de Felipe Calderón, y el 27 de agosto de 2018 que regresó aún en el gobierno de Peña Nieto para tomar posesión como senador, el líder minero se dedicó a hacer política internacional. Era común verlo asistir a reuniones de la Organización Internacional del Trabajo lo mismo en Europa que en Estados Unidos o en otros países, sobre todo a partir de que en 2014 obtuvo la ciudadanía y el pasaporte canadiense.

Fueron años en los que, al mismo tiempo que su figura era vilipendiada en México y aquí se le trataba como “ladrón y prófugo de la justicia”, en el extranjero el nombre de Napoleón Gómez Urrutia cobraba relevancia en el ambiente sindical y el dirigente minero era visto por líderes sindicalistas y políticos de otros países como un dirigente victimizado en sus derechos humanos y laborales, un símbolo de resistencia y un perseguido de autoridades y empresarios mexicanos.

EL SECRETARIO GESTOR Y LA OFERTA DE LOS 100 MILLONES DE DOLÁRES

En esos años, de acuerdo a fuentes cercanas al senador Gómez Urrutia, pasaron dos cosas que fortalecieron la convicción del dirigente minero de que debía regresar en algún momento al país a reivindicar su imagen y su liderazgo sindical.

En una reunión de la OIT que se celebraba en un país europeo, al participar en uno de los foros, Napoleón coincidió con un secretario del Trabajo de México que participaba también como invitado. Los dos se saludaron con cortesía y el secretario le pidió hablar en algún momento con él en privado. Cuando se encontraron a solas, el funcionario mexicano –cuyo nombre las fuentes piden reservar– le hizo un ofrecimiento directo a Gómez: “Yo te puedo arreglar tu problema. Si quieres regresar a México y que todo el caso judicial en tu contra se archive, yo te lo arreglo a cambio de 3 millones de dólares”. Sorprendido por una oferta que no esperaba, Napoleón le dijo al funcionario que él lo buscaba, según la versión de sus cercanos.

Pero ese no fue el único ofrecimiento que recibió Gómez Urrutia para terminar “sus problemas” y parar la persecución y las acusaciones judiciales en México. En el sexenio de Calderón, dos de los más encumbrados líderes sindicales mexicanos lo buscaron para pedirle reunirse con él. Tenían un “encargo directo del Presidente”, le dijeron, y viajaron hasta Canadá para llevar el importante mensaje. Como los dos dirigentes de sindicatos eran amigos personales suyos, Napoleón aceptó la reunión que se llevó a cabo en Vancouver, la ciudad en donde vivía en un exclusivo condominio de la calle Waters Edge Crescent, cerca de Park Royal.

Ya en la confianza de la plática, los dos visitantes le soltaron a su colega el mensaje que decían llevar directamente de parte del Presidente: “Te ofrecen 100 millones de dólares a cambio de que depongas tu liderazgo y entregues el Sindicato Minero. Y te garantizan además el cierre de cualquier acusación o investigación judicial”, soltaron los dos poderosos sindicalistas, hombre y mujer, que fungían como mensajeros y enlaces, según decían, entre la Presidencia y empresarios del sector que eran parte de la generosa oferta.

Pero, siempre según la versión de las fuentes consultadas, Gómez Urrutia no aceptó la tentadora oferta. Y, como respuesta, mandó de regreso a México el mensaje de que él iba “a seguir luchando por la vía jurídica y política” para limpiar su nombre y volver al país a dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana –SNTMMSySRM– que fundó su padre, Napoleón Gómez Sada en 1991, y que le heredó al morir en 2001.

Tuvieron que pasar casi 10 años para que se cumpliera la advertencia del Napo. Ya en el declive del gobierno de Peña Nieto y cuando el ascenso de López Obrador a la Presidencia era pronosticado por todas las encuestas, dos personajes fueron claves para acercar a Gómez Urrutia con el candidato de Morena y favorito en la carrera presidencial a finales del 2017. Uno fue el ya mencionado líder del Partido Laborista del Reino Unido, quien convenció a Andrés Manuel de que Napoleón, por sus conexiones y su reconocimiento internacional, podía ayudarle a refundar el sindicalismo mexicano con una ideología socialdemócrata, similar a la de los laboristas británicos, y otra fue una periodista mexicana de todas las confianzas del tabasqueño que también hizo labor de convencimiento acerca de hacer una alianza política y sindical con el “injustamente perseguido” líder del sindicato minero.

Por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él ayudó a regresar al país y a la política a Napoleón Gómez Urrutia, porque su exilio le parecía una “injusticia” de “los que se sentían dueños de México”, está diciendo la verdad; pero lo que no dice el Presidente, es que detrás de esa ayuda no todo fue “bondad y bonhomía”. Su decisión tuvo también un cálculo y una alianza política, primero para mandarles un mensaje de fuerza a los poderosos empresarios mineros, empoderados y favorecidos en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto; y segundo para hacer del ahora senador por Morena y presidente de la Comisión del Trabajo el principal ariete y artífice para sacudir y refundar el sindicalismo mexicano, aniquilar a los viejos y enriquecidos liderazgos charros de la era priista y panista, para dar paso a los nuevos liderazgos sindicales de la Cuarta Transformación que, aunque en algunos casos sean los mismos, ahora están purificados y tienen la misión de ayudar a fundar el nuevo régimen. Y, como dice el refrán, en la creación del nuevo sindicalismo de la 4T, para que la cuña apriete…

NOTAS INDISCRETAS…

Una imagen que confirma dolorosamente la grave crisis que vive el estado de Jalisco y su capital Guadalajara fue la que quedó registrada en video la tarde del pasado jueves, cuando una joven mujer, de nombre Vanessa, fue asesinada impunemente justo frente a las puertas de la Casa Jalisco, donde vive y despacha el gobernador Enrique Alfaro. La mujer, que había denunciado dos veces a su expareja, fue a la residencia del Gobernador, precisamente con la idea de resguardarse y de que los guardias que cuidan día y noche a Alfaro y a su familia, evitaran que fuera agredida por su exmarido, pero hasta ahí llegó el sujeto que, sin mediar palabra la arrolló con su auto y luego la acuchilló varias veces, todo frente a la mansión oficial del Poder Ejecutivo jalisciense. El caso recuerda el asesinato de Marisela Escobedo en la ciudad de Chihuahua, ocurrido en diciembre de 2010, cuando la mujer fue masacrada también frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua por el asesino de su hija Rubí, al que ella denunciaba frente al despacho del gobernador César Duarte Jáquez. Todos sabemos cómo terminó después el gobierno de Duarte, hoy prófugo de la justicia. Alfaro tendrá que hacer algo para parar la violencia cotidiana en su estado, porque está visto que ya ni su casa respetan los asesinos en Jalisco…Los dados mandan Escalera doble. Semana de Pascua redonda.
25 Abril 2019 03:19:00
El pacto de Puebla y la lucha por Morena
La operación urgente que desplegó Ricardo Monreal para cerrar definitivamente la confrontación de Morena en Puebla, cicatrizar al partido y obligar a su pupilo, el senador Alejandro Armenta, a reconocer al candidato Miguel Barbosa, darle la mano y retirar definitivamente sus quejas ante el Tribunal Electoral federal, tuvo una razón igual de apremiante: al coordinador de Morena en el Senado le pidieron “desde las alturas”, detener de inmediato el pleito y los cuestionamientos al abanderado morenista porque las encuestas internas del morenismo estaban registrando una caída de varios puntos de su candidato a la Gubernatura, atribuida a la división y las pugnas en el partido oficial.

El reporte directo del CEN de Morena a las cúpulas del lopezobradorismo fue que los ataques y el divisionismo de los seguidores de Armenta habían afectado a Barbosa en las encuestas, mientras estaban beneficiando un crecimiento del candidato del PAN, Enrique Cárdenas.

Y ante la alarma interna que generó una petición expresa, Monreal convocó a una reunión urgente, el lunes por la noche, en su oficina del Senado, tanto a Miguel Barbosa como a Alejandro Armenta, que ahí, con el líder senatorial como testigo, fumaron la pipa de la paz y establecieron acuerdos para detener toda confrontación, tomarse la foto juntos y que el inconforme Armenta se desistiera de los recursos de impugnación que ayer mismo retiró del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con esta operación se busca fortalecer y arropar la candidatura de Barbosa para consolidar la ventaja que aún conserva Morena y evitar que la oposición se siguiera beneficiando de la división interna, como había ocurrido en las últimas semanas. Se cierra así una parte de la confrontación interna entre Monreal y Yeidckol Polenvsky, con una aparente victoria de la dirigente, aunque lo que sigue ahora, sobre todo después de las elecciones de junio, será la disputa por la dirigencia nacional de Morena, que se renueva en noviembre próximo.

Y es que, al capitular en Puebla, Ricardo Monreal también hace sus propios cálculos y decide concentrar sus fuerzas en el relevo de la presidencia de Morena, porque sabe que ya hay varios grupos y tiradores que se están moviendo en pos de controlar al hoy partido gobernante.

Por un lado está el grupo del zacatecano, con Alejandro Rojas Díaz Durán ya como candidato declarado a la dirigencia morenista, pero también se mueve ya Marcelo Ebrard, quien impulsaría la candidatura de Mario Delgado en una alianza con el grupo de Higinio Martínez, además de que del núcleo duro del lopezobradorismo, en el que se mueve la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, promueven la candidatura de Bertha Luján, la actual presidenta del Consejo Nacional del partido.

Así que, el Pacto de Puebla, con el que se busca garantizar esa estratégica gubernatura para el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, es sin duda un “acuerdo de unidad”, pero solo momentáneo para dar paso, pasados los comicios de junio, a la batalla por el partido mayoritario, en cuya definición de la dirigencia nacional se comienza también a jugar la sucesión presidencial del 2024.

Por eso Monreal retrocede y prefiere elegir mejor sus batallas, y por eso Ebrard también ya mueve sus fichas para la elección interna de noviembre, igual que lo hacen los lopezobradoristas más cercanos en torno a la figura de Sheinbaum. Son los tres aspirantes naturales a una sucesión que en el tiempo aún se ve lejana, pero que en los hechos, ya comenzó a librarse al interior del grupo gobernante.

Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
24 Abril 2019 03:10:00
UAM: las manos detrás de la huelga
Detrás de los 82 días que dura ya la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, la más larga en la historia de esa universidad pública, hay varias circunstancias y actores. Junto a las demandas salariales de 20% de aumento del SITUAM y otros reclamos laborales, hay también intereses políticos y grupos vinculados a Morena y a personajes del Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que aparecen lo mismo en la génesis del conflicto, en el estallamiento y en la radicalización de posiciones del sindicato.

El primer personaje de la 4T involucrado es el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, quien además de ser amigo personal del Presidente, es profesor de la UAM Xochimilco. Quiso ser rector de la unidad y fue considerado en una quinteta que el Consejo de Xochimilco envió al rector Eduardo Peñalosa, pero este lo eliminó de la lista y consideró a tres, de los cuales el de menores méritos, Fernando de León, se convirtió en rector el 8 de diciembre. Aunque Concheiro tenía mejores credenciales para el cargo, De León fue apoyado por la alcaldesa de Morena en Tlalpan, Patricia Aceves, quien según académicos de Xochimilco, consiguió 50 millones de pesos a cambio de apoyar al candidato del rector Peñalosa. Luciano se fue molesto y después fue nombrado subsecretario. Y desde ahí no ha movido un dedo para destrabar el conflicto en la UAM. ¿Por qué? Peñalosa y Luciano no se pueden ver.

Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es otro de los personajes. Desde la fundación del SITUAM ha sido su asesor jurídico y fue miembro activo del FAT (Frente Auténtico del Trabajo). A ese grupo se le atribuye impulsar la demanda de 20%, similar a la promovida en la huelga de maquiladoras en Matamoros.

El FAT fue fundado en 1960 y tiene 8 mil afiliados en el país, que se mueven en una red similar a los Servidores de la Nación, de Morena. Hoy su objetivo es refundar el sindicalismo, para lo cual han establecido alianzas con el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Pero el enredado conflicto también tiene que ver con los dineros. Un informe recopilado por académicos y publicado en Internet, indica que el rector general gana 27 mil 676 pesos mensuales, pero debido a estímulos y compensaciones que entregan la Secretaría de Hacienda y la UAM, alcanza un sueldo neto de 122 mil 243 pesos.

Para el 1 de febrero de 2019, cuando estalló la huelga, ya contaba con un salario de 145 mil pesos netos, pues recibió un aumento de 18.80% mucho más que el 3.45% de tope salarial que ha establecido a los trabajadores. Junto con el rector, 29 directivos cobran en conjunto 26 millones 697 mil 383 pesos, del presupuesto de 8 mil millones para 2019. En esa lista están el secretario general, abogado general, tesorero, 5 rectores de unidad, 5 secretarios de unidad y 15 directores de unidad, cuyos sueldos individuales rebasan en varios casos los 108 mil pesos mensuales y representan una erogación mensual de 2 millones 224 mil pesos para el presupuesto universitario.

En este río revuelto, la UAM está atrapada en las pugnas del grupo cercano al poder, fomentado por los radicales del SITUAM, que aunque minoría, están dispuestos a todo. Los alumnos, que ya perdieron el trimestre, ayer presentaron una demanda de amparo para exigir el fin de la huelga, mientras los maestros preparan una marcha y una consulta a la comunidad sobre el fin del paro este jueves 25, mientras los sindicalistas asaltan casetas de peaje, con la complacencia de autoridades federales. Y en medio de todo aparece el desprecio absoluto por la educación, está en juego la autonomía universitaria y los jaloneos por encabezar el nuevo sindicalismo en los tiempos de la 4T.
23 Abril 2019 03:00:00
Sacudida en el sindicalismo:  la CTM se fractura
En el agitado ambiente sindical y laboral en México, en el que lo mismo avanza la reforma que cambiará el sistema de justicia del trabajo y la dinámica de las relaciones obrero-patronales con la libertad y la democracia sindicales, donde surgen nuevas organizaciones pero con viejos liderazgos como el de Napoleón Gómez Urrutia o el regreso de Elba Esther Gordillo, se fragua un nuevo cisma en la que fuera por décadas la central obrera más grande del país y que hoy parece apenas un viejo cascarón resquebrado: la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En los primeros días de mayo se hará pública la escisión de la CTM de una nueva central obrera encabezada por Tereso Medina, actual secretario general de esa organización en Coahuila y dirigente de uno de los sindicatos más grandes e importantes en el sector privado nacional: el de la Industria Metal Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus derivados y Similares de la República Mexicana.

Fuentes cercanas a la nueva organización afirman que están tomando “todos los pasos y medidas legales” para buscar el reconocimiento y la toma de nota de la nueva central que arrancaría con el nuevo marco constitucional y legal de la reforma laboral que se aprueba en el Congreso federal.

De producirse este desprendimiento sería el más fuerte en la historia de una organización como la CTM, que pasó de ser el mayor mecanismo de control de trabajadores y pilar del corporativismo del régimen del PRI, a convertirse ahora en una central envejecida, minimizada y amenazada por los nuevos liderazgos sindicales de la Cuarta Transformación. Y daría pie a una nueva organización laboral que competiría en tamaño y fuerza política con algunos de los nuevos liderazgos que se fortalecen en un mundo laboral ahora regido por normas y el respeto a la libre afiliación de los trabajadores y las elecciones directas y por voto secreto e individual de los dirigentes sindicales.

Tereso Medina es una figura polémica que ha enfrentado incluso amenazas y denuncias de enriquecimiento de los actuales dirigentes cetemistas, encabezados por Carlos Aceves del Olmo; pero su fuerza en la región lagunera de Coahuila es tan real, como los 160 mil agremiados que actualmente presume su sindicato nacional que domina en industrias clave para la economía nacional y para el nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, como la industria armadora automotriz y de autopartes, la siderúrgica y la metal-mecánica, además de las mencionadas empresas de energía. Se le considera cercano al exgobernador y actual diputado del PRI, Rubén Moreira, quien se menciona, podría estar detrás de la nueva central sindical independiente de la CTM.

La irrupción de la figura del exsenador Medina y su nueva central, buscaría también evitar que los grupos afines a Morena y al Gobierno de López Obrador terminen de desmantelar y de quedarse con la mayor parte de los sindicatos de la CTM, como ya ocurrió con los sindicatos de maquiladoras en Matamoros y está ocurriendo en otras partes del país.

La nueva organización competiría, por tamaño, con otros liderazgos ya consolidados en la nueva administración, entre los que se encuentran antiguos cetemistas como el senador de Morena, Pedro Haces Cué, quien formó desde hace algunos años la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que hoy agrupa a miles de trabajadores del sector industria y servicios, o el del también senador Napoleón Gómez Urrutia, quien además de su influencia en el sindicato minero, apenas el 17 de abril recibió la toma de nota de la Secretaría del Trabajo a su nueva Central Internacional de Trabajadores; eso por no mencionar a la resucitada Elba Esther Gordillo, que este fin de semana recibió la noticia de que la Fiscalía General de la República le regresó propiedades, cuentas, yates, obras de arte y autos de lujo que le habían confiscado cuando estuvo presa y sujeta a juicio por varios delitos.

Así que, en el agitado mundo laboral, con la inminente llegada de Tereso Medina y una nueva central obrera que terminaría de vaciar a la CTM, vienen sacudidas importantes en tiempos de la 4T.
13 Abril 2019 04:00:00
El consejero militar del Presidente
Andrés Manuel López Obrador pasó de ser, como líder opositor, un férreo crítico de la intromisión del Ejército en las tareas civiles, a convertirse en un Presidente convencido de que se puede y se debe gobernar de la mano de las Fuerzas Armadas. Hoy no sólo la estrategia de seguridad de su Administración se centra en la fuerza de los militares, a las que considera única opción para enfrentar la crisis de inseguridad que heredó y que se ha agravado en sus primeros meses de Gobierno, sino que también las instituciones castrenses son vistas y promovidas por el Presidente como las más confiables para casi todo, desde sembrar árboles, operar ductos y trasladar combustibles de Pemex, construir aeropuertos o realizar desarrollos habitacionales.

En el primer círculo de la Presidencia de la República, la figura del gabinete que más ha ganado terreno y ascendencia en el ánimo y el oído presidencial en estos cuatro meses es el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El general, dicen en el propio gabinete, es el colaborador que más tiempo pasa en Palacio Nacional y con el que más habla, todos los días, el Presidente. Cada mañana, el primero en llegar a las reuniones de gabinete es el Jefe del Ejército y casi siempre es el último en abandonar la sede presidencial porque casi siempre López Obrador le pide quedarse para comentar con él distintos temas.

Ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni el Jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo, pasan tanto tiempo en el despacho presidencial. Al general Crescencio se le pide opinión de casi todo, lo mismo de cómo organizar la siembra de árboles para el programa Sembrando Vida, que de la operación y logística para el transporte de combustibles, del proyecto para construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía o de cualquier otro tema o problema que se le ocurra preguntarle al Presidente. “Es en este momento, con mucho, el funcionario al que más le pide opinión o consejo el Presidente para muchos más temas que la seguridad”, afirma un colaborador cercano del Palacio Nacional.

Aunque el hoy secretario de la Defensa Nacional tiene apenas unos meses de conocer al Mandatario, su designación fue producto de la recomendación del otro militar en el que más confía Andrés Manuel López Obrador, el general en retiro y actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. Contemporáneo y paisano del Presidente, Audomaro ha sido su consejero en materia de seguridad y amigo desde que se conocieron en Tabasco en 1977, en el Gobierno de Leandro Rovirosa Wade, donde el ahora Presidente era delegado del Instituto Nacional Indigenista y el militar divisionario comisionado de la 30 zona militar. Fue su Jefe de Seguridad en el Gobierno del Distrito Federal y luego también en su primer campaña presidencial.

Cuando iba a definirse la sucesión en la Defensa y la Marina, el presidente López Obrador ofreció a los dos secretarios con Peña Nieto, Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Vidal Soberón, que respetaría los “usos y costumbres” de las Fuerzas Armadas y les pidió a los dos jefes militares sus “ternas” para considerarlas y elegir a uno de los que ellos sugirieran tanto para la Sedena como para la Defensa. Pero nunca tomó en cuenta las propuestas de los exsecretarios, pues ya tenía la recomendación de su general de confianza, Audomaro, quien le habló de la “capacidad, honestidad y sencillez” del general Luis Crescencio Sandoval, que en ese momento no figuraba entre los nombres habilitados para la sucesión militar, como tampoco lo hacía el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.

Con las dos designaciones sorpresivas en las Fuerzas Armadas, donde pesó la voz de su jefe militar más cercano, el Presidente rompió la tradición y los mecanismos históricos para definir la sucesión en las Fuerzas Armadas para instituir una nueva cúpula militar en su Gobierno.



Recomienda a su amigo para Guardia

Pero aunque llegó recomendado por el general Audomaro Martínez, en estos cuatro meses de convivir todos los días desde la primera hora en la reunión del gabinete de seguridad, junto con su estilo austero y alejado de la soberbia y los protagonismos de otros secretarios de Defensa, le ha valido al general Crescencio ganarse rápidamente la confianza y establecer su propia relación personal y de lealtad con el Presidente.

Por esa confianza y ascendencia que el general secretario ha ganado, a nadie le sorprendió que tanto el mando, como los integrantes del llamado “estado mayor” de la Guardia Nacional, fueran sugeridos por el titular de la Defensa. De hecho, el general Crescencio recomendó como comandante del nuevo cuerpo federal de seguridad a su amigo, el general brigadier, Luis Rodríguez Bucio, quién además de ser contemporáneo y amigo suyo, a quien vendió muy bien para las labores de la Guardia por su experiencia y capacitación en materia de inteligencia militar, combate al narcotráfico y sus estudios en grupos armados y tácticas de contrainteligencia obtenidos durante su paso en 1980 por la Escuela de las Américas de Panamá, en el Fort Gulick, considerada la “Escuela para asesinos y dictadores” de Estados Unidos, para mantener el control de su “patio trasero” y alguna vez nombrada por el New York Times, como “la base más grande para la desestabilización en América Latina, una institución tan claramente por fuera de los valores americanos”.

Así que, con la presencia del general Bucio, a quien convencieron de aceptar un temprano retiro para poder encabezar la Guardia Nacional y con los otros recomendados para representar a la Sedena y a la Marina, además de la Policía Federal, el general secretario Luis Crescencio Sandoval no sólo confirma que la nueva Guardia, que “para ser civil tiene muchos militares”, como dijo el periodista Jorge Ramos, estará indudablemente bajo la esfera y la influencia de las Fuerzas Armadas, por más que su mando esté adscrito al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Los militares siempre responderán a su jerarquía militar y así será porque así lo quiso el presidente López Obrador que hoy ha decidido apostar abiertamente por las fuerzas castrenses para entregarles el control de la seguridad y exigirles resultados en medio de la crisis que está por convertir a su primer año de Gobierno en el más violento de la historia reciente, según las cifras oficiales.

Y así, en la metamorfosis propia del poder, Andrés Manuel López Obrador hoy ya no piensa que “los militares deben regresar a sus cuarteles”, y hoy no sólo los mantiene en la calle y les da carta constitucional para convertirse en la columna vertebral de su estrategia contra el crimen, la violencia y la seguridad que azotan al país, desplazando y relegado casi por completo a las corporaciones civiles en las que no confía, sino que además, vuelca su confianza y la de su Gobierno en sus consejeros militares.


06 Abril 2019 04:00:00
La Suprema Corte: ¿es y será autónoma e independiente?
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, salió el jueves del Palacio Nacional, convencido –o al menos eso dijo en sus declaraciones– de que el presidente López Obrador respeta la autonomía e independencia de la Corte. “No hay ningún elemento que haga pensar que la división de poderes está en riesgo; la Suprema Corte es y será autónoma e independiente. Una relación cordial y respetuosa con el Presidente no implica en lo más mínimo sumisión”. Pero ese mismo día, en el Senado de la República, el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, tras desayunar chilaquiles con el Jefe del Ejecutivo (en el mismo despacho donde recibió al ministro), presentó una iniciativa que propone, entre otras cosas, desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal, aumentar el número de ministros de la Corte de 11 a 16 y crear, con los cinco nuevos ministros propuestos por el Presidente, la nueva “Sala Anticorrupción” en el Poder Judicial.

“El Poder Judicial debe sufrir una sacudida”, decía ayer Monreal, a quien el desayuno vigorizante con el Presidente (“el alimento más importante del día”) pareció inyectarle fuerzas para revivir su embestida contra el único de los tres poderes que hoy no controlan ni Morena ni el Gobierno de López Obrador. Sobre el Consejo de la Judicatura, dijo que “debe desaparecer ese pesado órgano” y ser sustituido por otro que propondrá su bancada.

Al ministro Zaldívar parecían aplicarle el mismo día de su primer visita de cortesía al Palacio del Poder Ejecutivo, la vieja estrategia de “la zanahoria y el garrote”. Porque mientras el Presidente le hablaba de respeto total a la división de poderes y de no buscar influir en la Corte, desde el otro Poder, el Legislativo, el líder del partido del Presidente enderezaba sendas iniciativas para cambiar y “sacudir” al Poder Judicial que, en la visión morenista, adolece de graves problemas de corrupción, ineficiencia, elefantiasis y costos económicos excesivos para el Estado mexicano.



‘Control de la corte’: Oposición

Y aunque Monreal Avila salió ayer por la tarde a dar conferencia y negó que aumentar a 16 el número de ministros sea para crear “una mayoría afín a la cuarta transformación” en la Corte, entre las bancadas de la oposición la iniciativa sí busca hacerse del control mayoritario de los ministros, con el fin de rechazar cualquier controversia constitucional o solicitud de amparo que busquen combatir actos autoritarios del Gobierno federal.

“Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan tomar el control de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Poder Judicial del país… Ampliar el número de ministros de 11 a 16 es una práctica muy vieja y muy conocida en el mundo, cuando alguien quiere controlar un órgano buscan ampliar los integrantes para nombrar nuevos y así tener mayoría”, cuestionó ayer en un video difundido en las redes sociales el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales.

La iniciativa de Monreal modifica siete artículos de la Constitución (94, 95, 100, 105, 107, 109 y 113) relativos al funcionamiento y facultades del Poder Judicial, además de proponer cambios a la Ley Reglamentaria del 105 constitucional, la Ley de Amparo, la General del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con esta reforma, dice en sus motivos, “se contribuirá a dar mayor efectividad a los trabajos que se realizan desde el Poder Judicial, para atender los asuntos relacionados con la corrupción”. Para ello propone cambiar la redacción del Artículo 94 de la Constitución al que se le añade que en vez de 11 ministros, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 16 y funcionará en pleno y en Sala”, además de agregarle que las sesiones sólo serán secretas por excepción, y que “no procederá tratándose de asuntos relacionados con anticorrupción, en cuyo caso las sesiones serán públicas”.

Sobre la nueva Sala Anticorrupción en la Corte, la iniciativa expone que dicha sala deberá juzgar las responsabilidades administrativas y delitos que tengan por origen hechos o actos cometidos por servidores públicos, además de determinar los daños y perjuicios causados a la Hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos, y también tendrá competencia para recibir y resolver recursos de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal.



Controversias constitucionales

Para integrar la “Sala Anticorrupción”, Monreal propone que se designe a cinco nuevos ministros a propuesta del presidente López Obrador y elección del Senado –es decir que ninguno de los 11 actuales podría formar parte de esa sala– y que esos nuevos ministros, que sumarían 16 integrantes a la Corte, se elijan la primera vez por un periodo de tiempo escalonados (dos de 7 años, dos de 12 años y uno de 15 años) y para la siguiente designación duren en el cargo 15 años cada uno de ellos.

También propone que sea el Presidente, y no el Senado, el que defina cuánto tiempo durará cada uno de los nuevos cinco ministros en el cargo, y que se modifique el Artículo 95 para agregar a los requisitos para ser electo ministro de la SCJN el “no haber sido condenado por delitos por hechos de corrupción”, además de que en el Artículo 105 quede establecida una nueva redacción que indique que las controversias constitucionales, que se interpongan contra disposiciones de las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones de la Ciudad de México o la Federación, “sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de 11 votos”, y ya no de 8 votos como se establece actualmente.

Así es como la iniciativa de Monreal plantea una reforma completa al Poder Judicial y a la Suprema Corte, con el argumento de “mejorar y eficientar su trabajo”, aunque la oposición ve en estos cambios al máximo tribunal, un afán de control de la cuarta transformación, al único de los poderes que hoy no dominan. El ministro presidente Arturo Zaldívar hoy se dice tranquilo de que no hay ninguna amenaza a la autonomía de la Corte y ningún intento de control del Poder Judicial desde el poder Ejecutivo. ¿Estará entonces de acuerdo con todos los cambios que propone Morena y su coordinador al Poder Judicial? ¿Se los consultaron durante su visita de esta semana a Palacio?

23 Marzo 2019 04:10:00
Ruptura en el Senado y el portazo de Dante
La revocación de mandato y la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por aparecer en la boleta el día de las elecciones intermedias del 2021, hicieron que el martes pasado se rompiera toda posibilidad de acuerdo entre Morena y la oposición para lograr una mayoría calificada conjunta en el Senado.

Ese día, en la Junta de Coordinación Política, los líderes de la oposición Mauricio Kuri, Miguel Osorio, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera le insistieron a Ricardo Monreal en la necesidad de convocar a parlamento abierto para revisar y modificar algunos temas de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, pero una y otra vez el morenista dijo no: la fecha del 2021 es inamovible y no se cambia la facultad del Presidente para convocar a la consulta de revocación.

Fueron varias horas de discusión pero no hubo ningún avance entre lo que pretendían los opositores en bloque, que era modificar la minuta de Reforma Constitucional, y lo que exigía el coordinador de la mayoría de Morena, que era mantener en todos sus términos la iniciativa presidencial aprobada y enviada al Senado por los diputados.

La tensión llegó a tal punto que, en algún momento, el coordinador de Movimiento Ciudadano se enfrascó en una discusión con Ricardo Monreal, según cuentan senadores presentes. Dante insistía en que se repitiera el esquema utilizado con la Guardia Nacional y se convocara a reuniones con especialistas, académicos y sociedad civil para analizar los términos de la revocación de mandato, y ante la reiterada negativa de Monreal, el senador veracruzano se levantó enojado de la mesa, recogió sus tarjetas y espetó: “Entonces así no se puede. Díganle a su presidente que no va a pasar su reforma reeleccionista”.

El silencio se hizo en la sala ante la salida intempestiva del coordinador de MC y aunque la reunión siguió por unos minutos más, ya no hubo punto de retorno. “Nos vamos entonces a la votación”, dijo Monreal y el resto de los coordinadores de la oposición lo secundaron: “Pues nos vamos a la votación”. Ahí se canceló cualquier posibilidad de acuerdos sobre esta iniciativa y es posible que el martes se apruebe solo con el voto de Morena en comisiones, para ser llevado al Pleno esta misma semana.

Y ahí vendrá nuevamente la guerra de los números porque a la bancada morenista con todo y sus aliados del PT, PVEM y PES no le alcanzan sus 76 votos para lograr la mayoría calificada que necesita la reforma al Artículo 41 constitucional, por lo que Ricardo Monreal y sus operadores tendrían que buscar convencer al menos a nueve senadores de la oposición para que, en lo individual, le den su voto a favor a la iniciativa de López Obrador.


¿Resiste el bloque o habrá traiciones?

Ya en el escenario de ruptura que se vive en este tema en el Senado, la posibilidad de que se apruebe la revocación de mandato o de plano sea rechazada al no alcanzar tres cuartas partes de la votación de los senadores presentes, recae en dos ámbitos: el de las matemáticas y el juego de las presiones, los arreglos por debajo de la mesa y hasta el ausentismo, obligado o inducido de algunos senadores de la oposición.

Matemáticas porque la “cifra mágica” para lograr una mayoría calificada puede variar según el número de senadores presentes al momento de la votación. En el caso de que los 128 senadores de todos los partidos asistieran el día de la sesión y estuvieran presentes cuando se vote por listado nominal y en la pantalla electrónica, Morena y sus aliados requerirían 85 votos para aprobar la iniciativa del Presidente.

Pero conforme baje la cifra de asistencia y de presencia de senadores, también bajan los votos necesarios para modificar la Constitución. Por ejemplo, con 124 senadores ya sólo se necesitan 83 votos; con 119 bastan 79 votos y si solo hubiera 113 senadores presentes cuando se llame a votar, la revocación de mandato podría ser aprobada con los 76 votos del bloque oficialista en el Senado.

En estos escenarios de números, votos y asistencias, entran en juego nuevamente los gobernadores de los estados. Los 12 gobernadores panistas, que conforman la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, ya se reunieron el miércoles pasado con los senadores de su bancada y les dijeron que respaldan su posición de rechazar la iniciativa de revocación tal como la planteó el Presidente y la aprobaron los diputados.

“Los gobernadores de @GOAN_MX coincidimos y apoyamos la posición de los senadores del PAN, de no respaldar la propuesta de revocación de mandato (…), tampoco la fecha propuesta por el Ejecutivo”, expresaron en sus redes sociales los mandatarios blanquiazules.

En el caso del PRD y MC, Enrique Alfaro y Silvano Aureoles no se han pronunciado al respecto y no se sabe si podrían intentar convencer a algunos senadores de sus partidos, pero la mayor incógnita y la posibilidad de que algunos senadores vayan en contra de su partido, parece estar nuevamente en el PRI, donde se centra la mayoría de las miradas.

Y es que en la pasada discusión de la Guardia Nacional, antes de que en el Senado se lograra el acuerdo de consenso que permitió una aprobación unánime de todos los partidos, los gobernadores priistas aparecieron en la escena con aquella reunión en la Segob, con el Gabinete de Seguridad, en donde todos le dieron su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador en todos sus términos.

Aquella vez se supo de varios gobernadores, como Alfredo del Mazo, y otros que habían ofrecido directamente el voto de los senadores de su estado a favor de la minuta que quería el Presidente y que había incluso hablado y operado para pedirle a los legisladores que votarán en el mismo sentido que la mayoría de Morena. Al final, aquellos ofrecimientos no se materializaron porque Ricardo Monreal convenció al Presidente de aceptar algunos de los cambios que pedía la oposición para ganar así toda la legitimidad para su Guardia Nacional aprobada con unanimidad histórica.

Esta vez la pregunta es si nuevamente habrá gobernadores que metan las manos para apoyar al Presidente y a Morena con su iniciativa de revocación de mandato en el Senado. Ya vimos a tres diputados del PRI, los coahuilenses Rubén Moreira, Martha Garay y Fernando de las Fuentes votar con Morena en la Cámara de Diputados y darle la mayoría para aprobar esa misma iniciativa, y a otros priistas más que, casualmente, se ausentaron o no asistieron a esa votación.

¿Veremos ahora a senadores del PRI o de otros partidos ir con el bloque gobiernista y darle la mayoría a la presencia del presidente López Obrador en la boleta electoral en el 2021?

18 Marzo 2019 04:00:00
Acabado el neoliberalismo, ¿qué sigue?
Identificado desde el arranque de su gobierno como la causa principal de la mayoría de los males del país, el modelo neoliberal que dictó la política y la economía de los últimos 30 años en México, ha sido declarado oficialmente “abolido” por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin tener aún una definición plena de cuál será ahora la nueva política económica de su gobierno y cuáles las directrices y prioridades que seguirá la conducción política y social en su sexenio, el Mandatario llamó de hecho a construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo que, a diferencia del que siguieron sus últimos cinco antecesores, no siga los lineamientos y mandatos dictados desde el extranjero, sino que se defina con los intereses y prioridades internas del país.

“Tenemos que construir una propuesta ‘posneoliberal’. Y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Demostrar que esta debe ser sin excluir a nadie y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social”, planteó ayer el Presidente, al declarar desde Palacio Nacional, la abolición del neoliberalismo y “su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”.

Con esta declaración López Obrador no sólo busca marcar su separación definitiva de los últimos expresidentes y las políticas con las que condujeron al país, a los que además se prepara para enjuiciar política y popularmente con una consulta pública basada en la nueva reforma constitucional que recién le aprobó la Cámara de Diputados, sino que también prepara el terreno para una definición que le urge a su administración y por la que tanto han esperado los empresarios e inversionistas que no ven certeza ni definición en el rumbo económico del país.

¿Pero qué tipo de modelo económico, político y social va a definir el nuevo gobierno a partir de sus premisas de honestidad, combate a la corrupción y su prioridad presupuestal de programas de apoyo social a sectores vulnerables? Algunos analistas hablan de un regreso al modelo de “economía mixta” que imperó en México en las épocas de las economías cerradas y la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, otros invocan de un intento de retorno al pasado con el “desarrollo estabilizador” creado por don Antonio Ortiz Mena, cuya obra y legado tanto admira el Presidente, y los más apuntan hacia un modelo de economía y política nacionalista en el que, ha dicho el propio López Obrador, se parte de un gobierno honesto y que acabará con la corrupción como principales premisas de una nueva conducción económica y de las finanzas públicas.

Y dicho así, en un discurso pronunciado en un Foro de Planeación económica y casi por decreto presidencial, surgen muchas dudas, la primera si ¿realmente el neoliberalismo, con todas sus instituciones, leyes, políticas y hasta con la clase tecnocrática que manejó las últimas tres décadas el gabinete económico ha sido totalmente desmantelado en el Gobierno mexicano? Porque tanto en la Secretaría de Hacienda como en la de Economía, en los organismos financieros autónomos como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y en toda la banca de desarrollo, prácticamente todo su personal técnico y especializado fue formado, educado y contratado bajo la filosofía neoliberal ¿ya cambiaron toda esa estructura o podrían realmente cambiarla para inculcarle la nueva filosofía y el nuevo modelo económico “posneoliberal” del que habla el Presidente?

Veremos cuánto le lleva al presidente López Obrador y a su gabinete económico definir el nombre y las prioridades, pero sobre todo las políticas de su nuevo modelo económico. Esperemos que no se tarden mucho y que, cualquier cosa que sea lo que definan, lo hagan con toda la claridad y la certidumbre que muchos empresarios e inversionistas, nacionales y extranjeros, esperan para decidir si invierten o no sus recursos en la economía mexicana. De eso depende que el Presidente pueda lograr, si no en este año que ya se ve imposible, sí en los próximos de su gobierno, su ambiciosa meta de crecimiento del 4 por ciento.

Porque sin claridad, legalidad y certidumbre para la inversión pública y privada, podrán ponerle el nombre que quieran a su nuevo modelo, pero sin eso difícilmente funcionará.
16 Marzo 2019 03:44:00
Puebla y las pugnas de poder
La cerrada elección del candidato del partido oficial a la Gubernatura de Puebla, que se define la próxima semana vía una encuesta interna, ha hecho estallar y aflorar públicamente la primera gran pugna de poder al interior de las nuevas élites gobernantes. Dos grupos del morenismo poblano están enfrascados en una feroz lucha por la nominación que, según las encuestas, significa el control del gobierno estatal que mantuviera por los últimos 8 años el grupo de Rafael Moreno Valle. Y de la mano de esos grupos políticos locales, van dos liderazgos nacionales que igual se están confrontando por controlar su primera gubernatura con miras a la estrategia nacional rumbo al 2024.

Las estridentes declaraciones que está semana hizo Yeidckol Polenvsky, la dirigente nacional de Morena, sobre las “muchas sabandijas que se nos han infiltrado en el partido y quieren controlarlo por un asunto de dinero”, tenían como trasfondo justamente la confrontación en Puebla y en el resto de los estados que tendrán elecciones el 2 de junio de este año. La respuesta casi inmediata de Ricardo Monreal a esos comentarios de Yeidckol, con la ironía de que “yo respeto a toda la fauna, incluso la que está en extinción”, no dejaron dudas de que la dirigente del partido gobernante y el líder de la mayoría morenista en el Senado, son los protagonistas nacionales de esta pugna de poder que ha comenzado con las candidaturas estatales y va a continuar con la próxima sucesión de la presidencia nacional de Morena, que tendrá que renovarse en noviembre próximo cuando termina la gestión de Polenvsky.

NI EL PRESIDENTE PONE ORDEN

El pleito poblano ha escalado tanto que ni siquiera el deslinde que hizo el pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde la capital poblana desautorizó cualquier uso de su nombre y su figura para favorecer a alguno de los precandidatos, logró calmar los ánimos ni mucho menos detener el golpeteo de todo tipo que está en marcha entre los grupos locales y nacionales.

De un lado está el grupo que, con residuos del morenovallismo y del antiguo priismo —que en una alianza estratégica para mantener el control político y financiero de Puebla— apoya con todo la candidatura de Miguel Barbosa para que repita como abanderado de Morena, a pesar de su deteriorado estado de salud. A la cabeza de ese grupo se ubica Fernando Manzanilla, actual subsecretario de Gobierno, el propio gobernador Guillermo Pacheco, de añeja militante priista, y Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas del gobierno interino, además de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de Sedesol y Sedatu con Rosario Robles en el sexenio pasado, y el priista Enrique Doger, exrector de la BUAP y excandidato del PRI al gobierno estatal en 2018. También se ubica como parte de ese grupo a los hijos del actual gobernador interino, Javier y Guillermo Pacheco, quienes aparecen como financieros de la campaña de Barbosa.

Es el grupo que respalda Yeidckol Polenvsky quien promovió la candidatura de Miguel Barbosa por segunda ocasión, a pesar de que en los últimos meses los problemas de salud del exsenador perredista se ha agudizado. Videos de actos recientes de promoción de su candidatura muestran al precandidato Barbosa siendo apoyado por una persona que lo guía de la mano y en el que se apoya para caminar porque la visión le ha comenzado a fallar como consecuencia de la diabetes que padece y que ya le costó, durante su gestión como líder del PRD en el Senado, la amputación de un pie por un coma diabético que lo mantuvo hospitalizado. A pesar de que Barbosa ha sostenido en varias entrevistas que su estado de salud es “de primera” y que conserva su misma vitalidad, la forma en que camina con dificultad y con ayuda en sus recientes apariciones indican lo contrario.

La pregunta es, sin que sea un impedimento legal el que padezca una enfermedad crónica ¿quién se puede beneficiar de que un candidato con un estado de salud delicado pueda ganar la nominación de Morena y, todo indica, la gubernatura de uno de los estados más importantes política, demográfica y económicamente en el país? Y es ahí donde entra el grupo de interés que rodea al exsenador y que buscaría ejercer el control y el poder real en un gobierno que tuviera como titular a un Ejecutivo estatal debilitado o incapacitado por problemas de salud.

YÁÑES-DULce-MONRREAL DETRÁS DE ARMENTA

Del otro lado está el otro grupo de Morena que se opone a la postulación de Barbosa, al grupo de interés que lo respalda y al favoritismo que, dicen, ha demostrado la dirigencia nacional que encabeza Polenvsky. Desde la bancada del Senado, el senador Alejandro Armenta emergió como un contrincante fuerte en las encuestas y tiene todo el respaldo de sus compañeros senadores, que incluso se han enfrentado a Yeidckol, y por supuesto del coordinador morenista, Ricardo Monreal Ávila.

Pero ese es el apoyo político, el financiero corre a cargo de la empresaria local y militante de Morena, Dulce María Silva, esposa de César Yáñez, el coordinador de Política y Gobierno del presidente López Obrador. Ellos dos lideran a grupos de Morena en Puebla que se quejan de que Barbosa no sólo desperdició el enorme respaldo de las bases morenistas en la pasada elección en 2018, sino que acusan que la “soberbia” y “el trato despótico” del entonces candidato dividió y lastimó a la militancia del partido que hoy busca apoyar a un perfil más joven y cercano como el de Alejandro Armenta.

La fuerte pugna de poder que se libra por Puebla al interior de Morena ya saltó a la escena nacional con el abierto enfrentamiento entre Yeidckol y Monreal, que sacudió al partido gobernante con las alusiones a la sabandijas infiltradas y la fauna en extinción.

Es apenas el cuarto mes de gobierno de López Obrador y ya empezaron a aflorar las luchas internas y las ambiciones entre las nuevas élites dominantes. ¿Qué va a pasar cuando venga la sucesión de la dirigencia de Morena, cuando en dos años se tengan que elegir candidatos a la Cámara de Diputados y a 8 gubernaturas? Por no hablar de la anticipada lucha sucesoria por la presidencia en la que ya se habla de prospectos y grupos que se mueven en pos de un lejano 2024. En Puebla puede venir la primer gran fractura morenista.
12 Marzo 2019 03:19:00
Chocan Federación y Gobernador por secuestrados
El secuestro de hasta 22 pasajeros en Tamaulipas desató ayer la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en su reunión de Gabinete de las 5 de la mañana en Palacio Nacional, ordenó una búsqueda exhaustiva de los secuestrados para dar con su paradero, para lo cual pidió movilizar al Ejército, la Marina y la Policía Federal, además de investigar qué grupo criminal fue el autor del secuestro.

Ayer mismo la Fiscalía General de la República anunció el inicio de una carpeta de investigación sobre lo sucedido el jueves 7 de marzo, pero que se dio a conocer el domingo porque el gobierno de Tamaulipas retuvo la denuncia y ocultó la información.

Junto al enojo del Presidente por el secuestro masivo, que se conoció justo en la víspera de su mensaje de los 100 días y que recuerda el dramático caso de la masacre de San Fernando en 2011, también hubo un fuerte choque entre la Federación y el Gobierno estatal panista cuando el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, desmintió en un mensaje de Twitter al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien afirmó ayer al salir del discurso del Presidente en Palacio Nacional, que el camión de Transpaís donde viajaban los pasajeros secuestrados “iba escoltado por la Policía Federal”.

“No hay elemento alguno para dar por ciertas las afirmaciones del @gobtam, en el sentido de que la @PoliciaFedMX habría escoltado, el fin de semana, un autobús de migrantes; no hay un acuerdo de @SSPCMexico ni de @Segob_mx para custodiar caravanas”, desmintió en su cuenta de Twitter el secretario Durazo, quien estuvo por la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad donde el Presidente ordenó la investigación y búsqueda inmediata de los desaparecidos.

Ayer mismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó del envío de personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal para iniciar la búsqueda de los secuestrados, que hasta el momento no se sabe si son mexicanos o centroamericanos o de ambas nacionalidades. De hecho, la investigación de la FGR se inició en la delegación encargada del tema de “desaparecidos” porque esa es la condición que el Gobierno de López Obrador les reconoció a los 19 o 22 pasajeros cuyo paradero y situación se desconoce.

Pero para el vocero del Gobierno de Cabeza de Vaca en materia de seguridad, Luis Alberto Rodríguez, los desaparecidos podrían ser centroamericanos, porque igual que el Gobernador, atribuyen a eso que no se hayan presentado familiares a denunciar. El primero en tener denuncia del secuestro masivo fue el fiscal estatal de Tamaulipas, Irving Barrios, pero declinó investigar con el argumento de que era un caso de “competencia federal”, aduciendo que el ataque de hombres armados al camión 9596 de Transpaís en el tramo carretero de San Fernando a Reynosa, en el ejido de Palo Blanco, de donde se llevaron a entre 19 y 22 pasajeros, ocurrió en un tramo de carretera federal.

Y mientras el Presidente tronaba en su reunión de seguridad muy temprano en Palacio Nacional y pedía investigar el asunto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no parecía sudar ni acongojarse por el secuestro masivo. Ayer visitó la Ciudad de México para asistir al mensaje presidencial y al mediodía apareció en una reunión con otros siete gobernadores del PAN, en donde el Mandatario tamaulipeco fue nombrado presidente de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) para los próximos seis meses.

“¡Éxito presidente!”, le decían en un mensaje de Twitter sus colegas panistas, en algo que confirma lo que se comenta en el panismo, que Cabeza de Vaca aspira a convertirse en el “sucesor de Moreno Valle” dentro del blanquiazul y que, incluso, buscaría apuntalar su candidatura presidencial en 2024 apoyado por su asesor de cabecera Roberto Gil Zuarth.

Así que mientras a unos les preocupa saber qué pasó con 22 pasajeros secuestrados y desaparecidos, a otros les interesa más la grilla y el futurismo político. Qué importa que el secuestro masivo –que nos remite a una de las peores tragedias de la violencia que ha vivido el país en San Fernando– haya ocurrido en su estado. Cuánta insensibilidad señor Cabeza de Vaca y encima lo desmiente el secretario Durazo.…Los dados mandan otra Serpiente. Bajada.

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